La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado una denuncia por malversación contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al no ver indicios de que los pagos que efectuó con las tarjetas de crédito asignadas por el Parlament a su grupo fueran “irregulares” o ajenos a la actividad del partido.
Archivada la denuncia por malversación contra el secretario general de Vox de una exdiputada de su misma formación
La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado una denuncia por malversación contra el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al no ver indicios de que los pagos que efectuó con las tarjetas de crédito asignadas por el Parlament a su grupo fueran “irregulares” o ajenos a la actividad del partido.
En el decreto, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal superior de Catalunya Francisco Bañeres archiva la denuncia que Isabel Lázaro, exdiputada Vox en el Parlament, presentó contra el secretario general del partido y contra el portavoz del grupo, Joan Garriga, a los que acusaba de pagar con tarjetas de la cámara 105.568 euros de gastos personales.
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La denuncia también sostiene que ambos diputados facturaron al grupo parlamentario un total de 85.730 euros por “servicios ficticios” por sus labores de portavoz y portavoz adjunto del grupo, entre los años 2021 y 2023, pese a que ya percibían retribuciones de la cámara catalana por sus respectivos cargos.
La Fiscalía Superior de Catalunya ha dado carpetazo a la denuncia tras recordar que la Mesa del Parlament ya fiscalizó los pagos de los diputados de Vox, sin advertir irregularidades en las cantidades facturadas al grupo, más allá del “incumplimiento” de ciertas obligaciones de carácter formal.
Según el ministerio público, la normativa interna del Parlament “permitía -o al menos no prohibía expresamente”- que los diputados de un grupo pudieran percibir pagos a cargo de las subvenciones otorgadas por la cámara en concepto de servicios profesionales prestados para el mismo“.
Además, subraya la Fiscalía, los pagos percibidos por esos ”servicios profesionales“ por los diputados Ignacio y Joan Garriga fueron ”puestos en debido conocimiento de los órganos de fiscalización“ de la cámara catalana.
Respecto a los pagos con tarjetas de crédito, recuerda el fiscal que el presidente del grupo parlamentario de Vox dirigió un escrito a la Mesa para aclarar que todos los gastos efectuados por los diputados con las tarjetas de crédito ”guardaban relación con la actividad propia“ de la formación.
Con la excepción, precisaba el escrito de Vox, de una serie de pagos que ascendían de 380 euros y que ya fueron devueltos a las cuentas del grupo parlamentario.
”Meras sospechas“
Según la Fiscalía, la denunciante ha aportado un listado que concreta de pagos de distintos servicios efectuados con las tarjetas de crédito del Parlament -consumiciones en cafeterías y restaurantes, suministros de gasolina, etc-, pero sin detallar ”indicio alguno de que tales disposiciones pudieran ser ajenas a los fines propios del grupo parlamentario y, en consecuencia, irregulares“.
”Más allá de las meras sospechas, resulta materialmente imposible investigar si todos o parte de los gastos que se detallan en la denuncia formulada (gasolina, taxis, parkings, restaurantes, hoteles, peajes etc) guardan relación o no con la actividad del grupo parlamentario“, añade el decreto. En esas condiciones, sostiene el escrito, investigar los pagos de los diputados de Vox ”merecería la formal calificación de prospectiva“.
Además, el fiscal considera que esa investigación resultaría improcedente, dado que la fiscalización y control de gastos de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios corresponde ”a los órganos competentes del poder legislativo y en último extremo al Tribunal de Cuentas».
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