La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la “guerra sucia judicial” que, a su juicio, están desempeñando los sectores reaccionarios “atrincherados” en el Poder Judicial para incumplir las leyes que no les gustan como es el caso de la ley de Amnistía que el Tribunal Supremo avala que no se le aplique al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Belarra carga contra la intención de los sectores reaccionarios “atrincherados” en el Poder Judicial de incumplir las leyes que no les gustan.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la “guerra sucia judicial” que, a su juicio, están desempeñando los sectores reaccionarios “atrincherados” en el Poder Judicial para incumplir las leyes que no les gustan como es el caso de la ley de Amnistía que el Tribunal Supremo avala que no se le aplique al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Así lo ha afirmado Belarra este mediodía en el Congreso después de que el alto tribunal haya respaldado la decisión del magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros en la Generalitat Toni Comín y Lluís Puig, al considerar que interpretó correctamente la excepción prevista para ese ilícito en la propia ley.
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![CORRECTION / Fugitive Catalan independence leader and MEP Carles Puigdemont, gives a press conference, one year after the signature of an agreement with the Socialist Party to form a new government in Brussels on December 9, 2024. (Photo by JOHN THYS / AFP) / #emoji147;The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by JOHN THYS has been modified in AFP systems in the following manner: [December 9] instead of [December 4]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.#emoji148;](https://www.lavanguardia.com/files/image_334_164/files/fp/uploads/2025/03/11/67cf72c38c70e.r_d.4262-3110.jpeg)
“Esto revela hasta qué punto en este país hay sectores reaccionarios que están atrincherados en el Poder Judicial, que llevan a cabo una guerra sucia judicial contra las leyes que no les gustan y que incumplen las leyes que no les gustan”, ha lanzado la diputada morada.
A juicio de la líder morada, la posición del TS ilustra que España, bajo su criterio, padece un “problema democrático de primer orden” que el PSOE se “ha negado a resolver”, tras pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP. Un pacto que, para Belarra, implicó entregar este órgano “a la derecha más reaccionaria”. “Hoy estamos viendo las consecuencias”, ha zanjado.
El TS aplaza su fallo por la demanda de García Castellón para ver si puede juzgar a Belarra como aforada por sus tuits
Por otro lado, el Tribunal Supremo (TS) ha aplazado su fallo por la demanda que presentó el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la líder de Podemos Ione Belarra para aclarar si puede juzgar a la diputada como aforada por las publicaciones que hizo en su cuenta personal de ‘X’, en las que llamó “corrupto” y prevaricador al exjuez de la Audiencia Nacional, o si correspondería a un juzgado de lo civil.
Así lo ha acordado el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, en la audiencia previa que se ha celebrado en el alto tribunal a raíz de la demanda civil que presentó García Castellón por presunta “intromisión ilegítima en el derecho al honor” y en la que reclama 240.000 euros.
Sancho ha dado 10 días a los abogados y la Fiscalía para que se pronuncien sobre si los actos que son objeto de controversia -es decir, las manifestaciones de Belarra- tuvieron lugar por parte de una diputada, que gozaría de la condición de aforada ante el Supremo, o por parte de una ciudadana que no tiene dicha condición -lo que llevaría el asunto a los juzgados de lo civil-.
Cabe recordar que la Fiscalía ya aseguró en el informe escrito que presentó ante el tribunal que “las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad”.
Belarra, por su parte, defiende que el artículo 10 del estatuto del diputado garantiza su “inviolabilidad” para manifestar opiniones en el ejercicio del cargo.
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