Al Gobierno de Donald Trump no parece importarle nada que un error administrativo, como ya admitió ante un tribunal, se convierta en un error fatal.
La juez ordena el regreso del salvadoreño protegido y la Administración apela
Al Gobierno de Donald Trump no parece importarle nada que un error administrativo, como ya admitió ante un tribunal, se convierta en un error fatal.
El Departamento de Justicia apartó indefinidamente del servicio a uno de sus abogados, Erez Reuveni, porque el viernes compareció en Washington ante una juez de distrito y respondió que el inmigrante Kilmar Ábrego García, residente en Maryland desde el 2011, sin antecedentes penales y con estatus de protección, “no debería haber sido deportado”.
Incluso Reuveni reconoció a la magistrada Paula Xinis que, pese a ser el subdirector interino de la división de litigios de inmigración del departamento, no sabía la razón del arresto. “También me siento frustrado porque no tengo respuestas para muchas de esas preguntas”, contestó.
Kilmar Ábrego García fue deportado a su país, El Salvador, pese a estar legal puesto que su vida peligraba
Kilmar Ábrego García huyó de El Salvador con 16 años. Construyó una nueva vida en Maryland, donde trabajaba como mecánico tras casarse con una ciudadana estadounidense. Tienen un hijo de cinco años con problemas psicológicos y comunicativos. En el 2019, en el anterior mandato de Trump, le concedieron del estatus de protección (se descartó que fuera miembro de la banda MS-13, como aún insiste el vicepresidente J.D. Vance), lo que impedía su expulsión. Su vida corría peligro si regresaba a su país.
Lo detuvieron el 12 de marzo, tras recoger a su hijo, que estaba co su abuela, una vez concluida la jornada laboral. A los tres días lo metieron en uno de los vuelos de deportación rumbo a una infame prisión de El Salvador, aplicando una ley de guerra promulgada en el siglo XVIII.
“La ausencia de pruebas habla por sí misma. El Gobierno decidió no presentar ninguna evidencia”, dijo el funcionario bajo juramento. Cuando la juez le cuestionó por qué la Administración estadounidense no podía traer de vuelta a Ábrego, Reuveni replicó que él también se había hecho esa pregunta. “Cuando el caso llegó a mi despacho, la primera cosa que hice fue plantear esa misma cuestión. Todavía no he recibido una respuesta satisfactoria”, afirmó.
La magistrada acordó que Ábrego García debe estar de retorno antes de las 23.59 horas de este lunes. Calificó de “totalmente ilegal” su deportación, “un shock a la conciencia”. Según su resolución, “no existe justificación alguna, ni se demostró que fuera de una banda”.
Si después de una primera audiencia la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem sostuvo que, pese al error, ya no se podía hacer nada para ese regreso porque ya estaba en El Salvador, la fiscal general Pam Bondi ordenó apelar esa decisión para frenar la orden de la juez Xinis. Según su argumento, la magistrada no tiene autoridad para relacionarse con un país extranjero y reclamar la vuelta a EE.UU. de esa persona.
Esa orden fue acompañada con la suspensión de Reuveni, al que sus superiores ensalzaron como un fiscal “de primera categoría” en un correo electrónico. En ese correo, y después de quince años en la división de inmigración, anunciaron su ascenso hace dos semanas.
Pero todo ha cambiado y se ha convertido en el último de los funcionarios suspendidos, degradados, transferidos o despedidos por negarse a cumplir una directiva de cargos nombrados por Trump de tomar medidas que consideraban inapropiadas o poco éticas.
“Bajo mi dirección, todo abogado del departamento está obligado a defender celosamente los intereses de Estados Unidos”, señaló en un comunicado la responsable de Justicia. “Cualquier abogado que no cumpla con esta directiva afrontará consecuencias”, amenazó Pam Bondi.
No deja de ser una nueva fricción entre la rama judicial y la Administración Trump, que algunos jueces han criticado por sus tácticas de litigio.
Reuveni ya había desaparecido la noche del sábado de la lista de abogados del Gobierno para plantear la apelación a la orden de regreso dictada por la juez.
En esa audiencia celebrada el viernes, Reuveni pidió a la juez un plazo de 24 horas para convencer a “su cliente”, la Administración Trump, para que empezara el proceso de repatriación del inmigrante protegido.
Si bien la magistrada le dio un plazo aún más largo, el funcionario se encontró con que Todd Blanche, fiscal general adjunto, y ex defensor penal de Trump en sus asuntos judiciales, le acusó en menos de esas 24 horas de “participar en una conducta prejudicial para su cliente”.
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