Las políticas de los servicios públicos se atascan con 616 millones para formación sin gastar y más de 3.500 plazas vacantes Leer Las políticas de los servicios públicos se atascan con 616 millones para formación sin gastar y más de 3.500 plazas vacantes Leer
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El mercado laboral patrio vive sus felices años 20, con la Seguridad Social en máximo histórico de afiliados. Pero ese dinamismo del empleo no se está reflejando con la misma intensidad en el paro, que se resiste a caer a un ritmo equivalente. Una paradoja tras la que subyace un tejido productivo que crea puestos de trabajo, pero que coexiste con unas políticas públicas de empleo que no están logrando rescatar a quienes quedan atrapados en el bucle del desempleo, especialmente a colectivos como los jóvenes o los parados de larga duración.
España viene dedicando cada vez más recursos a políticas de empleo. Entre 2018 y 2022 el gasto creció un 20%, de 8.500 a 10.200 millones de euros. En porcentaje de PIB, pasó del 0,52% al 0,76%, por encima de la media europea. Sin embargo, el elevado volumen de parados (2,4 millones) conlleva que el gasto por desempleado en nuestro país, en comparación, resulta bajo. Todo ello, agravado con un paro juvenil del 24,5% (diez puntos por encima del promedio de la UE) y una tasa de desempleo de larga duración del 3,8%, el doble que la media comunitaria.
Todos estos datos los recopila un informe elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid para la UGT que pone el foco en la formación como «el gran reto pendiente» de las políticas activas de empleo. No en vano, los datos del Sepe muestran que la ejecución de la mayoría de partidas se aproxima al 100% de la cantidad presupuestada, mientras el presupuesto destinado a formación se queda en el 67%, lo que deja hasta 616 millones de euros sin ejecutar.
Es uno de los grandes agujeros negros del Sepe y así lo expuso ayer el coordinador del informe, Daniel Pérez del Prado, en rueda de prensa. «La gran pregunta es por qué habiendo dinero para estas políticas (…) no se gasta el 100%», se preguntó. A su juicio, España debe «gastar mejor» en el ámbito de la formación, que es de las políticas de empleo que arroja mejores resultados. En este sentido, y ante unos programas diseñados por los servicios públicos de empleo que parecen no estar alineados con el tejido productivo, el profesor pidió al Gobierno que involucre más a los agentes sociales en el diseño de estos programas para atender a las necesidades reales de las empresas.
Pero para lograr una adecuada política de formación se necesitan unos servicios públicos de empleo fuertes, y aquí aparece otro de los cuellos de botella, ya que el Sepe está cada vez más tensionado por la falta de personal. Según recoge el informe, el conjunto del sistema podría contar con más de 26.700 empleados públicos, pero hay más de 3.500 plazas vacantes de las 11.811 previstas. En los servicios autonómicos hay otras 14.896 plazas previstas, aunque la mayoría de las regiones no publica cuántas están vacantes, por lo que UGT llama a tomar estas cifras con cautela.
En cualquier caso, lo que sí constata el informe es la enorme desigualdad territorial en la capacidad de atender a los parados. Y este es, probablemente, el agujero más profundo. Un empleado público atiende, de media, a 76 parados en País Vasco, frente a 316 en Madrid, 307 en Canarias o 240 en Andalucía. En general, tienen mayor carga de trabajo los servicios de empleo de las comunidades autónomas con una mayor tasa de paro, mientras las regiones con menor desempleo son las que tienen menos presión sobre sus recursos humanos. No obstante, llama especialmente la atención el caso de la Comunidad de Madrid, ya que presenta la carga más elevada por funcionario pese a tener una tasa de paro relativamente baja (7,6%) respecto a la media nacional (9,9%). UGT lo atribuye directamente a una «deficiente planificación de efectivos».
Otra de las conclusiones a las que llegan los autores del informe es que el sistema no sabe medir suficientemente bien qué políticas funcionan. En este sentido, reclama una evaluación más completa de las políticas activas, con indicadores que permitan medir realmente su eficacia y eficiencia. En definitiva, que se determine exactamente en qué se gasta el dinero, qué programas mejoran realmente la empleabilidad y cuáles no. Durante la rueda de prensa celebrada este martes la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, incidió en esta exigencia al Gobierno y demandó también un refuerzo de las plantillas y los recursos de los servicios públicos de empleo, además de una revisión completa de los incentivos a la contratación.
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