La estrategia del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha fracasado, por lo menos, por ahora.
El expresidente afrontará un septiembre convulso con nuevos movimientos en contra
La estrategia del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha fracasado, por lo menos, por ahora.
La decisión de, Julio Martínez Martínez, hasta hace poco persona de su confianza, de colaborar con la justicia ha hecho añicos su plan para sostener que todas las acusaciones contra él son un “inmenso error” de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional.
Nunca ha llegado a hablar de persecución judicial, la denominada lawfare , pero sí ha defendido que se trata de una “invención absoluta”.
Desde que en diciembre la juez de Madrid Esperanza Collazos, encargada inicialmente del caso Plus Ultra, ordenó la detención de los máximos directivos de la aerolínea y del empresario Julio Martínez Martínez, estrechamente vinculado a Zapatero, el exlíder de los socialistas era consciente de que la pista acabaría obligatoriamente en él.
Al expresidente no le ha funcionado su intento por anular el teléfono de un exdirectivo incautado por el HSI
De hecho, de los mensajes intercambiados con su secretaria, Gertrudis Alcázar, se ha sabido después que, tras el arresto de Martínez, empezó a trabajar en su propia defensa recopilando las facturas de sus trabajos con la empresa de su amigo, Análisis Relevante.
Cuando en mayo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que heredó la causa por motivos de competencia, ordenó el registro del despacho del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, justo en frente de la sede del PSOE, Zapatero ya tenía un catedrático de confianza designado como abogado defensor.
La unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía se llevó toda la documentación y algo con lo que igual no contaban, las agendas y el teléfono de su secretaria de confianza desde que fue designado secretario general del PSOE en el 2000.
La estrategia de defensa ha sido desde entonces intentar anular la causa por defectos formales. Ha alegado vulneración de derechos fundamentales; errores al utilizar información aportada por la policía americana, a su juicio, sin las garantías necesarias; investigación prospectiva, una causa general contra él; excesos de la Policía investigando más allá de la supuesta influencia en autoridades del Gobierno para el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros, y excesos del juez por interrogarle por las joyas incautadas en su caja fuerte.
Uno de sus puntos fuertes era intentar invalidar la información aportada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) a la policía española con el contenido del teléfono de quien fuera el máximo accionista de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes.
La policía americana había copiado su teléfono en alguna intervención años atrás y a raiz de un intercambio de información con España, con quien colabora en investigaciones sobre el blanqueo de empresarios y dirigentes venezolanos, les entregaron el contenido del teléfono de Reyes. En este aparecían conversaciones sobre la posible intervención de Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea en el 2021.
Fuentes jurídicas señalan que aunque no fue clave ni única esta prueba para avanzar en la investigación contra el expresidente, sí reconocen que contenía información relevante. No fue hasta después del registro del despacho de Zapatero y su imputación formal cuando Calama pidió autorización a la justicia estadounidense para poder utilizar la información en su procedimiento judicial.
Zapatero está intentando que se anule esa prueba y se demuestre que tanto la incautación del teléfono a Reyes por parte de los americanos como su uso por la justicia española han estado fuera de la ley y poder frenar todo el procedimiento. Calama ha rechazado ya este argumento.
Por ahora, ninguno de sus alegatos ha funcionado. El juez ha rechazado todas sus pretensiones y ha seguido adelante con la investigación.
A la vuelta de vacaciones los ex altos cargos de Plus Ultra admitirán la ayuda de Zapatero en el rescate
Zapatero tiene la opción de acudir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, los nuevos hitos de la semana pasada, con la declaración de Julio Martínez Martínez y el escrito reconociendo la intervención de Zapatero en el rescate por parte del máximo representante de la compañía, Julio Martínez Sola, van a obligar al expresidente a reorientar su estrategia de defensa.
Para empezar, porque en el escrito que entregó Martínez Sola, dispuesto a colaborar con la justicia, valida conversaciones que mantuvo con Reyes, como por ejemplo el reconocimiento de que el expresidente y su amigo habían montado una finance boutique para cobrar las mordidas.
Además Martínez Sola reconoció que fue el exjefe del ejecutivo quien se puso en contacto con él para ayudar a la aerolínea por la crisis económica que estaba sufriendo y desde entonces le puso como interlocutor a Martínez Martínez para encargarse de transmitir los avances de Zapatero y coordinar con él los pagos, acordados en un 1% del rescate, es decir, 530.000 euros a pagados durante varios años, a través de diversas sociedades y por diferentes conceptos.
Tanto Martínez Sola como su consejero delegado, Roberto Roselli, han decidido colaborar con la justicia, y serán los días 7 y 8 de septiembre cuando Calama les tome declaración como investigados. Para empezar, este paso de colaboración ya les ha supuesto la dimisión de sus cargos esta misma semana.
Roríguez Zapatero tiene el verano para estudiar un cambio de estrategia, dado que va a haber tres testimonios que certifiquen su influencia en el rescate. El expresidente insiste en que se trata de meras estrategias de defensa para lograr beneficios judiciales, pero tiene en el espejo lo que le ocurrió a José Luis Ábalos, exministro socialista, quien optó por negar todas las acusaciones a pesar de las confesiones de sus corruptor, Víctor de Aldama, y acabó condenado a 24 años de cárcel.
Además, el expresidente tiene un problema añadido, que es la imputación de sus hijas. Los investigadores consideran que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, a través de su sociedad Whathefav, se beneficiaron de las influencias de su padre, aunque descartan que ejercieran de testaferros de este. De la causa judicial se desprende que entre el 2020 y el 2025 cobraron cerca de un millón de euros de sociedades investigadas de la trama. Tras la declaración de Martínez, que lo investigadores consideran que ha dado fuerza a los indicios contra Zapatero, y lo que va a venir en septiembre, la situación judicial de sus hijas también va a empeorar.
Fuentes de la investigación apuntan a que lo declarado por el empresario, amigo de Zapatero desde el 2011, ha dado robustez a la causa y ven dentro de lo creíble que Martínez desconociese las gestiones concretas realizadas por el expresidente dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez para impulsar o favorecer el rescate de Plus Ultra. Además, Martínez explicó que el pacto no escrito con Zapatero fue crear Análisis Relevante a su nombre para cobrar por las influencias y las gestiones del expresidente. En ese pacto entraba el pago mensual a la empresa de sus hijas, Whathefav, para realizar labores de maquetación.
Y todo esto, sin tener en cuenta que todavía no ha explicado el origen de las joyas guardadas en su caja fuerte, valoradas en 1,3 millones de euros, tasación que se podría incrementar tras una nueva valoración solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que también quiere aproximarse a la fecha en la que pudo adquirirlas para así averiguar si hay un delito fiscal no prescrito.
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