Iberdrola planteará después de Semana Santa a Endesa y Naturgy iniciar los estudios de viabilidad de la central extremeña y de Trillo, un proceso cuyo coste ronda los 13 millones de euros Leer Iberdrola planteará después de Semana Santa a Endesa y Naturgy iniciar los estudios de viabilidad de la central extremeña y de Trillo, un proceso cuyo coste ronda los 13 millones de euros Leer
Aparentemente, el debate sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz ha llegado a un punto muerto, con todos los implicados enrocados en las mismas posiciones que llevan meses defendiendo. Aparentemente. Lo cierto es que estos días se están produciendo entre bambalinas movimientos tan discretos como relevantes, dirigidos a apuntalar una negociación -de las eléctricas entre ellas y de estas con el Gobierno-, que arrancará con fuerza después del parón de Semana Santa.
Desde el flanco gubernamental, el movimiento es, precisamente, la falta de avance. El Ejecutivo mantiene congelada la Fase 1 del cierre de la central extremeña, que consiste en la adjudicación de los trabajos de diseño e ingeniería del proceso de desmantelamiento. La empresa pública Enresa, responsable de la gestión de las centrales y sus residuos cuando pasan a manos estatales tras su cierre, difundió en junio de 2024 el anuncio previo de licitación de esos trabajos. Se trata de un trámite administrativo habitual en contratos de gran envergadura para favorecer la concurrencia.
La ingeniería del cierre de Almaraz, por un importe de 28 millones de euros, lo exigía. Si bien, fuentes técnicas indican que no es habitual que pasen tantos meses desde el anuncio previo hasta la apertura formal del concurso, especialmente, cuando el calendario aprieta tanto como en el caso del reactor extremeño, que entrará en el punto de no retorno en junio. Ni, en general, en un proceso escalonado como el apagón atómico que, en los términos acordados en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas, implicará el desmantelamiento simultáneo de hasta cuatro reactores, lo que empuja a Enresa a un desafío logístico sin precedentes, casi imposible si se acumulan retrasos.
«La pelota está en el tejado del Ministerio para la Transición Ecológica. Enresa sacó el anuncio previo hace casi un año y hace ya varios meses que la empresa pública habría aprobado internamente sacar la ingeniería a licitación, pero por el montante económico debe ser aprobada en Consejo de Ministros. Esto no se ha abordado aún», aseguran fuentes del sector. En el mercado, esta parálisis se analiza como una puerta abierta a la revisión de los tiempos de cierre. Preguntado por el estado de este trámite, el Ministerio no ha hecho comentarios.
El segundo movimiento de calado se está produciendo en el flanco empresarial. El capital de Almaraz y el de la central de Trillo (Guadalajara) se lo reparten entre Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%), a través de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT). Como primer accionista y gestora de estos reactores, es Iberdrola la que debe llevar la iniciativa en la negociación con el Gobierno. Eso sí, según los estatutos, las decisiones relevantes, como la petición de una prórroga, deben adoptarse por unanimidad.
Iberdrola habría puesto ya en marcha la maquinaria para, justo después de Semana Santa, proponer a sus socios iniciar los trabajos necesarios para posibilitar la ampliación de la vida útil de Almaraz. Se trata de los estudios que dilucidarán si es económicamente viable prorrogar la vida útil de Almaraz y Trillo, y en qué condiciones. Es decir, una suerte de auditoría de costes que las eléctricas emplearán después como base para su negociación con Aagesen, a quien Iberdrola y Endesa ya han pedido una reunión.
Estos estudios implican un coste de alrededor de 13 millones de euros, algo que será tenido en cuenta por algunas de las socias, según ha podido saber EL MUNDO. Con todo, la ejecución de estos trabajos es necesaria para que el Consejo de Seguridad Nuclear emita informe favorable y, de esta forma, se posibilite la extensión, siempre y cuando «las condiciones fiscales actuales de las centrales nucleares cambien», matizan fuentes de CNAT.
Y es que la cuestión fiscal sigue siendo un punto crítico de las conversaciones. Algunas más que otras, las tres energéticas insisten en que la extensión del parque nuclear debe ir acompañada de un alivio de la carga tributaria. También demandan un rediseño de la tasa Enresa, como se conoce a la aportación de las eléctricas a un fondo estatal para costear la gestión de los residuos radiactivos. Esta figura ha sido una línea roja para el Ministerio, que insiste en que es la vía para que «quien contamina, pague», y evitar que la factura del desmantelamiento la asuma el consumidor.
«El contexto internacional es favorable a una extensión, pues permitiría al Gobierno modificar el calendario al amparo de la nueva coyuntura», asegura una fuente empresarial. Y es que a la hora de abordar una eventual extensión, en el sector insisten en que sobre Aagesen han pesado los postulados tajantemente antinucleares de su antecesora, Teresa Ribera, quien en su nueva condición de comisaria europea ha moderado su postura.
Dilatar el plan de cierre tampoco sería visto con malos ojos por las instituciones comunitarias ni internacionales. Precisamente, este martes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, aludió a ese «fenómeno global del aumento del interés por la energía nuclear» para indicar que «consideraría replantear el actual calendario de cierre» de España. Lo hizo ayer en un encuentro del IESE y la Fundación Naturgy, que contó con el presidente de la gasista, Francisco Reynés, en el que, en cualquier caso, Birol indicó que es una decisión que depende del Gobierno. Más tarde, el portavoz de la IEA mantuvo un encuentro con Aagesen.
El pulso nuclear está plagado de contradicciones. El Partido Popular lidera la ofensiva en el Congreso para ampliar la vida del parque atómico, de hecho, lo ha incluido en su batería de propuestas a Moncloa para plantar cara a los aranceles de Estados Unidos. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ya ha registrado una propuesta de ley para extender las nucleares. Sin embargo, el PP no logra que la presidenta extremeña, María Guardiola, rebaje la tasa autonómica que contribuye a hacer inviable la central de Almaraz. Los primeros ejecutivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy reclaman la prórroga en cada foro, pero siguen sin pedírselo oficialmente a Sara Aagesen. Y la vicepresidenta tercera insiste en cargar toda la responsabilidad de la negociación en las empresas, obviando que el mix energético y la seguridad de suministro son responsabilidad del Ministerio, no del Ibex eléctrico.
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