Roger Español reclama 13 años de cárcel para los policías nacionales procesados por sacarle el ojo el 1-O. En el escrito de acusación, el activista pide imponer una pena de nueve años de cárcel a los agentes por delito de lesiones con pérdida de órgano y de cuatro años de cárcel por tortura, con el agravante de prevalencia de cargo público así como la inhabilitación durante el período que dure la condena. Además, se solicita una inhabilitación especial para ejercer cualquier función pública durante los trece años de condena y una indemnización de 320.632,06 euros, que debería asumir el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
El activista considera que su caso simboliza el abuso policial del 1-O y reclama una reparación ejemplar tras ocho años de proceso judicial
Roger Español reclama 13 años de cárcel para los policías nacionales procesados por sacarle el ojo el 1-O. En el escrito de acusación, el activista pide imponer una pena de nueve años de cárcel a los agentes por delito de lesiones con pérdida de órgano y de cuatro años de cárcel por tortura, con el agravante de prevalencia de cargo público así como la inhabilitación durante el período que dure la condena. Además, se solicita una inhabilitación especial para ejercer cualquier función pública durante los trece años de condena y una indemnización de 320.632,06 euros, que debería asumir el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.
Su defensa, ejercida por el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia, pide imponer a los procesados el delito de tortura al considerar que el disparo que le causó la pérdida del ojo “se efectuó como represalia por participar” en el 1-O y tenía, así, una “intención clara de castigarle”.
Irídia sostiene que el disparo fue una represalia por ejercer el derecho a protesta el 1-O
Según el escrito, los cuatro agentes procesados eran “perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro hacia ninguno de los agentes policiales actuantes ni hacia terceros”, que “la reunión era pacífica” y que “por la proximidad con la que se encontraban los manifestantes era altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. El tribunal rechazó aplicar la ley de amnistía a estos cuatro agentes, al considerar que no puede amnistiarse una lesión tan grave como la mutilación de un ojo.
“Esta decisión era compartida y aceptada por los cuatro acusados, desde su posición en la escalera de mando, verbalizada en esa dirección y que no fue revertida en ningún momento pese a que la evolución de los acontecimientos cuando se iban produciendo disparos con las escopetas de caucho, llegando a dispararse en ese punto hasta diecisiete balas”, indica.
El tribunal niega la amnistía a los agentes por la gravedad de la mutilación ocular
La defensa de Español asegura que el policía que le sacó el ojo disparó contra él en tres ocasiones y fue la última bala, disparada “voluntariamente”, subraya el documento, la que impactó contra su rostro, cuando se encontraba “entre periodistas con las manos levantadas”, “a tan sólo 14,12 metros”. El rasgo le causó un estallido ocular derecho con fractura orbital y maxilar, así como lesiones físicas y psíquicas graves, con secuelas permanentes, remarca el escrito.
Tras la presentación del escrito de acusación, Español se muestra “convencido” de que su caso es “de los más claros” para “poder denunciar el abuso que se hace de las escopetas de energía cinética en situaciones de protesta”. Asegura que ha sido un proceso largo y emocionalmente desgastante, especialmente por la actualidad constante del 1-O y las recientes negociaciones sobre la ley de amnistía. “Representa una carga emocional muy difícil de gestionar”, dijo. No obstante, se siente satisfecho con la labor jurídica realizada y afirma que “finalmente, y después de casi ocho años, podemos presentar un escrito de acusación con todo el peso de las evidencias”. “Este mar de impunidad debe acabar. No entendería otro veredicto que el de culpabilidad”, remarca. Recuerda también que él mismo fue amnistiado tras haber sido acusado del delito de atentado por lanzar una valla contra los agentes en las inmediaciones del colegio Ramon Llull, utilizado como centro de votación.
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