Quedan 11.000 millones de euros en subvenciones que se deben ejecutar de aquí al 31 de agosto de 2026 y unos14.000 en remanentes no adjudicados Leer Quedan 11.000 millones de euros en subvenciones que se deben ejecutar de aquí al 31 de agosto de 2026 y unos14.000 en remanentes no adjudicados Leer
España tiene pendientes de ejecutar unos 25.000 millones de euros de la parte de subvenciones de los fondos europeos Next Generation, de los que 11.000 millones corresponden a convocatorias que aún no se han lanzado y 14.000 millones son remanentes que no se han podido adjudicar en los últimos años. De esa cantidad pendiente, en los ocho primeros meses del año el sector público sólo ha sido capaz de ejecutar el 30%, lo que equivale a 7.506,05 millones de euros, y el volumen de desembolsos que ha hecho la Administración y que han llegado a la economía real se sitúa en 4.180,5 millones de euros (el 16,7% del total).
Así figura en los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en los que figuran créditos presupuestarios para este ejercicio por valor de 36.324 millones que no corresponden con la realidad, ya que el Estado está operando con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023.
«El importe se corresponde con el aprobado en 2023 para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no tiene que ver con la realidad en 2024. El montante total de subvenciones es, incluyendo la adenda, de 80.600 millones de euros y a finales de 2023 ya se habían comprometido unos 65.000 millones en total. Por lo tanto, quedarían unos 15.000 millones por comprometer, de los que 11.000 millones tienen que estar ejecutados en el plazo de estos tres años [2024, 2025 y 2026 hasta agosto]. Lo que urge, por tanto, es adjudicar esos 11.000 millones. Además, según nuestra estimación, se habrían generado unos 14.000 millones de euros en remanentes no gastados, que deberían volver a convocarse», explican fuentes de LLYC a EL MUNDO, en total unos 25.000 millones de euros pendientes.
Aunque el grueso del Plan ya está adjudicado, con el paso de los años se han ido generando remanentes que quedaron en un cajón por falta de apetito inversor o de candidatos cualificados en las convocatorias, de ahí que el Gobierno haya ido relanzando algunas convocatorias para simplificar los trámites o hacerlas más atractivas y anunciando nuevos programas.
Ayer mismo, el presidente Pedro Sánchez dio a conocer que las pymes recibirán 4.500 millones de euros en subvenciones y tendrán casi 50.000 millones de euros disponibles en préstamos gracias a los fondos del Plan de Recuperación, en un evento en el que estuvo acompañado de buena parte del Ejecutivo.
La fotografía de ejecución de la IGAE supone que las Administraciones Públicas -no sólo el Estado sino también las comunidades autónomas y otros organismos- tendrían que acelerar considerablemente en sus ritmos de ejecución para poder cumplir en plazo, si bien los expertos de LLYC creen que estamos en «camino para lograrlo».
En los primeros ocho meses del año, el volumen total de autorizaciones -es decir, el gasto que ya ha aprobado asignar en el marco del Plan- se sitúa en 15.984 millones de euros. Hay que tener en cuenta que para poder trasladar al Presupuesto de 2025 todos los fondos pendientes de ejecución en este ejercicio es necesario que su gasto haya sido autorizado.
Según los datos de la IGAE, por ministerios, los que llevan mejor ritmo de ejecución son el de Sanidad, con un 64,2% de obligaciones reconocidas respecto a su presupuesto; seguido del de Igualdad, con un 58,5%; y el de Juventud e Infancia, con un 57,1%. Es reseñable, no obstante, que son carteras que cuentan con muy poca dotación: de apenas 346,4 millones de euros el primero, por ejemplo, frente a los 7.868,3 millones que tiene asignados Industria.
Este último es, de hecho, uno de los que va más rezagados, pues las obligaciones que ha reconocido sólo suponen un 6,6% del total de su crédito presupuestario; junto al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que ahora dirige Óscar López tras la salida de José Luis Escrivá, y que en los primeros ocho meses del año sólo ha ejecutado un 16,8% de los 6.898,4 millones con los que cuenta.
Si se analiza la evolución del Plan desde su nacimiento en 2021, España ha lanzado convocatorias por un valor total de 72.198 millones de euros, de las cuales ha resuelto el equivalente a 42.612 millones de euros, lo que arroja una tasa de resolución del 59%, según los datos actualizados a cierre de agosto de la herramienta ELISA.
La última valoración por parte del Ministerio de Economía es la que realizó su titular, Carlos Cuerpo, en junio en una comparencia ante la Comisión Mixta del Congreso, cuando aseguró que el ritmo de ejecución de las inversiones era «elevado» y estaba «llevando al máximo la capacidad de absorción de la economía española».
Hasta la fecha, nuestro país ha recibido cuatro desembolsos de la Comisión Europea -el último en julio- más la prefinanciación que percibió cuando se aprobó el Plan, siendo el segundo país más avanzado de la UE por detrás de Francia en la recepción de fondos. Ahora, está pendiente de acabar de acreditar el cumplimiento de los hitos asociados al quinto para poder solicitarlo. Entre esos figura, por ejemplo, la reforma fiscal; si bien el Gobierno ya ha adelantado que intentará acreditar medidas ya aprobadas para convalidarlas por una reforma integral.
Aunque el país va más adelantado que otros socios europeos, es cierto que lleva un retraso relevante respecto a su calendario inicial. El cuarto pago, que recibimos en julio, debería haber sido desembolsado en la segunda mitad de 2023, pero la convocatoria de elecciones y el retraso en aprobar la reforma del subsidio por desempleo imposibilitaron cumplir con lo pactado con Bruselas.
El quinto pago, de unos 7.000 millones de euros, estaba previsto para el primer semestre de este ejercicio pero también llegará más tarde. Para solicitarlo, el Gobierno tiene que aprobar medidas como la citada reforma fiscal, la Ley de Familias -que está en periodo de enmiendas- o una Ley de Servicios Sociales -que fue aprobada en Consejo de Ministros por la anterior ministra del ramo, Ione Belarra, en enero de 2023, pero después decayó en el Parlamento-.
A estas se suman los retos asociados al sexto desembolso, de 3.600 millones, y que el país debería haber solicitado en esta segunda mitad de año. Tendrá que aprobar todos ellos en un contexto de debilidad parlamentaria y cuando el Gobierno está afanado en intentar sacar adelante unos nuevos Presupuestos para el próximo año.
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