Estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables Leer Estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables Leer
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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 finalmente ve la luz. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta final de la ministra Isabel Rodríguez que propone triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros y blinda la oferta pública con el principio de protección indefinida para los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan. «Que ni un euro de la financiación va a ir a la especulación sino a garantizar el derecho», ha asegurado la ministra.
Entre las novedades del nuevo Plan Estatal de Vivienda están las ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros o ayudas de más de 10.800 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. Así como una «cláusula antifraude» para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial. Rodríguez ha cargado contra el PP y ha señalado que tiene el objetivo de «para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante». Se trata de investigaciones por una presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial, las primeras construidas en más de 20 años, a concejales y altos cargos del PP.
Como estaba previsto, la cofinanciación con las comunidades autónomas se mantiene, el punto de choque con los gobiernos autonómicos presididos por el PP. Contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las CCAA pasarán de aportar el 25% en el pasado al 40% en este nuevo plan. La ministra ha asegurado que recoge las aportaciones de las autonomías con las que ha tenido más de 28 encuentros y ha recibido alrededor de 400 aportaciones del sector. La ministra ha apuntado que se trata de un paso importante para dar solución al problema de la vivienda de hoy y para siempre y recalca que «no valen parches», ni hay una «varita mágica» y que la ciudadanía está demandando un acuerdo de país en torno a la vivienda.
Rodríguez ha destacado que es el primer plan bajo el paraguas de la Ley de Vivienda, por lo que el Gobierno dejará de ser una «caja pagadora», lo que cambia con esta nueva normativa. Así, pone especial atención a la construcción y rehabilitación con el objetivo de ampliar el parque público y asequible, para lo que destina al menos el 40% de su presupuesto a este objetivo. Otro 30% se destina a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% a ayudas para facilitar la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Rodríguez ha detallado que se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
En este punto, el ministerio explica que «se estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables» y ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones.
Entre otras, se incrementa la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes, respecto a los 250 euros mensuales actuales; se conceden una ayuda de hasta 250 euros mensuales para el alquiler de vivienda habitual, así como ayudas para el alquiler a colectivos especiales, como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. También recoge ayudas a la rehabilitación para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euro por vivienda.
Las primeras reacciones del sector privado frente a la aprobación del nuevo plan no se han hecho esperar. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) cree que la «falta de un pacto de Estado y plan de choque ante la mayor crisis habitacional que sufre España lastran la eficacia del nuevo Plan de Vivienda del Gobierno». También critica la «falta de una dotación económica sólida» ya que parte del presupuesto que cubrirá el Gobierno está condicionado a los Presupuestos Generales. «El plan corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, con dificultades evidentes para trasladarse al mercado y generar impacto en el corto y medio plazo», advierten.
En la misma línea, la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ve el volumen de recursos previsto como un avance, «pero que sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema». Así como califica de incompleto sobre el desarrollo del alquiler asequible. «El nuevo enfoque europeo ha consolidado una definición más amplia y operativa de la vivienda asequible en el ámbito de los Servicios de Interés Económico General (Sieg), incorporando también a hogares de renta media y otros colectivos con dificultades de acceso», apunta.
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