La retirada de los presupuestos marcó un punto y aparte en las negociaciones entre el Govern y Esquerra Republicana. A lo largo de estas más de dos semanas se ha hecho tabla rasa en las conversaciones con la mirada puesta en tratar de cerrar un acuerdo antes del 31 de julio. Hasta la fecha no ha habido avances. ERC ha vinculado la aprobación presupuestaria a que también se gane en “espacios de soberanía”, por lo que son dos vías que van en paralelo. Y aunque el Executiu no cierra la puerta a mejoras competenciales, reclama aislar esta negociación de lo que depende del Gobierno.
Los republicanos vinculan un traspaso competencial al sí a los presupuestos
La retirada de los presupuestos marcó un punto y aparte en las negociaciones entre el Govern y Esquerra Republicana. A lo largo de estas más de dos semanas se ha hecho tabla rasa en las conversaciones con la mirada puesta en tratar de cerrar un acuerdo antes del 31 de julio. Hasta la fecha no ha habido avances. ERC ha vinculado la aprobación presupuestaria a que también se gane en “espacios de soberanía”, por lo que son dos vías que van en paralelo. Y aunque el Executiu no cierra la puerta a mejoras competenciales, reclama aislar esta negociación de lo que depende del Gobierno.
Los republicanos no desisten de ello y, si no se puede lograr progresos en la cesión de la delegación del IRPF, tantean otros caminos. La cogobernanza de los aeropuertos –Barcelona, Girona y Reus– o el traspaso de las prestaciones por desempleo podrían estar encima de la mesa, sin que ello implique su consecución.
El Gobierno cedió en enero al País Vasco estas ayudas, además de oficinas del SEPE y 530 funcionarios
En esta fase del “sin pausa, pero sin prisa”, lo que se ha concretado es el método de negociación y la conformación de varios grupos de trabajo centrados en ámbitos sectoriales del presupuesto y del cumplimiento de los acuerdos que propiciaron la investidura de Salvador Illa. Las reuniones se han mantenido incluso esta Semana Santa, aunque no se ha entrado en demasiadas concreciones. Pero pronto habrá que entrar en el quid de la cuestión: el traspaso competencial asociado a los presupuestos.
Esquerra Republicana defiende que esta propuesta tiene que ser “igual o mejor” que la recaudación del IRPF, que es un asunto que está encallado. Una posible respuesta radica en un precedente reciente de traspaso del Gobierno al País Vasco. Se acordó en enero de este año entre ambas administraciones la cesión de la prestación contributiva por desempleo. En un real decreto de marzo, se concretó el traspaso de los bienes patrimoniales y personales adscritos a esta prestación. Ello implica, para el País Vasco, la gestión de 822 millones, 30 oficinas del SEPE y más de 530 funcionarios.
Un acuerdo como el del lehendakari para cogestionar los aeropuertos no bastaría a los de Junqueras
También se pactó el traspaso de las prestaciones asistenciales por desocupación, aunque su materialización llegará más tarde. Están también la de agotamiento de la prestación contributiva, por cotizaciones insuficientes, para personas mayores de 52 años, para emigrantes retornados, víctimas de violencia de género o sexual y la renta agraria. Poder incidir en las políticas pasivas de empleo es uno de los escenarios que se puede manejar para “ganar soberanía”.
Pese a no constar en los acuerdos de investidura, esta es una reclamación histórica de Esquerra. En el 2020 ya promovió una proposición no de ley en el Congreso para el traspaso de estas prestaciones, y, a finales del 2025, apoyó una moción de Junts que instaba a exigir las competencias de la Seguridad Social. Esa iniciativa contó, a su vez, con el rechazo del PSC.
El Govern insiste en no hipotecar el futuro de las cuentas catalanas a las concesiones de Madrid
Por otro lado, la reunión del pasado 27 de marzo en la Moncloa entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales –de la que salió un acuerdo para la creación de un órgano bilateral aeroportuario que dé al País Vasco un margen de decisión en la estrategia para estas infraestructuras– ha situado el foco, precisamente, en la posibilidad de que Catalunya también pueda contar con ello y se convierta en una pista de aterrizaje entre el Govern y ERC para acompañarlo de la validación de las cuentas catalanas.
No obstante, fuentes al corriente de la negociación exponen que los republicanos no lo han propuesto. En otoño del 2024, la parte socialista y de ERC sí que se embarcaron en este tema, puesto que figura en el acuerdo de investidura el impulso de un “nuevo modelo de gestión y gobernanza” aeroportuaria en Catalunya. Se ha negociado durante meses. Lo que se llegó a concretar es un esquema similar al conseguido por los vascos, pero la carpeta está frenada ante la negativa de Aena a que se vaya más allá de ello, que es lo que quiere ERC.
La delegación del IRPF no desaparece de la ecuación, pero los relevos en el Ejecutivo no dan más esperanza a ERC
La compañía se ha abierto a ampliar los espacios de coordinación con las comunidades autónomas, pero no a cambiar el modelo de gobernanza. Por ello ya ha advertido que estudia efectuar las “medidas legales oportunas” ante el pacto sellado entre el presidente del Gobierno y el lehendakari.
En el caso catalán, en enero se creó la Autoritat Aeroportuària de Catalunya para centralizar y desplegar las competencias que la Generalitat tiene transferidas en materia de gestión aeroportuaria. Se trabaja en una ley que el Govern querría que se aprobara antes de finales de año y que permitiría influir algo más en la toma de decisiones sobre los aeropuertos, pero no a entrar en la gestión de los tres que dependen de Aena. Es un asunto que se ve espinoso y difícil de lograr.
Con todo, de esta lista de hipotéticos avances competenciales que faciliten la aprobación de los presupuestos permanece la recaudación del IRPF. No es una línea roja, pero desde Esquerra Republicana recuerdan que consta en los acuerdos de investidura y que el president Illa se ha comprometido a su cumplimiento. También recuerdan que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, defendió en una entrevista radiofónica la delegación de este tributo.
Pero lejos de la creencia que había hasta que ocurriese, este nombramiento sumado al de Arcadi España como ministro de Hacienda –con una visión federal del Estado–, no hace prever a los republicanos un significativo cambio de posición del Gobierno. Intuyen que la salida de María Jesús Montero del Ejecutivo se podría haber utilizado como una “excusa”, y que, en realidad, no variará casi nada. Lo que todas las partes tienen claro es que de competencias irá (y dependerá) la discusión presupuestaria y, con ello, el futuro de la legislatura catalana.
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