Medio centenar de periodistas han firmado un comunicado remitido, entre otros, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el que alertan de que la imputación de cuatro de sus compañeros por informar en el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, puede ir “gravemente” contra el “derecho de la sociedad a una información veraz”.
En un escrito, recuerdan que los periodistas gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española
Medio centenar de periodistas han firmado un comunicado remitido, entre otros, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el que alertan de que la imputación de cuatro de sus compañeros por informar en el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, puede ir “gravemente” contra el “derecho de la sociedad a una información veraz”.
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, dirigido por la jueza Adelaida Medrano, ha citado a declarar a estos cuatro periodistas de El País, 20 minutos y El Mundo el próximo 19 de junio como presuntos autores de un delito de revelación de secretos.
En el documento, 55 informadores de 27 medios de comunicación censuran la apertura de una investigación que, advierten, “puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia”.
“Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (chilling effect) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas”, señala el texto firmado por los redactores y que estos han remitido a la presidenta del Supremo y del CGPJ, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, y a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco.
El informe por el que han sido imputados era uno entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del Supremo que investiga una supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general. Tal atestado fue notificado a todas las partes del proceso, incluido acusación particular y populares, además de a las defensas de todos los investigados.
El texto de los periodistas subraya que las quejas de los investigados al instructor por la publicación de informaciones relativas a la causa se dirigían contra las partes personadas en la causa del Supremo y en ningún caso a los profesionales de los medios de comunicación, que gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española. “Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional”, recoge el escrito, que reivindica “la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido” de la causa dirigida contra García Ortiz.
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