Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que compró en abril el polémico ático de Chamberí, cuyo propósito ha perseguido durante todo el verano a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha recibido oferta alguna por el inmueble tras ponerlo a la venta, por lo que se ha propuesto declarar desierta la correspondiente licitación.
El polémico piso de Chamberí tiene un precio de salida de 6.694.201 euros
Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid que compró en abril el polémico ático de Chamberí, cuyo propósito ha perseguido durante todo el verano a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha recibido oferta alguna por el inmueble tras ponerlo a la venta, por lo que se ha propuesto declarar desierta la correspondiente licitación.
Así consta en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación que ha tenido lugar este jueves y que se ha subido al Portal de Contratación a las 16:12 horas, minutos antes de la comparecencia del consejero de Presidencia y responsable máximo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el pleno de la Asamblea regional. García Martín ha insistido en que la compra del ático se enmarca en la actividad institucional del propio Gobierno regional y no se iba a destinar a residencia oficial para la presidenta.
Según dice el acta, respecto al lote dos que corresponde al ático, con un precio de salida de 6.694.201 euros, la Mesa dispone “elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo”.
El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto ayer, pero se aplazó a este jueves a última hora por “motivos organizativos”.
Fuentes del PP admiten a La Vanguardia que “se veía venir que el proceso quedaría desierto”. ”Ha habido muchas prisas por venderlo para tapar una operación mal planteada desde el origen”, añaden.
García Martín, quien ha comparecido a petición propia en la Asamblea para dar cuenta de esta compra y de la actividad de Planifica Madrid, ha defendido que este inmueble se adquirió principalmente como “complemento a la actividad institucional” que desarrollan las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid y, “de forma más inmediata, como apoyo a las dependencias institucionales de la Comunidad de Madrid en el marco de las obras en la Real Casa de Correos desde 2025”. El también portavoz del Gobierno regional ha explicado que la Comunidad “nunca compró un inmueble para residencia de la presidenta que, como siempre, vive en su propia casa”.
El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros, según la Comunidad para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.
La Comunidad decidió vender el inmueble un día después de que El País destapara la operación y afirmó que destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano.
La adquisición del inmueble, formalizada el 14 de abril por 6,3 millones de euros, ha permanecido oculta durante meses. La sociedad pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, omitió publicar la transacción en el portal de transparencia y no la recogió en sus cuentas anuales. Un análisis detallado de la agenda pública del organismo ha revelado que durante los meses de abril, mayo, junio y julio la actividad oficial de la entidad quedó en un inédito punto muerto, incorporándose solo de forma retrospectiva y mediante la sucinta anotación “Firma notaria” la cita correspondiente al día del otorgamiento de la escritura.
Las justificaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico han ido variando a medida que han ido trascendiendo los detalles de la operación. En un primer momento, el equipo de Díaz Ayuso argumentó que la vivienda actuaría como sede provisional de la Presidencia ante las inminentes obras de remodelación en la Real Casa de Correos. Sin embargo, dicha motivación chocó de inmediato con la legalidad urbanística, que prohíbe el uso administrativo y de oficinas en el inmueble, de carácter estrictamente residencial.
La utilización de la mercantil pública Planifica Madrid para canalizar la operación ha permitido al Gobierno regional eludir los controles administrativos previos, la fiscalización de la Intervención y la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno que exige el régimen patrimonial de la Administración directa.
Ante la imposibilidad legal de destinar el piso a uso institucional, el Ejecutivo madrileño cambió de estrategia e inició la venta exprés justificando que la recaudación obtenida irá destinada a reparar los daños de los incendios forestales en la Sierra Oeste.
Tras el estallido de la polémica la presidenta dejó el otro piso de Chamberí que compartía con su pareja, Alberto González Amador, y se instaló en una urbanización de Puerta de Hierro, una de las zonas más acomodadas de Madrid. Su nueva vivienda tiene entre 130 y 150 metros cuadrados, piscina y garaje, y el alquiler de un inmueble de esas características se sitúa entre los 2.500 y los 3.000 euros mensuales.
El caso se encuentra judicializado en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla en Madrid. La sección de instrucción del tribunal de instancia número 8 de Madrid abrió diligencias previas tras remitirse las denuncias de varios partidos y colectivos. Adicionalmente, la operación ha sido llevada ante el Tribunal de Cuentas para que analice si existió un perjuicio económico a las arcas públicas.
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