La formación propone que las centrales donde hayan caducado los permisos de explotación puedan pedir la reapertura e insta a incluir en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional el riesgo del apagón nuclear Leer La formación propone que las centrales donde hayan caducado los permisos de explotación puedan pedir la reapertura e insta a incluir en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional el riesgo del apagón nuclear Leer
Menos de un mes después de lograr el respaldo del Congreso a una iniciativa no vinculante para pedir al Gobierno la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España, el Partido Popular ha redoblado su ofensiva parlamentaria y ha registrado en la Cámara una proposición de ley para garantizar la supervivencia del parque nuclear más allá del calendario de cierre impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que firmaron en 2019 Enresa, la empresa pública responsable del desmantelamiento, y las dueñas de las centrales -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP-.
El texto presentado hoy por la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo exige al Gobierno eliminar de su plan energético el cese de actividad de las centrales que, si nada lo impide, arrancará en 2027 y finalizará en 2035. En caso de salir adelante, esta iniciativa sí sería vinculante, a diferencia de la proposición no de ley que prosperó el pasado 12 de febrero gracias a la abstención de los diputados de Junts y ERC, que inclinaron el marcador a favor de la iniciativa de los populares apoyada desde el principio por Vox y UPN. De repetirse el resultado – 171 votos a favor frente a 169 en contra y 14 abstenciones-, el PP podría frustrar el apagón atómico.
La proposición de ley exige al Gobierno elaborar un nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la iniciativa. El último, el séptimo, disparó la factura del desmantelamiento en más de 2.000 millones debido, sobre todo, a ciertas decisiones de política energética, como la sustitución del plan para construir un único almacén temporal centralizado (ATC) para los residuos en Castilla-La Mancha, por siete almacenes temporales ubicados en cada central. En parte, esta decisión
Este sobrecoste se tradujo en un incremento del 30% de la tasa Enresa, la aportación que las dueñas de las centrales deben hacer a un fondo de gestión estatal. Esto ha contribuido a asfixiar económicamente a las nucleares, complicando a las eléctricas plantear oficialmente la continuidad de instalaciones como Almaraz, la central extremeña cuyo cierre está previsto para 2027. Si bien, la carga fiscal estatal no es la única traba.
Las tasas autonómicas que los distintos gobiernos regionales han ido aprobando también lastra la competitividad de las centrales. Precisamente, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, se ha negado en sus contactos con las eléctricas dueñas de Almaraz a tocar la tasa autonómica, la más alta del territorio nacional, a pesar de que fuentes empresariales aseguran que una rebaja de la tasa podría hacer viable la pervivencia de la central en términos económicos. Al menos, lo haría durante un periodo limitado, un escenario que están manejando los socios de Almaraz, como adelantó este periódico. El PP obvia el impacto negativo de las tasas autonómicas en su proposición de ley.
Entre los cambios que plantea la proposición de ley del PP se incluye que aquellas centrales donde hayan caducado los permisos de explotación puedan pedir la reapertura y la renovación de dicha autorización. Esto cobra especial sentido en el caso de la central extremeña, que en junio entrará en el punto de no retorno. Además, el texto exige incluir en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional el riesgo del apagón nuclear para la autonomía estratégica y la garantía de suministro, y urge a actualizar dicho documento en un plazo de 10 meses.
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