Aunque el Estado asume la mayor parte de la financiación, parte de ese 60% está condicionada por los Presupuestos Generales de este año Leer Aunque el Estado asume la mayor parte de la financiación, parte de ese 60% está condicionada por los Presupuestos Generales de este año Leer
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El Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años ve finalmente la luz. El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta final del Gobierno de Pedro Sánchez que promete triplicar la financiación hasta los 7.000 millones, blindar la oferta pública y garantizar que «ni un euro vaya a la especulación». Así lo declaró la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien aseguró que para dar respuesta al problema habitacional «no valen parches ni hay varita mágica», pero celebró que este es un paso más que ha dado el Gobierno… algo que no queda claro para todos tras su aprobación.
El detalle principal que mantuvo bloqueado el borrador por cuatro meses fue el choque con las comunidades sobre la nueva modalidad de financiación. Este plan propone aumentar el esfuerzo autonómico del 25% al 40% del total del presupuesto, mientras que el Estado asumirá el 60% restante. Por un lado, las comunidades presididas por el PP se mostraron en contra desde su presentación el octubre pasado, calificándolo como «ideológico» y afirmando que rompía el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades. Hasta un día antes de la aprobación, las comunidades no habían visto el contenido ni tenían claro si sus alegaciones fueron incluidas.
Por el otro lado, aunque el Estado asume la mayor parte de la financiación, parte de ese 60% está condicionada por los Presupuestos Generales de este año, cuya aprobación se ha retrasado, implícitamente, por cuarta vez en 10 meses mientras que el Gobierno indica que intentará que salgan adelante «este año». Precisamente esto es algo que alimenta las críticas del PP. Fuentes de la Comunidad de Madrid habían señalado a este periódico que «la financiación es directamente inviable. El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades a multiplicar por seis su esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de unos Presupuestos que no existen».
Asimismo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, apuntó en una entrevista con Radio Nacional que el plan va en línea con lo que los populares creen que caracteriza la política de vivienda del Ejecutivo: «Hace muchos anuncios, pero la realidad es que esos hechos se traducen a cero».
Aunque el Plan de Vivienda 2026-2030 se aprobó a través de un Real Decreto y no necesita contar con el aval del Congreso de los Diputados, su puesta en marcha en cada comunidad depende de que las comunidades firmen el convenio en una reunión bilateral técnica, que es el próximo paso que tiene que cumplir la ministra y está previsto para completarse este mismo mes y llegar a tiempo a la Conferencia Sectorial en mayo, donde se aprobará la distribución territorial de los fondos del plan. Así, las comunidades no recibirán el presupuesto previsto hasta firmar los acuerdos.
Otro de los puntos más críticados desde que Rodríguez anunció la semana pasada que llevaría el plan al Consejo de Ministros fue el retraso con el que llegaba y las dificultades que eso causaba para las comunidades autónomas. El plan llega cuatro meses tarde y aún sin un apoyo político claro. El propio socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, calificó en el Congreso de «muy insuficiente» la propuesta, tanto por el presupuesto como por su contenido, ya que señalan que no incluye medidas regulatorias ni fiscales. Su portavoz en la Cámara Baja señaló que, aunque Rodríguez celebra triplicar el presupuesto, este es un 30% menor que en el periodo de 2009 a 2012. Desde Podemos, Ione Belarra criticó que el dinero que van a destinar las administraciones en su conjunto hasta 2030 «es el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio».
Sin embargo, el sector le da cierto respiro al Gobierno con esta propuesta en medio de las críticas y destaca puntos positivos en el documento. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) valoró que el plan supone «un paso en la buena dirección», pero cree que «su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo».
En la misma línea se posicionó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que calificó de «bueno y completo» el plan por las medidas que abordan retos de oferta y demanda. El plan final que presentó la ministra detalla que al menos el 40% -puede ser más- del presupuesto se va a dirigir a la construcción del parque público español, minúsculo en comparación con la media del resto de la Unión Europea. El otro 30% se destina a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% a ayudas para facilitar la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Eso sí, también alertó que «la actual confrontación política entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas puede poner en riesgo su correcta ejecución». Algo que también compartió la Asociación de Promotores Constructores de España, que matizó que «hay que esperar a ver cómo se materializan los convenios con las autonomías, clave para la ejecución de este plan, para poder valorar su alcance real».
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