Junts se niega convalidar la normativa de Oscar López y la presidenta del Consejo de Transparencia asegura que no tiene medios para ejercer el papel de control que le confiere el decreto Leer Junts se niega convalidar la normativa de Oscar López y la presidenta del Consejo de Transparencia asegura que no tiene medios para ejercer el papel de control que le confiere el decreto Leer
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El Gobierno se estrella con su Real Decreto para regular los lobbies. No ha logrado apoyos hasta ahora para intentar su convalidación en la votación prevista para este miércoles y se encuentra con que la mayoría de grupos del Ibex han dado la espalda al registro obligatorio para hacer actividad de lobby en España ante la perspectiva de que la normativa aprobada va a decaer. Incluso CCOO y UGT, que suelen apoyar medidas legislativas del Ejecutivo, piden abiertamente que se tumbe por una redacción que consideran desfavorable para su actividad.
Fuentes de Junts confirman a este diario que su voto en contra es firme en la votación para la convalidación del llamado Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés y el PSOE se ha encontrado con dificultades para embarcar incluso al PNV, reacio también a apoyar una normativa que rechazan tanto patronales de todo signo como sindicatos al no reconocerles, en su opinión, su papel constitucional de agentes sociales y poder ser considerados lobbies.
El Gobierno considera importante este Real Decreto porque forma parte de las medidas comprometidas con Bruselas para conseguir el último pago de los fondos europeos. Su decaimiento puede implicar cientos de millones perdidos. También es simbólico, porque, además de suponer el primer intento de regular la actividad de lobby en España forma parte del paquete prometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulso de medidas de regeneración tras el escándalo el pasado año de la dimisión de su secretario de Organización en el PSOE, Santos Cerdán.
Sin embargo, tal promesa no pudo traducirse en normativa hasta el pasado 25 de agosto, en que el titular de Transformación Digital, Óscar López, tuvo que proponer al Consejo de Ministros un Real Decreto para no perder fondos europeos. El texto fue consensuado con la Comisión Europea, que impuso que la gestión del registro de lobbies no quedara en la Oficina que depende del Ministerio de López, sino en un organismo independiente, en este caso el Consejo de Transparencia. Sin embargo, no es fruto de pacto con los grupos parlamentarios que habían presentado enmiendas cuando el Gobierno lo tramitaba como proyecto de ley. La improvisación y el rechazo de incluso altos cargos de la Administración y de empresas por la excesiva burocracia que implica la normativa ha provocado que López llegue a la votación sin posibilidades. El portavoz parlamentario socialista, Patxi López, admitió implícitamente este martes la dificultad de sacarlo adelante y lo atribuye a los poderes económicos, sin comentar que también los sindicatos se oponen.
Una señal de que el recorrido de este Real Decreto no llegará ni a un mes de vida es que la mayoría de los grupos del Ibex han dado la espalda hasta ahora al registro de grupos de interés, pese a que es obligatorio teóricamente para poder mantener reuniones con el Ejecutivo. Como ya publicó este diario la semana pasada, altos cargos de Moncloa y Ministerios han obviado este requisito pidiendo «declaraciones responsables» a los empresarios que recibían y levantando acta de lo hablado. En otros casos se han cancelado reuniones a la espera de si se tumba el Real Decreto. Por ahora, en el registro público abierto por el Consejo de Transparencia el pasado 4 de septiembre proliferan asociaciones y consultoras especializadas como LLYC, Kreab o Havas, la que ha absorbido Acento, que dirige José Blanco. Pero no se han apuntado el grueso de bancos y empresas del Ibex con escasas excepciones como Enagás, en la que la Sepi participa.
La presidenta del Consejo de Transparencia, Concepción Campos, afirmó este martes en el Congreso de los Diputados que se han apuntado hasta ahora 300 entidades. Escasa cifra hasta ahora, porque se esperan varios miles. Sólo en el registro de la Generalitat de Catalunya hay censados más de 2.000.
Campos remarcó que carece de recursos y medios para cumplir el papel que le otorga el decreto de control de los lobbies y que sólo ha podido cumplir la primera fase, de crear un registro electrónico, con «medios auxiliares» y «jornadas de 14 horas».
Lo que sí ha logrado el Ministerio es respaldo del sector. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (Apri) sí ha pedido la convalidación con el argumento de «evitar que España vuelva a quedarse sin una regulación estatal del lobby». Esta asociación que preside Carlos Parry sostiene que el texto incorpora al menos una parte muy significativa de los postulados de Apri y aportaciones y enmiendas de grupos parlamentarios en la tramitación previa.
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