Irán amanece este sábado con más de 36 horas consecutivas sin internet, en pleno estallido de protestas generalizadas en todo el país, según ha denunciado la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en la red. La organización detalló que a las 8.00 hora local (4.30 GMT) las métricas mostraban un corte prácticamente total de la conectividad tras “otra noche de protestas”.
Organizaciones internacionales denuncian un apagón digital deliberado para ocultar la represión y limitar el flujo de información desde el país
Irán amanece este sábado con más de 36 horas consecutivas sin internet, en pleno estallido de protestas generalizadas en todo el país, según ha denunciado la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en la red. La organización detalló que a las 8.00 hora local (4.30 GMT) las métricas mostraban un corte prácticamente total de la conectividad tras “otra noche de protestas”.
La falta de acceso a la red “limita severamente la capacidad de los iraníes para comprobar si sus familiares y amigos están seguros”, advirtió NetBlocks, que viene registrando caídas de conectividad desde el jueves, cuando las autoridades iraníes ordenaron el corte del acceso al internet global. El bloqueo se interpreta como un intento de controlar las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de diciembre en Teherán y se han extendido a decenas de ciudades del país.
Bloqueo “deliberado” para ocultar abusos
Para Rebecca White, investigadora de Amnistía Internacional especializada en vigilancia selectiva, las autoridades han recurrido de nuevo al apagón digital —como ya hicieron durante las protestas de 2022 del movimiento “Mujer, vida, libertad”— de forma “deliberada” para ocultar “el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional” que estarían cometiendo para sofocar las manifestaciones.
White subraya que este “bloqueo generalizado de internet” no solo encubre los abusos, sino que “constituye en sí mismo una grave violación de derechos humanos”. Amnistía recuerda que el acceso a internet es “un derecho humano fundamental e indispensable en tiempos de protesta”, y alerta de que las restricciones “sumergen a las personas en la oscuridad digital”, impidiendo que quienes se encuentran dentro del país reciban información o la compartan con el exterior.
La investigadora insiste en que el objetivo del cierre es “totalmente intencional”: evita que se documenten violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos atribuidos a las fuerzas de seguridad, y contribuye a perpetuar la impunidad de estos crímenes de Estado. En este contexto, organizaciones internacionales reclaman el restablecimiento inmediato de la conectividad y el respeto a los derechos de reunión y expresión.
De las protestas económicas a la crítica política
Las protestas estallaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes del Gran Bazar de Teherán salieron a la calle para denunciar el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación que golpea a la población. En pocos días, las movilizaciones se extendieron a más de un centenar de ciudades, donde se han repetido consignas contra la gestión económica del Gobierno.
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A medida que avanzaban las manifestaciones, una parte de los participantes empezó a dirigir sus críticas contra la propia República Islámica y contra el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí. Las autoridades han respondido con fuertes despliegues policiales y un aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en los principales núcleos urbanos, en unas protestas que alcanzan ya los catorce días consecutivos.
Decenas de muertos en menos de dos semanas
El coste humano de las movilizaciones sigue en aumento. Según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, al menos 51 personas han muerto desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, aunque el número real podría ser mayor debido precisamente a las dificultades para documentar los casos sobre el terreno.
Las organizaciones de derechos humanos advierten de que el apagón de internet dificulta verificar vídeos, testimonios y pruebas de posibles ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
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