El boomerang de la operación Catalunya no cesa. La Secció d’Instrucció Especialitzada número 3 de la Batllia d’Andorra, esto es, los juzgados de aquel país, ha admitido a trámite una querella de los antiguos dueños de la Banca Privada d’Andorra contra los seis máximos directivos de la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) por los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad en cuentas bancarias y prevaricación. La AREB es la entidad creada por el gobierno de Andorra en 2015 para administrar la BPA cuando fue intervenida, en una turbia maniobra en la que intervino la llamada policía patriótica, según parecen sugerir todos los indicios.
Los ex dueños de la entidad demandan al organismo creado para organizar su disolución
El boomerang de la operación Catalunya no cesa. La Secció d’Instrucció Especialitzada número 3 de la Batllia d’Andorra, esto es, los juzgados de aquel país, ha admitido a trámite una querella de los antiguos dueños de la Banca Privada d’Andorra contra los seis máximos directivos de la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) por los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad en cuentas bancarias y prevaricación. La AREB es la entidad creada por el gobierno de Andorra en 2015 para administrar la BPA cuando fue intervenida, en una turbia maniobra en la que intervino la llamada policía patriótica, según parecen sugerir todos los indicios.
La querella acusa a la AREB de intentar la liquidación final de BPA sin tener en cuenta los tres procedimientos judiciales que cuestionan todas las gestiones celebradas desde 2015.
En junio de 2014, un directivo del banco, Joan Pau Miquel, fue instado por un miembro de aquella brigada parapolicial a que desvelara si algunos políticos catalanes tenían dinero en aquella entidad.
Pocas semanas después trascendió que Jordi Pujol había tenido dinero allí, aunque BPA ha negado haber entregado tales datos.
El banco fue advertido por la policía española que recibiría un “hachazo” si no entregaba información sobre cuentas independentistas en Andorra
En todo caso, BPA fue amenazada de que recibiría un “hachazo” si no colaboraba, y pocos meses después fue intervenida por el FinCen, que es el organismo creado por Estados Unidos tras los atentados del 11-S de 2001 para la lucha contra la financiación del terrorismo. A BPA se la acusó de actuar como refugio de dinero de cuatro mafias diferentes y se le prohibió operar en dólares, con lo que tanto BPA como su filial española, Banco Madrid, tuvieron que cerrar. BPA se considera víctima de las maniobras de la policía patriótica.
Los procedimientos judiciales abiertos contra aquellos supuestos grupos criminales no han tenido el recorrido judicial que se supuso inicialmente.
La nueva querella, a la que ha tenido acceso este diario, señala que “desde la intervención de BPA y durante estos años, se han presentado varias acciones penales que han tenido como objeto la pésima gestión y desleal administración por parte de los responsables de la AREB” en relación a los bienes del antiguo banco.
El perjuicio económico ha sido “muy alto” para ellos, añaden. La gestora de los últimos diez años falseó “reiteradamente” las cuentas anuales, dice.
Los querellantes son los hermanos Higini y Ramon Cierco, dueños de la entidad, y quien era su director general y hombre de máxima confianza, Joan Pau Miquel. Éste logró grabar en 2014 las amenazas de un enviado del ministerio del Interior.
La demanda cuestiona que el organismo de liquidación obvie tres investigaciones judiciales en marcha que analizan toda su gestión previa
Hay seis querellados: la presidenta del consejo de administración de la AREB, Sílvia Cunill; el vicepresidente, Armand Pujal; los consejeros Charles Cornut, François Lemasson y Joaquim Saurina; y el director general, Òscar Gelabert.
Las tres demandas presentadas anteriormente acerca de la gestión económica por la BPA fueron admitidas a trámite y están siendo investigadas penalmente en Secció d’Instrucció Especialitzada de la Batllia d’Andorra.
La querella admitida ahora responde a una acción de la AREB del 24 de mayo de 2023, cuando presentó la demanda de declaración de quiebra de BPA, es decir, el cierre final de su actividad bancaria, pidiendo además ser designado como administrador judicial para encargarse de la liquidación total de la entidad.
En esta acción, la AREB obviaba que sus directivos están afectados por investigaciones penales en las que constan como investigados, lo que conlleva un “claro conflicto de interés”, dice la nueva querella.
“Resulta evidente que un administrador desleal de un patrimonio no puede convertirse en administrador judicial designado en quiebra de la entidad administrada, cuando sus funciones serán precisamente las de liquidar el poco patrimonio que ha dejado a BPA, fruto de su delictiva gestión en el frente de la misma”, argumenta.
La primera de esas tres demandas se presentó en septiembre de 2018: los mismos querellantes denunciaron por administración desleal a Vall Banc -un banco “puente” creado para normalizar el legado de BPA, cuya mayoría de clientes no tenían ningún problema con la justicia- por la venta de la entidad a la filial luxemburguesa del fondo de inversión JC FLOWERS. Éste se hizo con Vall Banc en julio de 2016 por 70 millones de euros cuando los estados financieros de dicho banco eran de 96’2 millones, con lo que el fondo ganó de un plumazo 26’2 millones, según los denunciantes.
La segunda, entre prácticamente los mismos litigantes, se refiere a la migración de clientes de BPA a Vall Banc, y se basa en que aunque la AREB tenía “plena constancia” que los recursos propios de BPA eran negativos, autorizó igualmente la migración de cuentas. Fue admitida en noviembre de 2020.
El tercer litigio –presentado en octubre de 2021- acusaba a Vall Banc de falsear las cuentas sociales, al presentar sus resultados, auditados por Ernst & Young, omitiendo los procedimientos judiciales en los que se hallaba inmiscuida, algo parecido a lo que ahora se esgrime.
El Institut de Drets Humans d’Andorra intentó implicar a Mariano Rajoy en las maniobras de la “policía patriótica” de su gobierno
En aquel caso se dirigía contra dicha consultora y contra la Autoritat Financera Andorrana (AFA), heredera de lo que entre 1989 y 2018 fue el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), y fue admitida por la justicia un mes después.
En todo caso, el macroproceso -diferente- en el que se ha dirimido la legalidad de la operación de liquidación está a punto de ver el final.
Después de cinco años de juicio, se prevé que la sentencia se haga pública el 15 de julio.
Lee también
Hay otro procedimiento abierto con efectos en España. Una querella del Institut de Drets Humans d’Andorra también admitida a trámite en el país pirenaico imputó al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a diversos miembros de su gabinete, entre ellos los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Hacienda, Cristóbal Montoro, así como media docena más de altos mandos ministeriales.
Hace casi un año, la Audiencia Provincial de Madrid denegó la colaboración judicial española mediante una comisión rogatoria internacional porque la querella andorrana no concretaba los hechos cometidos presuntamente por los querellados. Era suficiente, añadía, “para denegar el auxilio sin mayores consideraciones”.
Política
