Isabel Díaz Ayuso cumplió el viernes siete años al frente de la Comunidad de Madrid en la cima de su poder político. Cuando fue investida presidenta el 14 de agosto del 2019, necesitó los votos de Ciudadanos para sacar adelante un gobierno de coalición que ya entonces se aventuraba convulso. Siete años después, ha fagocitado a la ya extinta formación naranja, ha reducido a Vox –socio indispensable en los comicios del 2021– a la irrelevancia y consiguió en el 2023 una mayoría absoluta que le permite gobernar sin negociar con nadie. El fenómeno político construido alrededor de su figura parecía haber alcanzado el estatus de régimen inexpugnable.
Siete años después de su toma de posesión, algo se ha quebrado en el fenómeno de la presidenta madrileña
Isabel Díaz Ayuso cumplió el viernes siete años al frente de la Comunidad de Madrid en la cima de su poder político. Cuando fue investida presidenta el 14 de agosto del 2019, necesitó los votos de Ciudadanos para sacar adelante un gobierno de coalición que ya entonces se aventuraba convulso. Siete años después, ha fagocitado a la ya extinta formación naranja, ha reducido a Vox –socio indispensable en los comicios del 2021– a la irrelevancia y consiguió en el 2023 una mayoría absoluta que le permite gobernar sin negociar con nadie. El fenómeno político construido alrededor de su figura parecía haber alcanzado el estatus de régimen inexpugnable.
Precisamente por eso resulta significativa la forma en que afronta este nuevo curso. Nunca había tenido tanto poder institucional y, sin embargo, nunca había afrontado un inicio de curso con tantas señales de desgaste. No porque su mayoría absoluta esté en peligro ni porque el PP haya dejado de ser hegemónico, sino por algo más sutil y quizá más importante para su futuro: por primera vez desde que irrumpió en la escena nacional, Ayuso parece encontrar límites a una fórmula que hasta ahora había demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia.
La confrontación con Pedro Sánchez como eje de su liderazgo
Durante años, Ayuso ha convertido la confrontación con Pedro Sánchez en el eje de su liderazgo. Un combate político permanente que le ha servido para proyectarse como referente nacional de la derecha y desplazar el foco de los problemas de su propia Administración. Las residencias, las comisiones de su hermano o las polémicas de su gestión quedaban subsumidas en una discusión mayor sobre el sanchismo, los impuestos, la libertad o el modelo territorial.
La fórmula funcionaba porque casi cualquier controversia terminaba convertida en un plebiscito sobre Sánchez. No siempre era necesario que la presidenta tuviera razón; bastaba con que pareciera dispuesta a decir aquello que otros no se atrevían a decir. Esa ha sido una de las claves de su éxito y de la llamada batalla cultural : la discusión dejaba de ser sobre la consistencia de una afirmación para convertirse en una demostración de resistencia frente a la izquierda.
Pero algo ha cambiado este verano. Ayuso ya no parece hacer la misma gracia. Ni en determinados sectores de la opinión pública, ni en algunos medios que durante años le han sido favorables ni, sobre todo, en su propio partido.
Primero fue México. Un viaje oficial que terminó antes de lo previsto después de que Ayuso denunciara haber sentido miedo y haberse encontrado desprotegida, en un episodio que generó desconcierto incluso dentro del PP. Después llegaron los incendios, que obligaron a responder por una gestión que esta vez no podía atribuir a la Moncloa. Y, sobre todo, apareció el ático.
La Comunidad compró por más de seis millones de euros un inmueble de lujo en Chamberí. ¿Para qué? La respuesta ha ido cambiando: oficina, residencia oficial, alternativa mientras se reforma la sede de la Puerta del Sol. Ninguna ha terminado de cerrar el interrogante. Al mismo tiempo, la pareja de Ayuso puso a la venta sus dos viviendas en el mismo barrio por 3,3 millones de euros. El PSOE prepara una denuncia ante la Fiscalía contra directivos de Planifica Madrid, y Más Madrid reclama explicaciones y comparecencias.
La mayoría absoluta la blinda en la Asamblea, pero no frente a las preguntas de su partido y de los tribunales
Pero el problema ya no es solo el ático. Es la credibilidad. Cada explicación abre una pregunta nueva. Y cuando las explicaciones no cierran las preguntas, el silencio empieza a ser también una respuesta política.
La oposición ha encontrado una grieta, pero la novedad está en otro sitio: en el PP. Cayetana Álvarez de Toledo ha expresado dudas sobre la operación. En los grupos de WhatsApp de diputados populares han circulado críticas. Y el equipo de Ayuso ha tenido que pedir a cargos del PP madrileño que salgan públicamente en defensa de la presidenta. En medios conservadores también han aparecido voces críticas. No es una ruptura. Pero sí un cambio de clima.
En el PP madrileño lo resumen con una expresión tan gráfica como reveladora: “Los juegos del hambre, en eso estamos”.
La frase dice mucho del momento interno. Porque la tensión no solo afecta a la presidenta. Cuando la presión por el ático ha aumentado, buena parte de la responsabilidad política ha recaído sobre Miguel Ángel García Martín, vicepresidente y consejero de Presidencia. Entre dirigentes populares existe la sensación de que Ayuso y su equipo han dejado demasiado expuesto a quien debía actuar como escudo de la presidenta.
La respuesta de Ayuso ha sido volver a su fórmula de siempre: Sánchez. En las últimas semanas ha disparado en Twitter contra Correos y el voto por correo, contra la gestión de los menores migrantes, contra las vacaciones del presidente del Gobierno en un “palacio blindado” o contra el gasto del Ejecutivo central por el eclipse, cuando el de su propio Gabinete fue casi idéntico. También ha recuperado su bandera fiscal: Madrid, dice, es la región que más aporta y de las que menos recibe.
Pero aquí aparece una paradoja especialmente incómoda. Ayuso ha hecho bandera de adelgazar la estructura, ha presumido de bajos impuestos y se ha vanagloriado de eficiencia en la gestión. Hasta que han llegado los incendios forestales, que han puesto de manifiesto las dificultades para afrontar unos gastos extraordinarios hasta el punto de recurrir a las donaciones privadas y a la venta de patrimonio. Incluido el polémico ático recientemente comprado.
Ayuso tiene 70 diputados y no necesita a nadie. Su mayoría absoluta le garantiza, salvo sorpresa, la estabilidad necesaria para agotar la legislatura. Lo que no garantiza es que pueda mantener intacto el fenómeno político que la ha llevado hasta aquí. Y mucho menos protegerla del calendario judicial que afrontará su pareja, Alberto González Amador, por el presunto fraude fiscal de unos 350.000 euros y el presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con sus vínculos empresariales con Quirón.
Nunca había tenido tanto poder, pero jamás había afrontado un inicio de curso con señales de desgaste
Porque el problema para Ayuso no es hoy perder Madrid. Es que, por primera vez en siete años, la presidenta que convirtió cada límite en un nuevo impulso pueda haberse encontrado con que algunos de los problemas que afronta ya no vienen de fuera, sino de su propia gestión.
Y esa es la verdadera incógnita con la que Ayuso va a dar inicio a su octavo curso político. No si puede seguir gobernando Madrid, sino si puede seguir creciendo como referente nacional del PP más allá de Madrid.
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