La vivienda ha sido uno de los asuntos más importantes que se han debatido y votado en el pleno del Parlament de esta semana, del que se han extraído varias conclusiones, en forma de resolución, con las que la Cámara catalana insta al Govern de la Generalitat a regular uno de las prácticas que están agravando la crisis habitacional, los alquileres de temporada fraudulentos, que están sirviendo para esquivar los límites de los precios en los alquileres habituales.
La Cámara catalana también aprueba usar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para grabar las compras “especulativas” de vivienda
La vivienda ha sido uno de los asuntos más importantes que se han debatido y votado en el pleno del Parlament de esta semana, del que se han extraído varias conclusiones, en forma de resolución, con las que la Cámara catalana insta al Govern de la Generalitat a regular uno de las prácticas que están agravando la crisis habitacional, los alquileres de temporada fraudulentos, que están sirviendo para esquivar los límites de los precios en los alquileres habituales.
Varias mociones, de ERC y Comuns, que reclaman poner coto a esta práctica que sirve cada vez más como puerta para aumentar los precios de los arrendamientos, han salido adelante en el Parlament con el apoyo del partido del Govern, el PSC. La de los republicanos es particularmente llamativa, puesto que insta al Ejecutivo de Salvador Illa a “recuperar, antes de que finalice el 2024”, el contenido del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del anterior Govern de ERC, “con el objetivo de llegar los huecos de la ley estatal por el derecho a la vivienda en lo relativo al alquiler temporal y el de habitaciones, y establecer un régimen sancionador”.
El mencionado decreto ley de ERC fue derogado por la Diputación Permanente el pasado mes de mayo gracias a la abstención del PSC y el voto en contra de Junts, Vox, Cs y PP. Y la ley estatal a la que hace mención la moción republicana es del año 2022 y no contempla una regulación específica de los alquileres de temporada, pero el Gobierno central ha presentado el proyecto de Real Decreto para crear la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una norma de carácter no legislativo, por lo que no exige ninguna votación en el Congreso, que se espera para finales de este año, pero que aún está sujeta a cambios. Este decreto implica no tener que cambiar la redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como pretendían los sindicatos de inquilinos en una propuesta que hicieron suya los partidos a la izquierda del PSOE.
Modificación del Código Civil catalán
Aunque el PSC siempre ha sido partidario de dar cobertura a esta práctica de alquiler temporal a través de una norma estatal, su votación a favor de la moción de ERC se interpreta como la ratificación de su voluntad de acometer este problema de manera global, también explorando los márgenes del autogobierno catalán, más allá de que pueda topar con la interpretación del Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, el Parlament, también con el apoyo del PSC, ha apoyado la moción de los Comuns que insta al Govern a acometer esta problemática de otra forma, a través de una modificación del Código Civil catalán, donde debería regularse tanto el alquiler de habitaciones como la restricción del alquiler de temporada. Y esta moción ha contado también con el apoyo de Junts, ERC y la CUP.
Impuesto antiespeculación
Otro de los aspectos que en materia de vivienda ha contado con el visto bueno de la mayoría de la Cámara catalana ha sido el de gravar las compras especulativas de vivienda. Se trata de una de las reclamaciones de la formación de Jéssica Albiach junto a la puesta en marcha de un equipo de inspectores y la implementación de sanciones para detectar el incumplimiento le la ley y los contratos de temporada “en fraude de ley”. Ambas cuestiones monopolizan, junto a la inversión del Govern, vía presupuestos, para la promoción de viviendas en régimen de alquiler social, las negociaciones del Ejecutivo de Illa con los de Albiach para las cuentas catalanas.
Los comunes plantean utilizar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para las compras especulativas de vivienda, incrementando este gravamen en todas las compras de vivienda realizadas por grandes tenedores -personas físicas o jurídicas con más de cinco viviendas-, así como la compra de edificios con diversas viviendas. Este apartado ha contado con la abstención del PSC y el voto a favor de ERC, Junts y la CUP. En cambio, los socialistas sí que han votado a favor de aprobar durante el primer trimestre del 2025 el registro de grandes tenedores.
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