El PP y Vox han acordado la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y la entrada del partido ultra en el Gobierno andaluz a cambio de una serie de medidas, reformas y concesiones recogidas en un acuerdo de 150 medidas. El pacto conlleva la entrada del candidato de Vox Manuel Gavira como vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
El documento del acuerdo entre Moreno-Bonilla y el partido de Abascal recoge la “prioridad nacional” y promete la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”
El PP y Vox han acordado la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y la entrada del partido ultra en el Gobierno andaluz a cambio de una serie de medidas, reformas y concesiones recogidas en un acuerdo de 150 medidas. El pacto conlleva la entrada del candidato de Vox Manuel Gavira como vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
El acuerdo entre el PP y Vox en Andalucía incluye un apartado dedicado a la inmigración en el que ambas formaciones plantean la supresión de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que, según el texto, participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o actúen como cooperadores necesarios de las mafias dedicadas al tráfico de personas. El documento añade que la Junta de Andalucía no destinará fondos públicos a estructuras que, a su juicio, incentiven el denominado “efecto llamada” y prevé revisar las funciones y la composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante.
El documento también recoge el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el acuerdo, la asignación de estos recursos deberá inspirarse en el criterio de otorgar preferencia a las personas que acrediten un arraigo “real, duradero y verificable” con el territorio, siempre dentro del marco de la legalidad vigente.
En materia de menores extranjeros no acompañados, el acuerdo expresa el rechazo a la política migratoria del Gobierno central y a la llegada de nuevos inmigrantes en situación irregular, tanto adultos como menores, a Andalucía. Asimismo, establece que la Junta se opondrá, por los medios legales, jurídicos y políticos que considere oportunos, a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes irregulares entre comunidades autónomas.
Por último, el texto contempla la realización de pruebas para determinar la edad de inmigrantes en situación irregular mediante una dotación presupuestaria específica destinada a reforzar estos procedimientos. El objetivo declarado por el acuerdo es evitar posibles fraudes en la condición de menor de edad y prevenir la saturación de los servicios destinados a este colectivo.
Política
