La acusación popular que lidera la organización ultra Hazte Oír en el caso de Begoña Gómez ha reclamado 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por “riesgo de fuga”. También pide 22 años para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. Por su parte, la mujer de Pedro Sánchez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla al ver vulnerados sus derechos de defensa.
La acusación popular reclama 22 años para la asesora Cristina Álvarez, seis para el empresario Juan Carlos Barrabés y la retirada de pasaporte de los tres por “riesgo de fuga”
La acusación popular que lidera Hazte Oír en el ‘caso Begoña Gómez’ ha reclamado 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por “riesgo de fuga”.
En su escrito de acusación, pide —en representación de las diversas acusaciones populares de la causa— la apertura del juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La acusación popular considera que existe “un evidente y fundado riesgo de fuga” por parte de los tres investigados
Hazte Oír también pide 22 años y medio de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.
Y considera que existe “un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres”, por lo que interesa que, como medidas cautelares, se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.
Este pasado sábado, la organización Manos Limpias solicitó como acusación popular 10 años y tres meses de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno: ocho años de cárcel por supuesta malversación, más dos años y tres meses por tráfico de influencias, además de “pena de multa del duplo del beneficio económico obtenido”.
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