La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha designado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para llevar la investigación como policía judicial por el presunto pago a un directivo del grupo sanitario Quirón a cambio de contratos.
La instructora incluye a la policía judicial para indagar si Alberto González Amador pagó a un director del grupo Quirón a cambio de contratos
La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha designado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para llevar la investigación como policía judicial por el presunto pago a un directivo del grupo sanitario Quirón a cambio de contratos.
En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid acuerda encargar la investigación a la UCO “atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”.
La magistrada lo ha acordado después de escuchar como investigado al propio González Amador y a Gloria Carrasco, mujer del presidente de Quirón Prevención, a quien habría comprado su empresa de estética, sin actividad, por 500.000 euros.
La jueza se basa en la inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) que refleja que la sociedad Maxwell Cremona de la que es socio y administrador único González Amador, en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 “y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL. en 2021”. En el año 2020, coincidiendo con la pandemia por la Covid-19, percibió 1,9 millones de euros en dos facturas, una de 834.320 euros y otra segunda de 1.138.680 euros.
Estas facturas tenían concepto de “comercialización clientes” por la intermediación en la venta de material de protección sanitaria entre FCS a la mercantil Mape Asesores. Según la instructora, el 4 de diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros a Carrasco, la sociedad Circulo de Belleza S.L, “la cual carecía de valor”.
Hasta el 11 de septiembre de 2020 los socios eran la propia Carrasco, su marido, Fernando Camino, y su hermano. En esa fecha, ella compró el 40% que tenían los otros dos socios por 8.000 euros a cada uno. “Por tanto, en el mes de septiembre de 2020, el esposo y hermano de Carrasco vendieron las participaciones de la citada sociedad por un precio considerablemente inferior ya que en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1000%”, destaca.
El fiscal consideras que el investigado no pagó casi medio millón de euros a Carrasco porque iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales. “Existen indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el
incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención”, apunta.
Por otro lado , en el informe de la inspección se indica en el año 2022 se inspeccionó a Círculo de Belleza y se detectó que se trata de una “sociedad instrumental, constituida y utilizada” por Maxwell para trasladar “ficticiamente” parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención, “simulando que es aquella la prestadora de los servicios cuando se acredita que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados para tal fin”.
Para ello, González Amador cede sus contratos con Qyuirón de Maxwell a Círculo de Belleza después de haberle cambiado el nombre a Masterman SL, siendo socio único y administrador único de dicha sociedad González Amador. De esta manera, podía disponer “libremente de los fondos que quedasen remansados en aquella”.
La inspección llegó a la conclusión de que se trata de una simulación relativa de los servicios prestados debido a que se simula que es la mercantil Masterman S.L. la verdadera prestadora de los servicios profesionales facturando por ellos, “cuando se acredita que carece de los medios humanos y materiales necesarios, siendo Maxwell la auténtica prestadora de los servicios”. Es decir, debió ser Maxwell quien debió facturar directamente a Quirón prevención el importe de la prestación.
A esto se añade, según el auto, que Fernando Camino, es miembro del consejo de administración de Mape Asesores y Presidente de Quirón Prevención S.L. “Por lo expuesto, como indica en Ministerio Fiscal en su escrito, atendiendo a la
complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva, procede acordar oficiar a la UCO para que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”, concluye.
Política
