El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia este jueves sobre la ley de Amnistía en respuesta a las cuestiones prejudiciales que elevaron sobre el olvido penal tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional, sobre la posibilidad de amnistiar los delitos de malversación y terrorismo. El TJUE debe señalar si la norma que aprobó el Congreso en el 2024 es compatible con el marco legal comunitario.
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo no incluirá una ejecución y es meramente interpretativo, de modo que son los magistrados españoles los encargados de aplicar la resolución
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia este jueves sobre la ley de Amnistía en respuesta a las cuestiones prejudiciales que elevaron sobre el olvido penal tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional, sobre la posibilidad de amnistiar los delitos de malversación y terrorismo. El TJUE debe señalar si la norma que aprobó el Congreso en el 2024 es compatible con el marco legal comunitario.
¿A quién afectará la sentencia?
Esta sentencia marcará el horizonte judicial del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que todavía espera que la amnistía tenga efecto para él y sigue expatriado en Bélgica casi nueves años después del referéndum del 1-O. En la misma situación se encuentran los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. También afectará al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y al secretario general de JxCat, Jordi Turull, así como a otros exconsellers como Raül Romeva y Dolors Bassa. Sobre todos ellos pesa todavía la pena de inhabilitación. En otro plano están la treintena de ex altos cargos del Govern –entre ellos los expresidentes Artur Mas y Puigdemont– a los que el Tribunal de Cuentas reclama responsabilidades contables por los gastos del procés y el 1-O, o los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) procesados por terrorismo.
¿Quién debe aplicar la sentencia?
La sentencia que emita el TJUE será interpretativa y no ejecutoria. Así las cosas, corresponde a los tribunales españoles aplicar lo que dispongan los magistrados europeos. Aunque la sentencia sea favorable a los intereses de los independentistas, de entrada si situación procesal no cambiará.
¿Qué sucede si la sentencia avala la ley de Amnistía?
En noviembre, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, en su dictamen preceptivo avaló prácticamente la totalidad de la ley de Amnistía. Cuestionó solo los plazos de aplicación que preveía el redactado. Ese informe no es vinculante, pero suele orientar el sentido del fallo. Si los magistrados de Luxemburgo avalan el olvido penal, serán el Tribunal Supremo y el Constitucional los que tengan que mover ficha, en el caso de Puigdemont y los otros exdirigentes del Govern. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deberían archivar también sendas causas. De todos modos, una sentencia que avale la norma supondría un espaldarazo al Gobierno de Pedro Sánchez, que fue muy criticado por Vox y PP por pactar la ley de Amnistía con el independentismo.
¿Qué debe resolver el Constitucional?
Puigdemont y los otros exconsellers llevaron al Constitucional la negativa del Supremo a aplicarles la ley de Amnistía al entender que sí hubo lucro personal, una de las excepciones previstas en la norma para evitar que se pudieran beneficiar las personas encausadas por corrupción. El Tribunal Constitucional ya validó en dos sentencias en el 2025 la ley de Amnistía, pero ha esperado al fallo de los tribunales europeos para emitir su veredicto sobre la negativa del Supremo a aplicar el olvido penal a los líderes del procés. Se espera que le órgano de garantías aborde esos recursos a partir de septiembre u octubre, de modo que hasta otoño no resolverán los recursos de amparo que se presentaron hace un año.
¿El Supremo puede intervenir?
El juez instructor de la causa especial del procés, Pablo Llarena, estará de guardia estas semanas y una vez se conozca la sentencia del TJUE podría pedir a las partes –acusaciones y defensas– que se posicionen. La defensa de Puigdemont considera, de hecho, que debería ser el Alto Tribunal el que aplique la sentencia. Remite a lo que sucedió con la doctrina Parot y recuerda que se puso en la calle a presos de ETA y otros reos comunes –algunos de ellos peligrosos– en cuestión de semanas, en aplicación de la sentencia europea, sin necesidad de que todos ellos tuvieran que hacer nuevos recursos al Constitucional.
¿Qué sucede si el fallo es adverso a los intereses del indepedentismo?
La defensa de Puigdemont ha señalado siempre que la jurisprudencia europea avala que el expresident no sea entregado a España, después de que Llarena denegara la entrega que propuso Alemania en el 2018 por un delito de malversación. En las otras causas que han motivado las prejudiciales se mantendrían las penas o los procesos judiciales abiertos. En cualquier caso, Puigdemont no tendría fácil regresar a Catalunya, en espera de que el Constitucional emita su sentencia, puesto que debe mojarse sobre la posición del Supremo pase lo que pase.
¿Cómo afronta Junts la sentencia?
En JxCat impera la prudencia. Aducen que sea cual sea el fallo la última palabra la tiene la justicia española y ya han tenido algún chasco en ese sentido. Si hace dos años en la organización posconvergente daban por hecho que la entrada en vigor de la ley permitiría el regreso inmediato de los líderes del procés, ahora no quieren avanzar escenarios. Para el último fin de semana de julio se había previsto la conmemoración de la fundación del partido al otro lado de la frontera, como se había hecho en los años anteriores, pero tras conocer el calendario del TJUE se suspendió la cita. Este jueves Turull y el abogado de Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye, harán una valoración del fallo desde Barcelona. También tendrá oportunidad de pronunciarse la organización el sábado en la reunión del consejo nacional.
Algunas voces del partido señalan que un fallo favorable y el eventual retorno del expresident a Catalunya darán pábulo a que el partido tome decisiones sobre cómo encarar el segundo tramo de la legislatura catalana, ahora que Salvador Illa ya tiene presupuestos de la Generlitat y un salvoconducto para llegar al 2028, o bien que aborde debates pendientes en un contexto complejo, en el que los sondeos pronostican malos resultados para JxCat. Con todo, se mantiene la incógnita de si Puigdemont, en caso de regresar, ocupará su escaño en el Parlament –la mayoría de dirigentes vaticina que no lo hará– o si repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat. En estos últimos meses el expresident ha estado alejado de los focos, pero se da por hecho que si vuelve recorrerá toda Catalunya y que su acción política será, sobre todo fuera del parque de la Ciutadella.
¿Cómo afronta el Gobierno el fallo?
En el Gobierno esperan un fallo favorable que dictamine que su apuesta no contravenía el marco legal europeo. En la elaboración de la ley se tuvo en cuenta en todo momento el derecho internacional. En el PSOE, además, también aguardan la sentencia con la esperanza de que un eventual retorno de Puigdemont facilite el acercamiento a Junts en un momento en que el Ejecutivo trata de resistir al asedio de la oposición con la elaboración del proyecto de presupuestos generales del Estado, que serían los primeros –y los últimos– de la legislatura. JxCat, de momento, se opone frontalmente.
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