La Franja reivindica el catalán

Un paseo por la Franja aragonesa, limítrofe con Catalunya, certifica que el catalán forma parte natural de su día a día. Se lee en folletos turísticos y carteles de edificios públicos. Se estudia, de forma optativa pero mayoritaria, en sus centros educativos. Y se habla, con sus diferentes acentos o modalidades, en casas, comercios y terrazas. “No es justo que quieran hacernos renunciar a algo que es nuestro”, aseguran Ana Rivas y Jordi Andrés, 38 años tras la barra del bar Sport de Mequinenza.

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 Muchos catalonahablantes aragoneses rechazan los planes de PP y Vox para acabar con la “imposición” del catalán  

Un paseo por la Franja aragonesa, limítrofe con Catalunya, certifica que el catalán forma parte natural de su día a día. Se lee en folletos turísticos y carteles de edificios públicos. Se estudia, de forma optativa pero mayoritaria, en sus centros educativos. Y se habla, con sus diferentes acentos o modalidades, en casas, comercios y terrazas. “No es justo que quieran hacernos renunciar a algo que es nuestro”, aseguran Ana Rivas y Jordi Andrés, 38 años tras la barra del bar Sport de Mequinenza.

La pareja se refieren al compromiso de PP y Vox de “librar a Aragón de la imposición del catalán”, incluido en su pacto de gobierno para investir como presidente a Jorge Azcón. El popular defiende que en su comunidad “no se habla catalán”, sino una serie de “modalidades lingüísticas propias”, como el maellano (de Maella) o el fragatí (de Fraga), por lo que plan­tean eliminar su reconocimiento explícito en la ley de Patrimonio Cultural para el 2027.

Desde 1984, los centros educativos locales ofertan la optativa de catalán, que cursan el 90%

“A mí nadie me ha impuesto nada”, refuta Lourdes Ibarz, mequinenzana de 69 años. Estudió en castellano, pero siempre ha hablado en catalán con familia y amigos, también de otros pueblos. “Claro que hay variaciones, pero nos entendemos sin problema”, apunta.

Jordi Andrés y Ana Rivas, propietarios del bar Sport de Mequinenza
Jordi Andrés y Ana Rivas, propietarios del bar Sport de MequinenzaToni Galan

Para el alcalde, Antonio Sanjuán (PSOE), lo fundamental es hacer caso al criterio académico y científico, que avala que el tronco común de lo que se habla en la zona es el catalán. “Lo demás es intentar crispar y buscar la confrontación”, añade. El regidor recuerda que ya se vivió algo similar en el 2013, cuando la popular Luisa Fernanda Rudi implanto el neologismo Lapao (lengua aragonesa propia del Aragón oriental), un “despropósito” que provocó “gran tensión”; o en el 2023, cuando PP y Vox volvieron a poner el catalán en su diana. “Hasta el concejal del PP votó la moción en defensa de nuestra lengua”, señala.

En Fraga, capital comarcal de 15.500 habitantes, el concejal Ángel Cabrera, de un partido local que gobierna junto al PP, critica que los traten como “proscritos” por hablar su lengua materna. Ve a su tierra atrapada entre el discurso “anticatalanista” de parte del espectro político, “que vende mucho”, y el de algunos sectores independentistas de la comunidad vecina, “que tampoco ayudan”, y avisa: “No hace falta que lo erradiquen. Como no se proteja, se va a perder solo”.

Los últimos estudios disponibles, de hace más de una década, cifran el número de catalanohablantes de Aragón en unos 55.000. Desde 1984, los centros educativos locales ofertan la optativa de catalán en horario escolar, que cursa el 90% de alumnos y que les otorga un título oficial (B1) con el que ampliar su horizonte de estudios o laboral. “Nos preocupa la pérdida de derechos de formación ya adquiridos”, dice una fuente relevante del sector educativo local.

Mientras, la percepción general es que la cifra de hablantes está a la baja, afectada por la llegada de inmigrantes o el uso juvenil de las redes sociales, donde prima el castellano. “Hay un proceso de sustitución lingüístico evidente”, ratifica el director del Institut d’Estudis del Baix Cinca, Pep Labat. Por eso, denuncia que quienes deberían proteger la lengua “reman en sentido contrario” y advierte de que estarán vigilantes ante unos cambios que podrían ser incompatibles con normativas como la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, sin descartar acciones legales. “Tenemos la piel dura después de tantos menosprecios”, subraya.

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