“Más testosterona que neuronas”. La esgrima dialéctica entre el Tribunal Constitucional y el Supremo a cuenta de la ley de amnistía no es nuevo, ni original, ni disruptivo, pero sí ofrece un espectáculo que los encausados por el procés siguen con media sonrisa dibujada en el rostro. La “victoria” que reivindican nueve años después desde Junts y ERC no la constituye solo el retorno de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín o la rehabilitación política de Oriol Junqueras y el resto de exconsellers. La victoria, “rotunda y sin paliativos”, la concede la degradación institucional del adversario. Y esa es la imagen que han dispensado los tribunales, primero ante los indultos y ahora con la amnistía.
“Más testosterona que neuronas”. La esgrima dialéctica entre el Tribunal Constitucional y el Supremo a cuenta de la ley de amnistía no es nuevo, ni original, ni disruptivo, pero sí ofrece un espectáculo que los encausados por el procés siguen con media sonrisa dibujada en el rostro. La “victoria” que reivindican nueve años después desde Junts y ERC no la constituye solo el retorno de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín o la rehabilitación política de Oriol Junqueras y el resto de exconsellers. La victoria, “rotunda y sin paliativos”, la concede la degradación institucional del adversario. Y esa es la imagen que han dispensado los tribunales, primero ante los indultos y ahora con la amnistía.Seguir leyendo…
“Más testosterona que neuronas”. La esgrima dialéctica entre el Tribunal Constitucional y el Supremo a cuenta de la ley de amnistía no es nuevo, ni original, ni disruptivo, pero sí ofrece un espectáculo que los encausados por el procés siguen con media sonrisa dibujada en el rostro. La “victoria” que reivindican nueve años después desde Junts y ERC no la constituye solo el retorno de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín o la rehabilitación política de Oriol Junqueras y el resto de exconsellers. La victoria, “rotunda y sin paliativos”, la concede la degradación institucional del adversario. Y esa es la imagen que han dispensado los tribunales, primero ante los indultos y ahora con la amnistía.
El culebrón protagonizado por el Constitucional y el Supremo tiene poco que ver con el derecho y mucho con una batalla por el poder. Incluye enfrentamientos personales con origen hace más de una década, vanidades, una falsa presunción de infalibilidad y una evidente mala digestión del encaje del acervo judicial español con la justicia europea. Quizás una OTAN para jueces resolvería esa aversión.
El choque institucional viene de lejos. El primer encontronazo se remonta a 1984 con el caso Rumasa; en 1994 sorprende una procesión de magistrados desde el Palacio de las Salesas, sede del Supremo, hasta el edificio del Consejo del Poder Judicial con amenaza de apelar al papel mediador del Rey; suma y sigue con la encarcelación de la mesa nacional de Herri Batasuna y se desboca de la mano de Isabel Preysler y la revista Lecturas.
En 2004, la Sala Civil del Supremo condenó a once magistrados del TC, incluido su entonces presidente, Manuel Jiménez de Parga. El cruce de comunicados fue tan duro que escandalizó incluso a miembros del consejo. Entendían que el choque no contribuía a la solidez institucional que se espera de la relevancia de ambos tribunales. El escepticismo y la desconfianza en el sistema son “infinitos” entre los líderes independentistas juzgados por el 1-O, pero no solamente. Según el CIS, el 18% de la población no tiene ninguna confianza en los tribunales y en la serie histórica de encuestas no aparece ningún aprobado.
El culebrón judicial del ‘procés’ es un relato de vanidades e indigestión con la justicia europea
El suspenso hoy se lo llevan dos viejos rivales: Manuel Marchena, como cara visible de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. En 2014, Marchena le arrebató la presidencia de la Sala Penal a Conde-Pumpido gracias a un Poder Judicial de mayoría conservadora; después llegó el watsap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que lo situaba a su servicio y se sucedieron las renuncias de Marchena: A presidir el Supremo, a una plaza en el Constitucional… Conde-Pumpido sí accedió al órgano de garantías y su presidencia constituye ya un capítulo de los “azules contra rojos”.
Las descalificaciones del Supremo a la ley de amnistía y sus maniobras para evitar su aplicación se han llevado al límite jurisdiccional y retórico. El tribunal ha ido acomodando su argumentario, retorciendo incluso la sentencia que condenó a los líderes del 1-O. El referéndum pasó de ser un “señuelo” a convertirse en golpe de Estado hasta en diez ocasiones en una resolución remitida al Constitucional. Pudo ser peor, porque si proclamar la república catalana fue un golpe de Estado, su suspensión segundos después debió ser otro.
El tribunal se aferró después a una interpretación del delito de malversación que el Constitucional considera ajena al “sentido común” en un escrito trufado de provocaciones que el Supremo responde. “Es como una conversación de carajillo”, resume un penalista. No solo discuten la interpretación jurídica y el reparto de competencias; se ha perdido la credibilidad y el respeto institucional.
Y falta la traca final. Con Comín ya en nómina del Parlamento Europeo y Puig retirando el lazo amarillo de su escaño en el Parlament, solo queda resolver la incógnita del regreso de Puigdemont. La última palabra sobre la causa del procés la escribirá el Supremo. Quizás podría preguntarse qué hubiera pasado si el magistrado Pablo Llarena hubiera aceptado en 2018 la extradición del expresident desde Alemania por un delito de malversación. La testosterona…
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