A pesar de que las negociaciones están aún en marcha y que el tiempo apremia, en el Govern son optimistas sobre la convalidación de los dos decretos ley que tiene sobre la mesa: el de vivienda y el de contratación pública. La consellera de Territori y portavoz del Ejecutivo socialista, responsable de del primer decreto, ha admitido que “se puede llegar a un acuerdo” en las próximas horas con los Comuns, necesarios para superar el primer trámite parlamentario, una vez que el Govern prácticamente ya se ha asegurado el apoyo de ERC y de la CUP.
Los Comuns avisan de que la legislatura puede “embarrancar” si no hay un pacto en torno al decreto que se tramitará en el Parlament
A pesar de que las negociaciones están aún en marcha y que el tiempo apremia, en el Govern son optimistas sobre la convalidación de los dos decretos ley que tiene sobre la mesa: el de vivienda y el de contratación pública. La consellera de Territori y portavoz del Ejecutivo socialista, responsable de del primer decreto, ha admitido que “se puede llegar a un acuerdo” en las próximas horas con los Comuns, necesarios para superar el primer trámite parlamentario, una vez que el Govern prácticamente ya se ha asegurado el apoyo de ERC y de la CUP.
La negociación con la formación de Jéssica Albiach para la validación del decreto de vivienda, que persigue regular al alquiler de temporada y mantener la protección de las 8.000 viviendas sociales que este año podrían perder esta protección, “va bien”, según fuentes del Govern. De hecho, fuentes de los Comuns aseguraban este lunes que las conversaciones progresaban y que se mantendría el intercambio de propuestas hasta este miércoles por la mañana, cuando se celebrará el debate y votación del mencionado decreto.
Las mismas fuentes ecosocialistas admitían “avances positivos” y un acuerdo con el Govern en la necesidad de no eternizar la tramitación del proyecto de ley correspondiente. Estos avances no han sido obstáculo para que los Comuns hayan lanzado una clara advertencia desde el Parlament asegurando que, por su parte, la legislatura “embarrancará” si no se llega a un acuerdo.
Sobre la mesa de las negociaciones hay varias cuestiones a discutir. En el ámbito del alquiler de temporada, ambas partes tratan de dar “seguridad jurídica” a la regulación, que tendría como objetivo limitar los precios de este tipo de alquileres, como se ha hecho con el resto de viviendas de zonas tensionadas, para evitar así que el precio pueda ser un motivo de “fuga” de viviendas hacia el alquiler vacacional.
Al Govern le preocupa precisamente la seguridad jurídica del redactado para evitar, además, que haya un problema competencial, puesto que la mejor manera de regular esta figura sería a través de la ley de Arrendamientos Urbanos o modificando el Código Civil Catalán, dos alternativas cuya tramitación es mucho más larga o se escapan de las competencias del Govern.
Paneque también ha admitido que otro de los ámbitos de negociación tiene que ver con la reclamación de los Comuns para evitar la caducidad de la protección viviendas sociales. En 2025, unos 8.000 pisos de protección oficial (VPO) en Catalunya perderán esta condición debido a la caducidad de su calificación. En total, 36.000 viviendas protegidas perderán esta condición hasta 2030, lo que representa un 37% del total de VPO. “También se está trabajando esta cuestión”, ha admitido Paneque, quien sin embargo ha señalado que “actuar con efectos retroactivos puede llevar a reclamaciones patrimoniales”, así que “se está trabajando en medidas que puedan mejorar esta situación” que no ha querido detallar.
“Lo que estamos buscando es proteger lo máximo posible, el máximo tiempo posible, las viviendas pagadas con fondos públicos y hay diferentes modalidades”, ha comentado Paneque. Los Comuns querrían vincular estas viviendas que pueden perder el carácter social a las zonas tensionadas y el Govern en principio no lo vería mal, aunque también se baraja cómo tratar de alargar el periodo de protección social que está a punto de caducar.
Además de este decreto, el Govern tiene entre manos otro, el de contratación pública, para el que ERC también solicita una tramitación como proyecto de ley. En el Govern creen que este puede salir adelante con los socios de investidura e incluso con Junts, que “tiene muy difícil justificar un voto en contra”, señalan, pero todo está todavía por acabarse de desencallar.
De hecho, JxCat ha admitido este martes que aún no ha definido el sentido de su voto en los dos decretos que se votarán mañana en el Parlament. Su portavoz en la Cámara catalana, Mònica Sales, ha afirmado que “si fuera por las formas”, el voto sería negativo, pero quieren “acabar de hablar con los sectores implicados” para decidir. Sea como fuere, los posconvergentes apoyarán que ambas normas se tramiten como proyecto de ley si los dos decretos prosperan.
Por su parte, el PP ha informado que votará en contra del que compete a la vivienda y urbanismo porque se oponen a su “planteamiento”, mientras que aún sigue “estudiando” el de contratación pública.
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