La medida «creará empleo al dirigir el dinero de los contribuyentes a producción europea», según el vicepresidente Séjourné, y permitirá a Europa competir con Estados Unidos y China Leer La medida «creará empleo al dirigir el dinero de los contribuyentes a producción europea», según el vicepresidente Séjourné, y permitirá a Europa competir con Estados Unidos y China Leer
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La Comisión Europea ha presentado su gran plan para reactivar la industria europea, y que Europa pueda volver a competir con Estados Unidos y China. Lo que en Bruselas se ha bautizado como Ley de Aceleración Industrial y que, en gran medida, se puede resumir como una apuesta por impulsar el made in Europe. Priorizar la fabricación europea actuando tanto en el ámbito público como en el privado.
«Hoy, el made in Europe hace su gran entrada en el derecho europeo. Lo que les presento hoy es más que un simple cambio en los procedimientos de funcionamiento. Es un cambio de doctrina, algo que habría sido impensable hace apenas unos meses», ha explicado este miércoles el vicepresidente de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, durante la presentación de su esperado plan. «Porque sin una base industrial sólida, no puede haber modelo social europeo, ni transición climática, ni autonomía estratégica. Nuestro objetivo es claro: llevar la industria de nuevo al 20% del PIB europeo en 2035, frente al 14% actual», ha añadido.
Según ha explicado el responsable francés, «el dinero de los contribuyentes debe beneficiar primero a la producción europea y a empleos de calidad en Europa». Y este principio se aplicará a determinados sectores estratégicos como son el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones. Un ejemplo: se exigiría que los coches eléctricos para los que se destinen ayudas públicas sean ensamblados en la Unión Europea o cuenten con una batería europea. Y otro: que en el ámbito de las tecnologías limpias, un mínimo de las piezas de las turbinas eólicas o los paneles solares tengan procedencia europea.
«Nuestros socios de confianza, es decir, aquellos con los que tenemos compromisos comerciales, estarán incluidos en el sistema si cumplen sus compromisos, sobre una base de reciprocidad», ha matizado Séjourné. ¿Y cuáles son esos? Pues aquí se pueden incluir Noruega, Reino Unido, Suiza, Japón o aquellos con los que se firmen acuerdos en este sentido. E incluso, en algunos casos, los propios Estados Unidos. Pero la extensión de la preferencia europea no está todavía del todo definida y ha sido uno de los puntos que ha retrasado la presentación del documento que, por otra parte, responde en buena parte el plan Draghi que el ex primer ministro de Italia diseñó para la UE en septiembre de 2024. Hace ya un año y medio. Se antoja lógico que el también ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) se mostrase decepcionado con los líderes europeos en la cumbre extraordinaria de febrero.
Otro punto relevante del plan son las condiciones que se aplicarán a las inversiones en el ámbito privado en, también en este caso, sectores clave como las baterías, los vehículos eléctricos, los paneles solares o las materias primas críticas. Las restricciones que Bruselas quiere imponer incluyen que las compañías estarán obligadas a emplear al menos un 50% de trabajadores comunitarios; operar junto con compañías de la Unión Europea; y que se produzca una transferencia tecnológica y un aprendizaje en materia de I+D. Algo similar a lo que China hizo durante muchos años y que le ha servido para estar a la cabeza de ámbitos industriales claves y fundamentales. El mundo se ha dado la vuelta. O, más bien, lo hizo hace mucho tiempo.
«Señoras y señores, como pueden ver, esta ley no es una declaración de intenciones. Es el comienzo de un nuevo ciclo industrial europeo. Es una señal fuerte a nuestros mercados para defender nuestras cadenas de valor actuales y futuras», ha añadido el liberal Séjourné haciendo suyo el siempre grandilocuente tono y vocabulario comunitario. Otra cosa será lo que se lleve a cabo, claro, porque la actuación debe ser aún aprobada por el Consejo (los países) y el Parlamento Europeo. Y lo que demuestran las últimas actuaciones y medidas es que este paso ya no es, ni mucho menos, un trámite. Cuando el texto salga adelante, su composición puede ser por lo tanto significativamente diferente, y luego todavía se deberá aplicar.
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