Iniciaron la huelga a las 20.00 de la tarde y la prolongarán hasta el domingo a las 16.00, las horas puntas de la semana para la empresa de reparto Leer Iniciaron la huelga a las 20.00 de la tarde y la prolongarán hasta el domingo a las 16.00, las horas puntas de la semana para la empresa de reparto Leer
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Los riders de Glovo se preparan para lanzar el primer gran pulso a la compañía desde que esta cambiara su modelo de contratación hace casi un año con una huelga de tres días que ha arrancado en la noche del viernes y se alargará hasta las 16.00 horas de este domingo, los momentos de mayor demanda de reparto en la mayoría de ciudades.
Más de 10.000 repartidores están llamados a parar ante la falta de avances para pactar un nuevo marco laboral para estos trabajadores, que actualmente cobran el salario mínimo y tienen sus derechos regidos por el obsoleto convenio de mensajería, que lleva sin renovarse desde 2006.
La huelga se convoca además en plenas negociaciones del ERE, que apunta a dejar sin trabajo a unos 750 repartidores en toda España si la negociación no consigue rebajarlo, algo que fuentes sindicales consideran improbable.
Se trata de una huelga en que CCOO espera una «gran movilización» en las ciudades donde ya ha habido comicios sindicales como Madrid y País Vasco, pero que será difícil de medir. «Creemos que va a sorprender a la empresa», traslada el sindicato, que sin embargo anticipa que, ante la falta de un centro de trabajo fijo, es difícil dar ningún nivel de seguimiento del pulso entre repartidores y compañía.
La disputa entre ambas partes ya han comenzado y, de hecho, CCOO interpuso ayer otra denuncia ante Inspección de Trabajo contra la empresa por atentar contra la libertad de huelga, ya que el sindicato asegura que la empresa está pidiendo a las flotas que tiene subcontratadas más repartidores para que no se note la carencia de los que se movilicen.
Precisamente, las flotas han ganado mucho peso en el modelo de operación de todas las empresas del sector delivery, lo cuál dificulta a las plantillas que sus movilizaciones paralicen el funcionamiento diario de las aplicaciones. En el caso de Uber Eats, su transición al modelo laboral se hará exclusivamente a través de estas empresas.
En el caso de Glovo, la compañía se vio obligada a contratar a gran parte de los repartidores autónomos, algo que aún está por ver si ocurriría en Uber, con lo que sí que tiene que lidiar con una plantilla elevada y con la que ha habido tensiones desde prácticamente el primer día de la contratación.
Los sindicatos y organizaciones han denunciado que la compañía dirigida por Óscar Pierre lleva desde ese momento realizando despidos selectivos amparada en un régimen sancionador «ilegal» que no ha sido negociado con los sindicatos y que, de hecho, es fuertemente criticado por estos. Entre las razones utilizadas por la empresa para despedir a los riders se encuentran los tiempos de entrega excesivos o las no apariciones para recoger un paquete que le ha sido asignado.
La aplicación de este reglamento llevó a CCOO a denunciar a la Audiencia Nacional la ejecución de un ERE encubierto, ya que el sindicato asegura que hay provincias donde se ha despedido a más de un 20% de la plantilla antes de presentar el procedimiento de despido colectivo.
Este procedimiento se presentó en marzo, pero los retrasos a la hora de configurar la mesa hacen que el cierre de las negociaciones pueda prolongarse hasta al menos mitad de mayo. Fuentes al tanto de la negociación consideran que la reducción de los afectados parece complicada, los sindicatos son más optimistas de cara a avanzar en otros pactos como la puesta en marcha de un régimen sancionador más transparente y de consenso.
Glovo atraviesa un momento delicado, ya que su matriz, Delivery Hero está bajo presión de algunos de sus principales accionistas para que tome decisiones radicales en torno a la venta de mercados de relevancia, unas decisiones que podrían afectar a parte del perímetro de la empresa española.
Aunque el negocio está empezando a arrojar rentabilidades, sobre la espalda de la compañía carga la posibilidad de tener que abonar hasta 1.000 millones de euros en multas por conflictos laborales, la inmensa mayoría relacionados con España por la persistencia de la compañía en defender su modelo de autónomos, incluso tras la aprobación de la Ley Rider.
En estos momentos, decenas de procedimientos están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la compañía debe abonar sanciones de las multas impuestas antes de la aprobación de la Ley. Otro tanto ocurrirá, parece, con las sentencias a los procedimientos posteriores a la entrada en vigor de la legislación.
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