La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana retoma este lunes las declaraciones de testigos con la citación de dos responsables de bomberos forestales mientras analiza la posible incorporación a la causa de ocho víctimas mortales más que podrían elevar la cifra total a 240, en función de lo que dictaminen los informes forenses.
Bomberos forestales, el diputado provincial de Medio Ambiente y la ex directora general de Prevención de Incendios Forestales, entre los citados esta semana
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana retoma este lunes las declaraciones de testigos con la citación de dos responsables de bomberos forestales mientras analiza la posible incorporación a la causa de ocho víctimas mortales más que podrían elevar la cifra total a 240, en función de lo que dictaminen los informes forenses.
La complejidad de la investigación es tal que, cerca de que se cumplan dos años de la tragedia, todavía no existe una cifra cerrada de víctimas que perecieron como consecuencia directa de la riada.
Cuando se cumplen dos años de la tragedia, todavía no existe una cifra cerrada de víctimas
Según han confirmado recientemente fuentes judiciales, existen ocho expedientes abiertos a la espera de que las conclusiones de los médicos forenses determinen si esas ocho personas van a ser consideradas víctimas de la dana, por lo que todavía es posible que la cifra definitiva de fallecidos se eleve de los 232 actuales a los 240.
La última víctima mortal, reconocida como tal la semana pasada, es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico y finalmente falleció el 6 de noviembre de 2024 en el Hospital de La Ribera (Alzira).
Anteriormente, el 13 de julio, la instructora también incluyó a un hombre que falleció en la localidad de Benetússer de un infarto agudo de miocardio.
Declaraciones de testigos
Tras las declaraciones de los responsables de las unidades de bomberos forestales de Alzira y Buñol, previstas para este lunes, el jueves será el turno del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, quien ya declaró el pasado 2 de marzo.
La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, testificó que le avisó minutos antes de las 19 horas de la inundación del Poyo en su cabecera.
El jueves también está citada Rosa María Touris, ex directora general de Prevención de Incendios Forestales (cesó a petición propia el 19 de noviembre de 2025).
El 21 de septiembre deberá comparecer un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el día 23 Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, el día 24 Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, y el día 30 Andoni León, alcalde de Pedralba.
Durante el próximo mes de octubre están citados once testigos, ocho de ellos alcaldes de municipios afectados por las riadas y una exalcaldesa, y más responsables de unidades de bomberos forestales.
La actividad judicial se retoma tras el parón de agosto
La instructora de Catarroja, tras el parón de agosto, ha retomado su actividad y desde su juzgado se han emitido ya varios autos, providencias y diligencias de ordenación relacionadas con esta macrocausa, entre ellas la petición de una nueva prórroga de la instrucción de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento, es decir, desde el próximo 30 de octubre.
Uno de los escritos que más impacto mediático ha tenido desde la vuelta de vacaciones ha sido el que presentó ante la jueza, el mismo 1 de septiembre, la defensa del expresident Carlos Mazón para rechazar la existencia de una relación causal entre el retraso del envío del mensaje ES-Alert avisando a la población la tarde del 29 de octubre de 2024 del peligro de la crecida del agua de ríos y barrancos y el número de víctimas mortales que causó esa dana.
El abogado del expresident desarrollaba, a lo largo de 66 páginas, argumentos en descargo de su representado, entre otros que este no tuvo responsabilidad por omisión en la catástrofe, porque no era el responsable de adoptar medidas de prevención y que no intervino en la redacción o contenido del mensaje ES-Alert.
Tres días después, la jueza le contestaba en un auto para negar que exista una “investigación prospectiva” respecto del expresident, pues recordaba que se trata de una persona aforada, por su condición de diputado autonómico: “La afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva contra Mazón es una afirmación hueca, sin refrendo ni mención a diligencia alguna que tenga tal carácter”, apuntó la jueza.
Las asociaciones de víctimas, por su parte, han decidido que la movilización mensual en protesta por la gestión de la dana y para reclamar responsabilidades a Mazón saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y celebrará el próximo 26 de septiembre una concentración en la ciudad de Alicante, donde tiene su oficina como expresident de la Generalitat.
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