Miguel Borra (CSIF): «Hemos salido a la calle mucho más que otros sindicatos, pero esta no es nuestra huelga, no vamos a entrar en el juego político»

Miguel Borra es presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en el sector público, con creciente implantación en el ámbito privado. Defiende una agenda de reivindicaciones propia frente a la huelga general convocada por CCOO y UGT para el 11 de noviembre.

¿Por qué no apoyan la huelga?

De esta huelga se han hecho propietarios determinados partidos políticos. Hemos visto a María Jesús Montero decir que es contra la oposición y a los sindicatos señalar que aspiran a influir a nivel político. Nosotros hemos salido a la calle mucho más que estos otros sindicatos de clase y, en este caso, entendemos que la convocatoria se escapa de la lucha por las condiciones laborales. No vamos a entrar en el juego político.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a CCOO y UGT que desconvoquen por la tragedia de Urda…

Esta no es nuestra huelga. Ni la apoyamos, ni la convocamos, ni la secundamos. CSIF tiene su propia hoja de ruta y vamos a trabajar por la mejora de los servicios públicos, por una gestión eficaz y por las condiciones laborales de sus trabajadores, también en estas duras circunstancias que se están viviendo en el sector ferroviario español.

Finalmente, el ministro Óscar Puente ha dimitido. ¿Cómo lo valoran?

Esta organización fue la primera en exigir su dimisión. Ahora le toca el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif.

¿Es suficiente?

Exigimos una reforma legal para frenar los nombramientos políticos. Hay que profesionalizar las empresas y administraciones públicas para que estén al frente las personas más preparadas.

Volviendo a la huelga por la vivienda, ¿comparten los motivos?

Nosotros estamos preocupadísimos por el tema de la vivienda. Hay empleados públicos que ganan una plaza y tienen que renunciar a ella porque no pueden alquilar una casa en determinadas zonas.

¿Esa situación está comprometiendo ya la prestación de servicios públicos en determinados territorios?

Efectivamente. Tenemos el ejemplo de Baleares, donde se están habilitando dormitorios provisionales en hospitales para que los profesionales puedan prestar sus servicios. Hay ciudades, como Madrid o Barcelona, donde hay problemas para cubrir plazas temporales porque los salarios no dan para la vivienda. Por eso pedimos al Gobierno que actualice los complementos de destino y de residencia y los extienda a ciudades con precios tensionados.

¿No sienten la presión ciudadana para sumarse a la huelga?

No. Nosotros defendemos la vivienda digna y los salarios dignos. Siempre estamos dispuestos a estar en la calle y donde haga falta por la mejora de las condiciones laborales, incluso hemos invitado a CCOO y UGT a que protestaran con nosotros por la subida salarial de los funcionarios.

¿Los sueldos de los funcionarios se van a actualizar antes de las elecciones? ¿Qué información manejan?

Hay un acuerdo firmado con el Gobierno que implica que el 1 de enero de 2027 todos los empleados públicos tienen que tener una subida de 4,5 puntos, más 0,5 por la desviación de la inflación que sería efectivo en febrero o marzo. El 20 de octubre tuvimos una reunión de la comisión de seguimiento y así se nos trasladó.

La subida podría no aprobarse antes del 29-N y salir más adelante con carácter retroactivo. ¿CSIF ha puesto un límite temporal al Gobierno?

Que no nos pongan a prueba. Tenemos un acuerdo firmado y un compromiso. El 1 de enero los empleados públicos debemos tener la subida.

CSIF ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal en servicios esenciales. ¿Dónde es más urgente el refuerzo de plantillas?

El 30% de las plantillas son interinos. Tenemos problemas para atender a los ciudadanos en la Seguridad Social, en el Sepe… la sanidad está saturada, faltan profesionales en educación y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se ha visto en Ceuta y en los disturbios en Barcelona más recientemente.

Bruselas ha multado a España por abuso de la temporalidad en el sector público. El Gobierno prometió una gran reforma. ¿En qué estado está?

También se anunció una reforma para cambiar la manera de acceso a la función pública y crear un máster… Son globos sonda, no se ha avanzado absolutamente nada.

Las perspectivas son poco halagüeñas… ¿no cree?

Pues sí. Es nuestra espada de Damocles. A la temporalidad y la escasez de personal se suma el envejecimiento de la plantilla. Y esto será así mientras no eliminemos la tasa de reposición, para lo que hacen falta unos Presupuestos Generales del Estado.

¿Los jóvenes en España ya no quieren ser funcionarios?

Los salarios no son atractivos y tenemos un 30% de temporalidad. Además, ganar una plaza requiere mucho tiempo… Pero más que una pérdida de atractivo entre jóvenes, ha cambiado el perfil del opositor hacia edades superiores.

Ustedes piden una reforma de la Ley de Libertad Sindical. ¿Por qué?

Porque otorga unos beneficios a los sindicatos de clase que nos hacen competir en desigualdad de condiciones. Si los ciudadanos supieran la cantidad de sindicatos que hay se quedarían sorprendidísimos.

¿Por qué no se ha reformado aún?

Hay partidos políticos que son más receptivos y otros menos. Y no podemos olvidar que los sindicatos de clase están de una o de otra manera vinculados a algunos partidos políticos.

¿Qué le pide al próximo gobierno?

Necesitamos un gobierno que crea en la función pública y que no convierta la Administración en una agencia de colocación. Nosotros vamos a seguir trabajando con este Gobierno hasta el último minuto y con el que salga de las urnas desde el primer minuto para sacar adelante todas nuestras reivindicaciones de mejora de condiciones en el sector público.