El sistema que entró en vigor en enero acumula casi 200.000 peticiones y podría dejar fuera del mercado a casi el 45% de la oferta vacacional Leer El sistema que entró en vigor en enero acumula casi 200.000 peticiones y podría dejar fuera del mercado a casi el 45% de la oferta vacacional Leer
En exactamente dos días se hará efectiva la normativa europea que exige a todo propietario que tenga una vivienda destinada al alquiler de corta duración, ya sean turísticos o de temporada, a inscribirse en el Registro Único de Arrendamientos si quieren continuar anunciándose en las plataformas digitales. Este sistema, que entró en vigor el pasado mes de enero, pero que no será obligatorio hasta el 1 de julio, asigna un número de identificación a cada inmueble de uso turístico o de temporada, que tendrá que aparecer en sus respectivos anuncios con el fin de reforzar el control y la transparencia en el sector ante la proliferación desmedida de este tipo de viviendas en nuestro país. Aunque los propietarios han tenido tiempo suficiente para solicitarlo, ha sido en el último mes cuando los registradores de la propiedad -encargados de gestionar las solicitudes-, han recibido una avalancha de peticiones que rozan ya las 200.000. «Se acerca la fecha y en estas últimas semanas han aumentado considerablemente las peticiones», asegura José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, que espera que sigan aumentando los próximos días. En total, desde el 2 de enero se acumulan 199.686 peticiones, de las cuales 125.000 han sido en el mes de junio.
Aunque aún hay margen para obtener el número, 168.609 viviendas deberán eliminar sus anuncios de plataformas como Airbnb o Booking a partir del martes. Esta cifra representa el 45,7% de los 368.295 pisos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha identificado como turísticos.
El Ministerio de Vivienda, que trabaja con los datos remitidos por el Colegio de Registradores cifra, a cierre de esta edición, 90.046 solicitudes aprobadas, 17.596 denegadas y 92.044 pendientes aún de verificación. Además, especifica que la mayoría corresponden a alquileres turísticos (156.938) y se concentran principalmente en las provincias de Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona, que, precisamente, reúnen el 40% de toda la oferta de alojamiento vacacional del país.
Una cifra que variará, sobre todo, porque todas esas solicitudes, tal como señalan desde el Colegio de Registradores, deben ser revisadas una a una para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos. Aunque el sistema asigna un número de forma automática, este tiene carácter provisional, tal y como explican desde la institución. Los registradores cuentan con un plazo de 15 días hábiles para emitir una resolución definitiva, que puede confirmar el código o revocar la solicitud. Entre los motivos más comunes de denegación destacan tres: que la vivienda carezca de la licencia o declaración responsable exigida por el ayuntamiento o la comunidad autónoma; que se trate de una vivienda de protección oficial, por lo que no puede destinarse a este uso; o que los estatutos de la comunidad de propietarios prohíban expresamente el alquiler turístico. «También existen casos más particulares, como solicitudes presentadas por personas que no son los propietarios legítimos del inmueble», explica Tabarés.
Pese a estas excepciones, Tabarés aclara que el papel de los registradores no es conceder licencias, sino garantizar que todas las viviendas destinadas al alquiler turístico que cumplen con los requisitos legales estén correctamente identificadas, evitando así posibles fraudes. «La administración pública debe continuar controlando esta actividad, como ha hecho hasta ahora. La entrada en vigor del registro no sustituye esa labor», puntualiza. Sea como sea, a partir del 1 de julio, cualquier arrendador que no registre su vivienda, o que facilite información errónea o incompleta y no la corrija en un plazo de siete días tras recibir el código provisional, podrá ver cómo el Ministerio retira su inmueble del mercado. Las plataformas digitales tendrán entonces 48 horas desde la notificación para eliminar el anuncio. Además, se podrán imponer sanciones económicas que oscilarán entre 2.000 euros y medio millón, según la comunidad autónoma.
En este sentido, Airbnb ha señalado a este medio que no anticipa cambios en sus anuncios durante la próxima semana y destaca que esta medida aporta «transparencia», aunque habrá que observar cómo evoluciona con el tiempo.
La implementación del Registro Único coincide además con el inicio de la temporada alta de verano, lo que ha generado incertidumbre sobre las reservas formalizadas antes del 1 de julio en viviendas aún no registradas o cuyas solicitudes sean denegadas. Al respecto, el Colegio de Registradores aclara que no habrá sanciones si la reserva se realizó antes de que el registro fuera obligatorio. «Si el contrato se firmó cuando aún no era exigible el código identificativo, no se considera una infracción. Lo único que podría invalidar la operación es que la vivienda, incluso entonces, no cumpliera con los requisitos legales para operar como vivienda turística», concluyen, pero subrayan que esto ya ocurría con anterioridad. «El 99% de los anuncios son correctos, pero sabemos que existe un porcentaje de fraude, y cada verano lo constatamos», explica el vicedecano de los Registradores. «En ocasiones, la realidad no se corresponde con lo que se anuncia; por ejemplo, alquilas un alojamiento y al llegar a la dirección indicada descubres que ese piso no existe. Esto sucede porque nadie ha verificado previamente el anuncio». «La novedad de este sistema es justamente esa: que todos los anuncios serán analizados y contarán con nuestra verificación».
En los últimos años, la regulación para frenar los pisos turísticos ilegales se ha intensificado, lo que ha provocado una notable reducción de su oferta. Entre agosto del año pasado y noviembre, desaparecieron del mercado 28.588 alojamientos, una caída especialmente evidente en ciudades como Madrid y Barcelona, y que probablemente se extienda a otras localidades. En este contexto, el Ministerio de Consumo ha adoptado un papel activo en la lucha contra los pisos ilegales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó las medidas del ministerio, obligando a Airbnb a eliminar casi 66.000 anuncios de su plataforma por incumplimiento de la normativa. Además, la semana pasada, otra plataforma, Booking, retiró más de 4.000 anuncios tras un requerimiento del departamento dirigido por Pablo Bustinduy. Fuentes del ministerio aseguran que en paralelo al registro, Consumo «seguirá teniendo competencias de inspección y sanción en la materia».
Actualidad Económica // elmundo
