La apuesta vital de Álvaro Lobato, apicultor de 41 años de Felechares de la Valdería (140 habitantes), sufrió un vuelco el pasado verano cuando un voraz incendio arrasó su pequeño paraíso para abejas en tierras leonesas: de 570 colmenas, perdió 203 y otras 227 resultaron severamente dañadas. Aún peores fueron los daños en los montes que las cobijaban, fuente de alimento para sus insectos que tardarán una o dos décadas en recuperarse, lo que le obliga a “estar de prestado” en terrenos de vecinos altruistas. “De ser dueño y señor de mi negocio a vivir de la caridad. El golpe ha sido salvaje”, lamenta.
Los pueblos arrasados por el fuego en verano lamentan el abandono e inacción de la Junta
La apuesta vital de Álvaro Lobato, apicultor de 41 años de Felechares de la Valdería (140 habitantes), sufrió un vuelco el pasado verano cuando un voraz incendio arrasó su pequeño paraíso para abejas en tierras leonesas: de 570 colmenas, perdió 203 y otras 227 resultaron severamente dañadas. Aún peores fueron los daños en los montes que las cobijaban, fuente de alimento para sus insectos que tardarán una o dos décadas en recuperarse, lo que le obliga a “estar de prestado” en terrenos de vecinos altruistas. “De ser dueño y señor de mi negocio a vivir de la caridad. El golpe ha sido salvaje”, lamenta.
Castilla y León vivió en 2025 la peor ola de incendios de su historia, con unas 144.000 hectáreas arrasadas. Una de las zonas más castigadas fue La Valdería, al suroeste de la provincia de León, donde las llamas que saltaron de la vecina Zamora se llevaron por delante más de 30.0000 hectáreas de bosques y tierras de labranza, así como un puñado de casas y la vida de dos voluntarios: Jaime Aparicio y Abel Ramos. La Junta, competente al 100% en materia de extinción de incendios, achacó su gravedad a las condiciones climatológicas extremas que los hicieron “incontrolables”. Un discurso que no cala en las localidades afectadas, donde prima la sensación de frustración y abandono por parte de las administraciones.
“Se les llena la boca hablando de la España vaciada, pero cuando les necesitamos ni están ni se les espera”, critica Manuel Turrado, de Pinilla de la Valdería (55 habitantes). Al lado de una pila de maderos ennegrecidos, este constructor jubilado subraya que faltaron medios materiales y que si se evitó una mayor destrucción fue porque, como en otras localidades cercanas, varios vecinos se negaron a cumplir las órdenes de evacuación para quedarse a luchar contra las llamas. “Si no es por ellos, se habría quemado todo el pueblo”, apunta.
El domingo se verá qué impacto político tuvieron los incendios y si alentarán a las fuerzas leonesistas
El Gobierno central declaró como zona catastrófica buena parte de las áreas carbonizadas, con fondos públicos para cubrir diversos daños, mientras que el Ministerio de Agricultura aportó hasta el 20% de los ingresos de 2024 a los perjudicados. Por su parte, la Junta se comprometió a destinar más de cien millones de euros a los damnificados, con ayudas de 500 euros para los evacuados, otros 5.500 para los autónomos de la zona –independientemente de si su negocio se vio afectado o no, lo que ha desatado acusaciones de querer “tapar bocas y comprar votos”-, apoyo a quienes perdieron inmuebles y viviendas en función de su valía o partidas de hasta 18.000 euros para los trabajadores del campo. “Solo en carpintería llevo gastados 62.000 euros”, apunta Álvaro, para quien esta cuantía es a todas luces “insuficiente”.
En Castrocalbón, capital comarcal de 950 habitantes, los tiernos pastos verdes propiciados por las abundantes lluvias invernales apenas matizan un paisaje de tierras ennegrecidas. Tras dejar atrás la iglesia, el cadáver de un tractor abrasado da paso a un barrio donde ocho viviendas –seis habitadas- fueron devoradas por las llamas. “Ya pasó en la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, no hemos aprendido nada”, dice con acritud su alcalde, el socialista Luis Cenador.
Su Ayuntamiento presentó en noviembre una denuncia en la Fiscalía de León contra la Junta por las “graves imprudencias” cometidas en la dirección de la extinción del fuego, sin las que “las gravísimas consecuencias de este incendio no habrían sido tales”, se lee en el escrito. La Guardia Civil está investigando el caso, y Cenador espera que se depuren responsabilidades. “También hubiera denunciado si gobernara el PSOE, estamos cansados de que nos tomen por tontos”, dispara.
El tema de los incendios se ha colado de lleno en la campaña de una comunidad citada con las urnas este próximo domingo. En debates y entrevistas, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en el ojo del huracán por su gestión de la crisis, ha defendido que actuaron “desde el minuto uno”, que el operativo “funcionó” y que se ha reforzado con más medios y la estabilización de los profesionales.
No opinan lo mismo los trabajadores del sector, protagonistas de varias manifestaciones en su contra. Para el bombero forestal Nacho Martín, de 43 años, los anuncios de Mañueco son “medidas cosméticas” y “medias verdades” que se venden “de cara a la galería” para que parezca que se está haciendo algo, pero sin solucionar los problemas de fondo.
A punto de partir hacia Costa Rica con su oenegé SOS Wildfire, dice sentirse “abrumado” con las necesidades detectadas en su tierra natal, donde colaboran en tareas de reforestación o formación vecinal ante incendios. Le secunda su compañero Sergio Fidalgo, de 25 años, que apunta que las estabilizaciones solo afectan al personal autonómico y no al subcontratado, más abundante y precario, por lo que exigen un servicio “público y profesional” durante todo el año. “El operativo es casi el mismo que antes, hay muchas papeletas para que la tragedia se repita”, advierte.
La gran duda ahora es ver hasta qué punto ese malestar por los fuegos influye el sentido del voto. Según las encuestas, tanto Vox como Unión del Pueblo Leonés (UPL), que apuesta históricamente por la segregación de la provincia leonesa junto a Salamanca y Zamora para crear la comunidad número 18, podrían beneficiarse de ese “voto de castigo” contra la gestión de los fuegos del PP, que se suma al tradicional sentimiento de agravio y abandono de una provincia que pierde población a pasos crecientes y tiene una renta per cápita inferior a la media de la comunidad. “Se está despertando esa conciencia de nadie va a defender lo nuestro mejor que nosotros”, sentencia Carlos Fano, alcalde de Pinilla.
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