Después de una sesión de control en la que el PP ha acosado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha tenido que esmerar para proteger el decreto antiaranceles de las embestidas dialécticas de Cuca Gamarra, Jaime de Olano, Elías Bendodo y Miriam Guardiola, que han interpelado a la vicepresidenta primera del Gobierno entremezclando acusaciones de corrupción en sus intervenciones, el debate entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable de la materia en la ejecutiva popular, Juan Bravo, ha discurrido en términos mucho más serenos y conciliadores, lo que ha permitido mantener la puerta abierta a un pacto de Estado.
Buena sintonía entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el diputado popular Juan Bravo en el debate
“¿Van a apoyar ustedes a las empresas españolas?; Los españoles se preguntan si van a votar ustedes a favor de los españoles o van a intentar sacar rédito partidista; Es el momento de que nos pongamos de acuerdo”. María Jesús Montero se ha esmerado este martes en el Congreso por proteger el decreto antiaranceles de la constante trifulca bipartidista que impregna las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y a cada embestida de Cuca Gamarra, Jaime de Olano, Elías Bendodo y Miriam Guardiola -los cuatro portavoces populares que hoy han interpelado a la vicepresidenta primera entremezclando acusaciones de corrupción en sus intervenciones- la andaluza ha contestado dejando al margen los ataques directos para así mantener abierta la puerta a un hipotético pacto de estado que, a pesar de todo, esta mañana parece menos lejos que la víspera.
Con su líder, Alberto Núñez Feijóo, en Bruselas, los diputados del PP han llegado este miércoles a la Cámara Baja tratando de rebajar la tensión con el Ejecutivo. Tanto la secretaria general, Cuca Gamarra, como el portavoz del partido, Borja Sémper, se han declarado a la expectativa sobre “quién dice la verdad”, si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o Junts, que se atribuye la consecución para Catalunya de un 25% de los avales para empresas exportadoras.
Aunque parezca difícil de entender que el PP esté alternando feroces ataques a Montero con una predisposición a rebajar la tensión con el Gobierno en materia arancelaria, la explicación es sencilla. Y obedece a que los populares se sienten más cómodos negociando con el ministro de Economía que con la ministra de Hacienda, a quien consideran que incluso su presidente, Pedro Sánchez, ya da por “amortizada”.
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De hecho, a pesar de que el diputado Jaime de Olano, que ha interpelado a la ministra de Hacienda en sustitución de Juan Bravo, ha criticado el “nuevo cupo” del 25% de créditos para Catalunya, lo cierto es que el responsable económico del PP sigue adelante con las conversaciones con Cuerpo, que ayer matizó los planteamientos de Junts en el Senado. en este sentido, fuentes populares se muestran a la espera del texto definitivo del decreto ley para saber “quién dice lo correcto”.
Montero, por su parte, no ha desaprovechado la oportunidad de resaltar irónicamente la variedad de respuestas que el Gobierno está recibiendo por parte del PP desde el lunes. Y ha deslizado que los de Alberto Núñez Feijóo parecen estar “buscando una excusa para votar en contra de las medidas del Gobierno para hacer frente a los aranceles”.
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Entrando en el último motivo esgrimido por el PP para pausar su apoyo, la vicepresidenta primera ha negado que exista un acuerdo arancelario que favorezca en específico a Junts o a Catalunya. “Es evidente que no hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o algún territorio frente a otro. Creo que el ministro Cuerpo tuvo ocasión ayer de hablar con uno de sus representantes políticos y así se lo transmitió”, ha afirmado Montero.
Montero se refiere a que el cálculo del 25%, y aunque Junts está defendiendo lo contrario en los pasillos del Congreso, está hecho en base al volumen de exportaciones a Estados Unidos que han presentado las empresas catalanas en los últimos ejercicios. Por lo que, asegura la vicepresidenta primera, el porcentaje final dependerá de si las propias empresas acaban solicitando, o no , las ayudas dispuestas por el Gobierno.
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