Cáncer, menores en tratamiento, rehabilitaciones traumatológicas… la Seguridad Social tendría que asumir cientos de miles de historiales Leer Cáncer, menores en tratamiento, rehabilitaciones traumatológicas… la Seguridad Social tendría que asumir cientos de miles de historiales Leer
El 99,5% de los funcionarios creen que Muface va a desaparecer. Así se desprende de la primera encuesta de calidad de las mutuas realizada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (Csif)… en el año 2014. Una década después, la renovación del convenio entre el Gobierno y las aseguradoras ha vuelto a situar el modelo en el centro del debate público y su posible desmantelamiento mantiene en vilo a un millón y medio de funcionarios y sus familias que podrían quedarse sin asistencia sanitaria privada a partir del 1 de enero de 2025.
Mariano González Clavero es profesor de Historia en un instituto de Valladolid. A sus 50 años, y tras dos décadas como funcionario cubierto por la sanidad privada de Muface, «nunca había utilizado los servicios, tenía el talonario sin estrenar». Ahora ha tenido que acudir a la atención de Adeslas por una infección menor. «Nada grave», explica, aunque reconoce que trasladar su caso a la sanidad pública «sería volver a empezar». En conversación con EL MUNDO, expresa su «preocupación absoluta» por el eventual fin del modelo. Afirma que defiende y apoya la sanidad pública y confía en ella, pero admite que «es el peor momento para desmantelar Muface y pasar al funcionariado en masa a la Seguridad Social, porque está bajo mucha presión y atraviesa una crisis de saturación».
El profesor Mariano González Clavero.Javier Cuesta
Para contextualizar el testimonio de este profesor vallisoletano es necesario exponer algunos datos. Se calcula que el modelo de mutualismo aporta un ahorro al Estado de unos 1.000 millones de euros anuales. El desembarco de los mutualistas en el sistema público de atención sanitaria dispararía las listas de espera un 266% para consultas externas y un 115% para intervenciones quirúrgicas. Y serían necesarias casi 4.000 camas adicionales para suplir las más de 2.000 que se perderían en la sanidad privada. Son las conclusiones a las que llega un reciente informe elaborado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid e impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
«Conozco muchos casos de enfermedades graves, oncológicas… en los que romper la vinculación con el médico del seguro tradicional sería muy complicado». González Clavero abre así el foco a sus compañeros y al resto del colectivo. Sara Pérez es Policía Nacional y se presenta con este nombre ficticio porque prefiere no revelar su identidad. Está bajo la cobertura de Adeslas, la compañía controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank que es el principal proveedor de servicios médicos para funcionarios, ya que atiende a la mitad del colectivo -las otras dos entidades que operan con Muface en la actualidad son Asisa y DKV-. «Hace dos años me detectaron un cáncer de mama. Me operaron en menos de un mes. Me dieron quimio y radio. A los 15 días se me cayó el pelo y estuve un año con peluca», relata. A continuación, pasa a explicar por qué, en su caso, pasarse a la sanidad pública en estos momentos es un movimiento complejo: «Me están viendo tres médicos: el oncólogo, el plástico y la ginecóloga; estoy en revisiones periódicas y tengo un tratamiento para cinco años». Y abre el melón: «Al final vamos a quedar para lo privado».
«Tendremos que pagar la sanidad privada de nuestro bolsillo para no colapsar el sistema público», coincide el profesor González Clavero. Su colega Raúl Sánchez, profesor de enseñanza secundaria de formación profesional en Castilla-La Mancha, llega a la misma conclusión: «Si no se renueva el convenio, seguramente muchos acabaremos pagándonos un seguro privado porque es la forma de seguir teniendo esa rapidez y eficiencia». A sus 47 años, funcionario desde 2008 y hasta la fecha en régimen de mutualista, afortunadamente no ha sufrido enfermedades graves, pero recientemente ha pasado por una operación por rotura del tendón de Aquiles y valora, sobre todo, la rapidez en la rehabilitación en comparación con las listas de espera de los hospitales públicos de su comunidad autónoma. Aunque confía en que las aseguradoras acaben aceptando las condiciones del nuevo concierto, que incluye la mayor subida de la prima (17,12%) y la mayor dotación presupuestaria de la historia (2.681 millones de euros), se muestra crítico con la gestión del Gobierno: «Hay un problema de infrafinanciación general en la sanidad pública y en Muface lo que hay es un recorte encubierto, no quieren pagar la prima real», afirma.
Actualmente, la prima media de Muface es de 1.032 euros -pasará a 1.208,81 euros en 2026 con la subida recién aprobada por el Consejo de Ministros-, frente a los 1.736 euros por ciudadano en el sistema público. Si se compara el esfuerzo presupuestario en ambos modelos, mientras que el gasto sanitario público ha crecido un 53% en los últimos 10 años, lo destinado a las mutualidades ha aumentado en un 32%. De ahí que las aseguradoras exijan mejoras en la prima para acudir al nuevo concierto tras años de pérdidas millonarias.
Sólo Adeslas, que tiene la mitad del negocio, estima unas pérdidas para este ejercicio de 116 millones de euros. «Este es un concurso al que se puede presentar cualquier compañía aseguradora libremente. Si las empresas consideran que el nuevo concurso es interesante económicamente, seguro que habrá alguna que se presente y que pueda dar continuidad al servicio», afirmaban desde la aseguradora tras conocer las principales cifras del nuevo pliego. Lo cierto es que Adeslas, como todo el sector, tiene sobradamente constatado que las condiciones de Muface no son en absoluto atractivas, de ahí que cada vez interese a menos compañías. Sanitas, Mapfre, Caser… hace años que salieron.
La infrafinanciación tiene una doble vertiente. Por un lado, expulsa a las compañías aseguradoras por la inviabilidad económica. Y por otro, viene provocando un deterioro en la atención sanitaria y los servicios prestados a los funcionarios. «Hemos ido perdiendo derechos y atenciones y muchos profesionales han abandonado por los bajos honorarios, lo cual es comprensible», denuncia Ana García. Esta profesora de instituto se muestra «muy preocupada» ante la posibilidad de que Muface desaparezca. Tiene dos hijos menores de edad en tratamiento. «En la Seguridad Social no sé cuándo me van a atender, mis hijos no pueden estar un año sin tratamiento ni medicación», incide. En su caso, pagar un seguro privado de su bolsillo no es una opción: «Para nosotros es imposible porque a esto hay que unir la pérdida salarial de los últimos años de inflación en los que nos han aprobado subidas irrisorias». «El Gobierno quiere cargarse Muface y nos deja desatendidos», se queja.
Lo cierto es que cada vez más funcionarios optan por la sanidad pública. Según la información que consta en las memorias anuales de Muface, del total del colectivo nacional asegurado, un 73,21% (1.095.393 personas) está adscrito a alguna de las entidades de seguro de asistencia sanitaria privada, mientras que el 26,79%, es decir, 400.813 personas, optan por el sistema sanitario público. En el año 2010, la cantidad de trabajadores atendidos por la sanidad pública era de 266.036, lo que suponía un porcentaje sobre el total del 17%.
Detrás de este trasvase hay varios motivos: el recorte de cuadros médicos y centros hospitalarios, así como una selección de riesgos por parte de las aseguradoras que provoca que los pacientes con enfermedades más complicadas y costosas, como el cáncer, acaben siendo atendidos en la sanidad pública. Todos los entrevistados en este reportaje reconocen que los servicios públicos de salud cuentan con más recursos, apoyan y defienden el modelo. Sin embargo, defienden también su derecho como funcionarios a mantener una prestación que, en muchos casos, es vital.
«Nunca he hablado de Muface. Tiene grandes detractores y seguidores. Yo no estoy en ninguno de los dos», afirmaba hace unos meses la ministra de Sanidad, Mónica García, descartando así que desmantelar este modelo sea una prioridad de su departamento, pese a que el programa de Sumar para las pasadas elecciones definía este sistema como «una contradicción» y «una incoherencia con el propio modelo asistencial» y apostaba por su «extinción progresiva». No es la hoja de ruta del Ministerio de Función Pública, que ha promovido la mayor subida de la prima de la historia para atraer a las aseguradoras a la renovación del concierto para los años 2025 y 2026. Las compañías tienen menos de un mes para tomar una decisión. Mientras, cientos de miles de ciudadanos se plantean estos días qué hacer en un futuro inmediato si ninguna empresa acude al concierto y se quedan sin asistencia sanitaria desde el 1 de enero. Pasar a la sanidad pública, tal y como explican los funcionarios directamente afectados, no siempre es una opción.
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