Polarización extrema en EE.UU.: ¿riesgo de guerra civil?

En agosto del 2017, dos grupos de estadounidenses se enfrentaron a la sombra de la guerra civil, figurada y literalmente, bajo unas estatuas que honraban a generales rebeldes. Neonazis, miembros del Ku Klux Klan y de otros grupos de extrema derecha acudieron desde todo el país a Charlottesville (Virginia) para participar en una manifestación nacionalista blanca. Bajo el lema “Unite the Right” (Unir a la derecha), la concentración pretendía fusionar, en los inicios del primer mandato de Trump, a la extrema derecha con el cada vez más reaccionario Partido Republicano. Cientos de contramanifestantes multirraciales (algunos encabezados por pastores, sacerdotes y un rabino local; otros, vestidos de negro e inspirados en los movimientos antifascistas europeos) se congregaron para oponerse a ellos.

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 La violencia política, los indultos a los asaltantes del Capitolio, la radicalización ultra y el debilitamiento de las instituciones alimentan en el país el temor a una inestabilidad crónica  

En agosto del 2017, dos grupos de estadounidenses se enfrentaron a la sombra de la guerra civil, figurada y literalmente, bajo unas estatuas que honraban a generales rebeldes. Neonazis, miembros del Ku Klux Klan y de otros grupos de extrema derecha acudieron desde todo el país a Charlottesville (Virginia) para participar en una manifestación nacionalista blanca. Bajo el lema “Unite the Right” (Unir a la derecha), la concentración pretendía fusionar, en los inicios del primer mandato de Trump, a la extrema derecha con el cada vez más reaccionario Partido Republicano. Cientos de contramanifestantes multirraciales (algunos encabezados por pastores, sacerdotes y un rabino local; otros, vestidos de negro e inspirados en los movimientos antifascistas europeos) se congregaron para oponerse a ellos.

En el centro del conflicto se hallaba una estatua que conmemoraba a un protagonista de la sangrienta guerra de Secesión estadounidense (1861-1865). Erigida en 1924 (a los 60 años del final de la contienda), la estatua del general rebelde derrotado Robert E. Lee era, en realidad, un monumento al revanchismo sureño y las leyes Jim Crow favorecedoras de la segregación. A principios del 2017, el Ayuntamiento de Charlottesville había votado a favor de retirar la estatua de Lee y otros monumentos confederados, cediendo con ello a los deseos de esa ciudad universitaria, diversa y progresista, y a la presión de los activistas negros. Los grupos de extrema derecha (muchos de los cuales buscan abiertamente una nueva guerra civil sectaria o una guerra racial apocalíptica que, según sus fantasías, terminará con la expulsión o el exterminio de los no blancos y los judíos) se aferraron a dicha medida simbólica y la utilizaron para movilizar a sus seguidores.

Durante horas, ambos bandos se enfrentaron en las calles del centro de Charlottesville, intercambiando golpes con porras, escudos, bombas de humo y gas lacrimógeno. Hubo disparos de al menos un arma de fuego. Cuando los contramanifestantes se dirigían a sus casas, un neonazi embistió con su Dodge Challenger a un grupo que caminaba por la zona peatonal de la ciudad e hirió al menos a 35 personas. Heather Heyer, una asistente jurídica de 32 años de Charlottesville, perdió la vida. Como escribió poco después la académica y activista Mab Segrest: “Los enfrentamientos callejeros en Charlottesville nos dan una imagen de cómo podría ser una [nueva] guerra civil”.

Por supuesto, los acontecimientos del 2017 no desencadenaron ninguna guerra civil. La ola de indignación nacional ante el espectáculo de esvásticas en las calles de una ciudad universitaria y, sobre todo, la repulsa por el ataque que acabó con la vida de Heather Heyer desacreditaron a los dirigentes más destacados de los grupos congregados en Charlottesville, incluidos los nacionalistas blancos Richard B. Spencer, Matthew Heimbach y Austin Gillespie, conocido por el nom de haine de Augustus Sol Invictus. Ese rechazo popular desbarató los intentos de ambigüedad en relación con el apoyo a los supremacistas blancos; y, sobre todo, el infame intento del presidente Trump de afirmar que había habido “gente muy buena en ambos bandos”. Tanto el neonazi que mató a Heyer como los cabecillas del acto fueron juzgados y condenados, en tribunales penales y civiles respectivamente. Eso ofreció a los estadounidenses la prueba de que los regímenes de la ley y la justicia seguían vigentes y funcionando; un factor clave, según los politólogos, para prevenir el estallido de la violencia interna.

La esperada guerra civil

Sin embargo, en los nueve años que han seguido, las fuerzas desatadas en Charlottesville no se han quedado en Charlottesville. A raíz del “Unite the Right”, los aceleracionistas (a menudo, grupos difusos cuyos miembros se unen por un deseo compartido de acelerar el impulso hacia la guerra civil o racial) se organizaron en internet, impulsados por una combinación de nihilismo, ansias de violencia y el convencimiento de que solo el conflicto armado puede acabar con lo que ellos consideran unas amenazas existenciales encarnadas en el pluralismo y la democracia multirracial.

Algunos de esos grupos denominan a esa esperada guerra civil que esperan el Boogaloo (el nombre se basa en un meme de internet que imagina una “Civil War 2: Electric Boogaloo”, un juego de palabras con el título de la secuela de una película kitsch de los años ochenta, que rima en inglés). Durante las protestas del 2020 que estallaron en todo el país a raíz del asesinato policial de George Floyd en el estado de Minnesota, los llamados “Boogaloo Bois” se infiltraron en las manifestaciones por los derechos civiles y provocaron disturbios con la esperanza de que se culpara al movimiento Black Lives Matter. Ivan Harrison Hunter, un hombre de 24 años de Texas, viajó casi dos mil kilómetros hasta Minneapolis para disparar al azar un AK-47 contra una comisaría de policía. Posteriormente se declaró culpable de incitar una revuelta.

Meses después, el 6 de enero del 2021, ultraderechistas curtidos en la batalla callejera de Charlottesville del 2017 ayudaron a dirigir la carga pro-Trump contra el Capitolio, en un intento de sabotear violentamente el recuento de votos que certificaría que Trump había perdido su primer intento de ser reelegido. Unas 1.600 personas fueron acusadas de delitos relacionados con el intento de golpe de Estado. Sin embargo, al volver al cargo en el 2025, Trump concedió un “indulto total, completo e incondicional” a todos los alborotadores y cabecillas, incluidas 1.270 personas que ya habían sido condenadas por sus delitos. Entre los indultados se encontraban Enrique Tarrio, jefe de los neofascistas Proud Boys, que cumplía una condena de 22 años por conspiración sediciosa, y Tyler Bradley Dykes, un antiguo marine estadounidense caído en desgracia, participante en las marchas neonazis en Charlottesville y que fue grabado utilizando un escudo antidisturbios robado a la policía y haciendo el saludo nazi mientras ayudaba a otros alborotadores a entrar en el Capitolio. Dykes se presenta ahora al Congreso por Carolina del Sur.

Trump absuelto

El propio Trump no sufrió consecuencia alguna por su incitación a los disturbios ni por su intento más amplio de invalidar las elecciones del 2020. A diferencia de sus homólogos internacionales, como Jair Bolsonaro en Brasil o Yoon Suk Yeol en Corea del Sur, Trump no fue condenado a prisión ni se le impidió volver a ocupar una posición de poder. Fue sometido a un segundo juicio político, un hecho sin precedentes en un presidente de EE.UU.; pero un Senado muy dividido lo absolvió con la excusa de que el sistema judicial tendría tiempo para procesarlo más tarde. Su sucesor, Joe Biden, se adhirió a las normas tradicionales de EE.UU. y permitió que el De­par­tamento de Justicia operara de forma independiente y sin presiones políticas. A continuación, cometió el error fatal de nombrar como fiscal general a Merrick Garland, un moderado que parecía creer que el Departamento de Justicia dispondría de tiempo ilimitado para investigar y procesar los delitos.

El resultado de todo eso, junto con la oportuna intervención de un Tribunal Supremo cuya mayoría conservadora incluía a tres jueces nombrados por Trump, fue que los intentos de llevarlo a juicio por sus presuntos delitos federales no se completaron antes de las elecciones del 2024. El Tribunal Supremo, en particular, dio un paso sorprendente en un caso conocido como “Trump contra EE.UU.” al decidir que el presidente estadounidense goza de inmunidad presunta por lo que el tribunal consideró “actos oficiales”, incluidos los intentos de utilizar como arma los organismos administrativos. El caso, en el que los tres jueces liberales discreparon, fue ampliamente considerado como una concesión efectiva a un futuro gobierno republicano de un    cheque en blanco para actuar con impunidad, al tiempo que se creaban excepciones que podrían utilizarse para procesar a un futuro presidente demócrata. Así, se permitió a Trump presentarse de nuevo, sin que llegara a los votantes desinformados la señal correspondiente de que había cometido delitos. Cuando Trump derrotó por un estrecho margen a la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris, los casos federales en su contra fueron desestimados.

El mensaje era inequívoco: la violencia política al servicio de la causa correcta (la causa de la derecha) sería recompensada, no castigada.

Guerra civil o inestabilidad sostenida

Ahora que Trump ha vuelto con fuerza al poder y ha roto las barreras del aparato administrativo y del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos estadounidenses se preguntan abiertamente si no acecha en el horizonte una nueva guerra civil. Según una encuesta publicada en noviembre del 2025 por la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, una organización paraguas que agrupa a más de 240 organizaciones nacionales de derechos humanos y civiles, un 57% de los encuestados coincidía en que EE.UU. se encamina hacia otra guerra civil.

Los politólogos no están tan seguros. Benjamin Jensen y Joseph K. Young, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Wa­shing­ton DC, argumentaron a finales del 2025 que veían “pocos incentivos estructurales para una segunda guerra civil estadounidense… la economía es fuerte, el Gobierno y el ejército son capaces, y ningún grupo está tratando de separarse o anexionar territorio para asegurarse recursos naturales”. De modo más reciente, Barbara F. Walter, pese al título de su influyente libro del 2022 How civil wars start: And how to stop them, no ha pronosticado una conflagración total en el campo de batalla, sino más bien un “período de entre diez y veinte años de inestabilidad y violencia sostenidas”, una versión estadounidense de los años de plomo italianos.

Polarización política extrema

Todos, en mi opinión, están reaccionando ante el mismo conjunto básico de percepciones y hechos. En EE.UU. existe una polarización política extrema y un ritmo creciente de violencia política. En el 2025, un hombre armado que se hacía pasar por agente de policía asesinó en su domicilio a una destacada legisladora estatal demócrata de Minnesota junto con su marido, y luego disparó contra un senador estatal y su esposa. Tres meses después, Charlie Kirk, un destacado activista conservador y aliado clave de Trump, fue asesinado a tiros por un francotirador cuando hablaba en un acto universitario en Utah. Muchos estadounidenses aplaudieron el asesinato de un ejecutivo de una aseguradora médica en Nueva York. El propio Trump sobrevivió a un intento de asesinato durante la campaña electoral del 2024; y él, al estilo de Francisco Franco, atribuyó el hecho a un acto de la divina providencia y lo convirtió en el eje central de su regreso al cargo. Al volver a la Casa Blanca, Trump sustituyó un retrato enmarcado de su predecesor, Barack Obama, por una versión pop art de la foto en la que aparece con la cara salpicada de sangre (ya fuera a causa de una esquirla o el roce de la bala) levantando el puño ante la multitud tras el atentado en Pensilvania.

Trump ha politizado a unas Fuerzas Armadas estadounidenses tradicionalmente apartidistas, ha apartado a generales y almirantes de quienes sospechaba deslealtad personal y ha ascendido a oficiales subalternos y activistas políticos más dispuestos a cumplir sus órdenes. Las premisas de una economía estadounidense fuerte y de unas Fuerzas Armadas ampliamente respetadas (así como la cohesión de la coalición política de Trump) se han visto duramente puestas a prueba por la guerra con Irán. Las cruciales elecciones de mitad de mandato que se celebrarán a finales de este año y en las que Trump intenta por todos los medios intervenir, ponen en juego el control partidista de un Congreso muy dividido. Si ganan los demócratas, como prevén las encuestas, Trump o sus aliados podrían intentar impedir la toma de posesión de la nueva legislatura, lo que desencadenaría una crisis política sin precedentes en EE.UU. Trump también ha considerado en voz alta la posibilidad de hacer caso omiso del límite de dos mandatos presidenciales establecido en la Constitución de EE.UU., lo que podría desencadenar una crisis en el 2028.

Conclusión

En resumen, es poco probable que se produzca una crisis sectaria del tipo que marcó la guerra civil del siglo XIX. A pesar de la percepción de estados rojos y azules, perpetuada por los mapas que corren por internet y un sistema electoral presidencial mayoritario, EE.UU. está en realidad muy integrado en términos políticos, ya que casi todos los estados albergan ciudades mayoritariamente liberales y zonas suburbanas y rurales más conservadoras, con una mezcla aún mayor entre ambas. Del mismo modo, la fantasía de la extrema derecha de una guerra racial apocalíptica choca con una realidad en la que, como se vio con los contramanifestantes en Charlottesville, las comunidades de muchas razas, etnias y orígenes conviven, a veces incluso dentro de las mismas familias y personas. Sin embargo, no hace falta una guerra civil clásica, con un Estado fracturado o luchas por el territorio, para ver un aumento de la violencia política y la inestabilidad. Un país puede perder su democracia, motín indultado tras motín indultado y asesinato político tras asesinato político.

Jonathan M. Katz es periodista y autor de ‘Gangsters of capitalism: Smedley Butler, the Marines, and the making and breaking of America’s Empire’

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