Cuando falta una semana para que se vuelva a abordar la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, España ha remitido una nueva propuesta a los 26 estados miembros restantes con el objetivo de superar las dudas que aún existen entre algunos países, especialmente Alemania. El documento que el Ministerio de Exteriores ha enviado a las capitales europeas, al cual ha tenido acceso La Vanguardia, incorpora un nuevo artículo con el que reafirma el “compromiso” español de asumir los costes derivados de la implementación de la oficialidad de estas tres lenguas.
El Ministerio de Exteriores ha remitido un memorándum a las capitales en el que incorpora un artículo más con el que reafirma su compromiso para asumir los costes de dicha implementación
Cuando falta una semana para que se vuelva a abordar la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, España ha remitido una nueva propuesta a los 26 estados miembros restantes con el objetivo de superar las dudas que aún existen entre algunos países, especialmente Alemania. El documento que el Ministerio de Exteriores ha enviado a las capitales europeas, al cual ha tenido acceso La Vanguardia, incorpora un nuevo artículo con el que reafirma el “compromiso” español de asumir los costes derivados de la implementación de la oficialidad de estas tres lenguas.
El memorándum remitido incorpora “más aclaraciones sobre el contexto y los criterios estrictos para evitar precedentes”, que es precisamente una de las preocupaciones que habían manifestado algunos países ante la posibilidad de que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego abriera la puerta a que surgieran reclamaciones en el seno de sus naciones para que otras lenguas minoritarias lograran este mismo rango dentro del club comunitario.
El texto de Exteriores sostiene que no sentará precedentes porque “no hay otras lenguas” que cumplan los requisitos propuestos para la oficialidad. Sobre la manera en la que España pone encima de la mesa que esto se haga efectivo, el documento recoge que se aplique gradualmente, empezando con las regulaciones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Este punto de partida arrancaría en 2027.
El debate sobre este asunto está incluido en el orden del día de la reunión del 18 de julio y solo se sometería a votación si hubiera consenso para ello. Cabe recordar que la última vez que se trató la oficialidad fue en la cita del 27 de mayo, cuando hubo prácticamente una decena de países que manifestó sus reticencias a esta carpeta. Ante ello, no se votó y España se comprometió a seguir “aclarando las dudas” a estos estados para que el acuerdo se pueda adoptar “lo más pronto posible”.
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