El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la organización estudiantil Deba-t.org contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que la obligaba a incluir al partido político Vox en un debate electoral celebrado en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en abril del año pasado, previo a las elecciones autonómicas catalanas del pasado 12 de mayo. La sentencia también impone a la entidad organizadora el pago de hasta 4.000 euros en costas judiciales.
La sentencia considera discriminatoria la exclusión del partido ultra en un acto abierto al público celebrado en una universidad pública durante el periodo electoral de las pasadas elecciones catalanas
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la organización estudiantil Deba-t.org contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que la obligaba a incluir al partido político Vox en un debate electoral celebrado en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en abril del año pasado. La sentencia también impone a la entidad organizadora el pago de hasta 4.000 euros en costas judiciales.
El 25 de abril de 2024, la asociación Deba-t.org convocó un debate electoral en la UPF con representantes de todas las formaciones con representación parlamentaria, salvo Vox. La decisión de excluir al partido de extrema derecha fue tomada por la asamblea de la entidad organizadora, alegando incompatibilidad ideológica con los valores que defienden.
La utilización de espacios públicos exige respetar la neutralidad y el pluralismo, según la resolución judicial
Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona obligó a la asociación a permitir la participación de Vox, al considerar que el evento, aunque organizado por una entidad privada, se celebraba en instalaciones públicas y en periodo electoral, por lo que debía respetar los principios de neutralidad, igualdad y pluralismo político.
La tensión estalló cuando el portavoz de Vox en Catalunya, Joan Garriga, se presentó en el auditorio exigiendo participar, tras la resolución de la Junta. Aunque finalmente abandonó el recinto, un grupo de simpatizantes se quedó en el lugar con la intención de boicotear el acto si Vox no era admitido.
El incidente generó tensión entre estudiantes y simpatizantes del partido, obligando a suspender el acto antes de comenzar
Tras varios intentos fallidos de reanudar el debate entre gritos, insultos y enfrentamientos verbales entre asistentes, Deba-t.org decidió cancelar el evento para respetar el mandato de su asamblea.
Deba-t
Deba-t.org recurrió la decisión de la JEC ante el Tribunal Supremo, defendiendo que es una asociación privada, no dependiente de la UPF, y que, por tanto, no le es exigible la neutralidad institucional. Alegó que obligarla a invitar a Vox vulneraba su derecho fundamental de asociación.
El Supremo, sin embargo, ha rechazado esta argumentación. En la sentencia, se subraya que la utilización de espacios públicos en periodo electoral impone el deber de garantizar el pluralismo y la igualdad entre las formaciones políticas, incluso si el acto es promovido por una entidad privada con vínculos a la universidad. El fallo también recuerda que Deba-t.org estaba inscrita como asociación universitaria y había organizado debates similares en la UPF durante la última década.
La asociación deberá asumir hasta 4.000 euros en costas, según lo establecido por el Tribunal Supremo
Según el Tribunal Supremo, excluir a Vox del debate constituye una discriminación ideológica injustificada y una vulneración de su derecho a la participación política, protegido por el artículo 23 de la Constitución.
Además de desestimar el recurso, el Tribunal impone a Deba-t.org el pago de hasta 4.000 euros en concepto de costas procesales, argumentando que la complejidad del asunto no exime a la parte recurrente del cumplimiento del marco legal que regula los actos electorales en espacios públicos.
“Lo que nos condenan a pagar supera todas nuestras finanzas de un año”, afirma el presidente de la asociación
Desde Deba-t.org lamentan el fallo y advierten de las consecuencias económicas. “Somos una asociación privada que vive de la cuota de sus socios. Somos algo más de 100 socios que pagan 30 euros anuales cada uno. Nuestro presupuesto no supera los 3.000 euros”, explica su presidente, Pol Turu. “Lo que nos condenan a pagar supera todas las finanzas de un año. Esto supone un golpe financiero muy fuerte”.
También ha querido matizar que en ningún momento ha habido diálogo con el partido ultra. “Vox nunca se ha puesto en contacto con nosotros, no ha habido interlocución directa en ningún momento”, afirma.
Deba-t.org defiende su independencia y rechaza que el uso de espacios de la UPF implique asumir la neutralidad institucional de la universidad
En relación con el vínculo entre la asociación y la universidad, el presidente defiende que “estamos inscritos en el registro de asociaciones de la UPF para poder acceder a la cesión de espacios para realizar actos. La sentencia interpreta que el uso de un espacio universitario proyecta sobre el evento una neutralidad institucional que corresponde a la universidad, pero que no puede trasladarse automáticamente a una asociación privada como la nuestra”.
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