Donde habite el olvido

Se puede olvidar para vivir, pero no vivir del olvido. Siete mil millones, el triple que el plan anterior, para no resolver el problema. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Plan Estatal de Vivienda que confunde gasto con política y ruido con diagnóstico.

Llevamos veinte años acumulando evidencia empírica sobre políticas de vivienda en Europa, y el patrón es tozudo: los efectos a largo plazo divergen sistemáticamente de los de corto plazo, con frecuencia en sentido opuesto. Los controles de renta alivian al inquilino instalado y expulsan al siguiente. Las ayudas al alquiler, cuando no hay suficiente oferta para absorberlas, acaban empujando los precios hacia arriba: una parte significativa termina, según la propia Cour des Comptes francesa, en el bolsillo del arrendador. La vivienda social funciona a medias y con muchas precauciones, y solo donde se ha construido durante un siglo sin interrupciones, como en Viena (con efectos, además, limitados); no donde se improvisa una legislatura sí y otra también.

España lleva décadas haciendo lo contrario de lo que la evidencia recomienda. El modelo VPO en propiedad con desprotección automática ha dejado, tras una inversión pública monumental, un parque de alquiler social de apenas el 2% del total, frente al 10,5% de media europea. Cada vivienda protegida que se construye tiene fecha de caducidad: se incorpora al mercado libre y alimenta la escasez que pretendía combatir. Es Sísifo con escritura pública. El Plan reconoce por fin ese fallo estructural al blindar la calificación protegida con carácter permanente. Bienvenido sea. Pero convive con un RDL 8/2026 que limita rentas al 2%, con zonas tensionadas de dudoso efecto documentado en Cataluña, y con un debate público obsesionado con los grandes tenedores —que poseen el 1,9% del parque— y con la vivienda turística como chivo expiatorio de una escasez que afecta a todas las capitales europeas, tengan o no turistas. Tres caballos tirando en direcciones opuestas del mismo carro.

Se gastan siete mil millones en repartir la escasez. Ninguno en eliminarla. No se libera suelo, no se simplifican licencias, no se da seguridad jurídica al promotor. En las ciudades donde hay empleo, urbanizar tarda cinco años y construir otros dos; mientras tanto, el déficit crece a ciento cincuenta mil hogares anuales. El 40% del Plan irá a construir o comprar vivienda existente: el Estado entrando como gran comprador en un mercado ya tensionado, empujando los precios que dice querer contener.

No hay varita mágica, y conviene decirlo. Japón, Suiza y los Países Bajos han contenido precios combinando planes urbanísticos que permiten densificar donde hay demanda, licencias tramitadas en meses y no en años, y un marco jurídico estable que anime a construir y alquilar. Las grandes ciudades españolas funcionan con planes generales de los años setenta, y el marco legal del alquiler cambia cada legislatura.

Hölderlin escribió que el hombre habita poéticamente la tierra. En España habita burocráticamente, cuando puede. El 65,9% de los jóvenes entre dieciocho y treinta y cuatro años sigue en casa de sus padres. La tasa de propiedad entre los treinta y los treinta y cuatro ha caído veinte puntos en dos décadas. La mitad de los mayores de setenta tiene segunda residencia. Es una redistribución entre generaciones disfrazada de crisis habitacional.

Tras convenios, decretos, licencias y plazos administrativos, las primeras llaves efectivas del Plan se entregarán de 2029 o 2030. Para entonces faltarán otras setecientas mil viviendas. La solución exige diez años de reformas pequeñas y constantes en el suelo, en las licencias, en la fiscalidad de la construcción, en la calificación del parque público. Nada espectacular, nada inmediato. Sabemos dónde está el problema. Hace falta decidir si queremos empezar a resolverlo o seguir habitándolo.