La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, no es muy optimista sobre el nuevo intento de España de lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo 18 de julio. “No veo ningún cambio respecto a la última vez”, ha asegurado este jueves en un encuentro con periodistas europeos en Arhus, donde esta noche se celebrará la ceremonia oficial de apertura de la presidencia danesa de la UE.
La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre: “No veo ningún cambio respecto a la última vez”
La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, no es muy optimista sobre el nuevo intento de España de lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo 18 de julio. “No veo ningún cambio respecto a la última vez”, ha asegurado este jueves en un encuentro con periodistas europeos en Arhus, donde esta noche se celebrará la ceremonia oficial de apertura de la presidencia danesa de la UE.
El Gobierno español volverá a defender esta cuestión en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales del 18 de julio, la primera que se celebrará bajo presidencia danesa, después de haber pedido a Dinamarca que se incluyera en la agenda para que sea debatido y votado. La presidencia danesa ha aceptado esta petición, aunque ve pocas opciones de que pueda salir adelante.
“No veo que haya habido ningún avance en los países que apoyan o no apoyan la cuestión”, asegura Bjerre
“Respetamos si España desea volver a incluirlo en la agenda, pero no veo que haya habido ningún avance en los países que apoyan o no apoyan la cuestión”, ha asegurado Bjerre, a preguntas de La Vanguardia. “Dinamarca no obstaculizará la unidad y no obstaculizará una decisión, pero no veo ningún cambio respecto a la última vez”, ha insistido.
El Gobierno español vuelve a la carga aprovechando la sintonía ideológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las pocas figuras de la socialdemocracia que aún gobierna en Europa. “España cuenta con el apoyo y la colaboración por parte danesa y ha pedido llevarlo al próximo Consejo de Asuntos Generales para decisión”, aseguran fuentes de Exteriores.
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Se trata de una iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que llamó el martes a su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen. El mismo día el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, también se puso en contacto con la ministra danesa de Asuntos Europeos. Sampedro fue la persona que defendió el asunto por parte del Gobierno en la reunión de mayo y, en principio, también lo hará esta vez.
De hecho, la ministra Bjerre fue una de las que se pronunció a favor de la cuestión el 27 de mayo. También otros países como Bélgica, Portugal o Malta. En este último intento, bajo la presidencia polaca, no se llegó a votar pese a que la iniciativa española estuvo en el orden del día hasta el último momento. Finalmente se pospuso la votación hasta que Madrid lograra resolver las dudas expresadas por un grupo de al menos siete países que todavía necesitaban aclaraciones sobre el encaje jurídico y financiero de la propuesta. España prometió seguir trabajado con los países escépticos para volverlo a intentar.
Mikkel Berg Pedersen / Reuters
El 18 de julio puede ser este momento. La pregunta ahora es si en este mes que ha pasado el Ministerio de Albares ha tenido tiempo suficiente para convencer a los países escépticos o se trata solamente de una técnica del jefe de la diplomacia española de mantener la atención sobre el asunto. Algunos países disconformes, como Alemania, Austria o Italia, son pesos pesados de la UE con jefes de gobierno conservadores que no tienen ningún interés en hacer un favor al PSOE y es un asunto que requiere unanimidad, de modo que si uno lo veta no prospera. Según el escepticismo de la presidencia danesa, parece que poco ha cambiado desde finales de mayo.
En lo referente al ámbito financiero, aunque España se haya comprometido a abonar el coste técnico y material que implicaría el reconocimiento de las tres lenguas, todavía hay quien teme que en el futuro otro gobierno de diferente signo político se niegue a sufragar estas partidas. La Comisión Europea estimó en un informe preliminar que sería de 132 millones de euros, un cálculo aproximado basado en las estimaciones del gaélico, la última lengua en obtener la oficialidad. Por otra parte, hay países que no tienen claro el argumento español de que las opiniones de los servicios jurídicos del Consejo –que tienen dudas sobre si se deben reabrir los tratados para añadir estas tres lenguas– no son vinculantes.
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