La aportación del sector privado supera los 13.000 millones de euros, su máximo histórico, mientras que la de las familias se sitúa en su mínimo desde 2012, a excepción del año del Covid Leer La aportación del sector privado supera los 13.000 millones de euros, su máximo histórico, mientras que la de las familias se sitúa en su mínimo desde 2012, a excepción del año del Covid Leer
Nunca como en 2023, los impuestos medioambientales habían insuflado tanto aire a las arcas públicas en España. Un total de 22.880 millones de euros en 2023, un repunte del 10,7% más frente al año previo y su récord histórico, según publicó ayer el INE. Hoy, nadie discute que, al menos en Europa, la fiscalidad verde ha llegado para quedarse y todo apunta a que seguirá creciendo. Si bien, la última revisión del organismo estadístico español consolida un viraje que había sido menos evidente hasta la fecha. Si hasta ahora el golpe fiscal había repercutido en mayor medida en las familias, ahora son las empresas las que más pagan.
Los distintos sectores de actividad aportaron más de 13.000 millones de euros en concepto de impuestos ambientales en 2023, un 57,2% del total. Los hogares contribuyeron con 9.800 millones, el otro 42,8%. Desde el principio de la serie histórica recogida por el INE, 2008, las familias habían sido las mayores pagadoras del país en impuestos verdes, ininterrumpidamente hasta 2020, un año marcado por la bajada masiva de impuestos para hacer frente a la pandemia.
En los dos años siguientes, la carga fiscal verde de los hogares se mantuvo ligeramente por debajo de la del sector privado, aunque ambas avanzaron en paralelo debido a que el Gobierno extendió muchas de las medidas de alivio para afrontar la crisis energética e inflacionista.
El año pasado, el primero del último trienio de cierta normalidad tributaria, el golpe fiscal a las empresas se disparó, pulverizando cualquier máximo histórico, mientras que la aportación de las familias cayó a mínimos de 2012. «El cambio de tendencia responde a la combinación de las políticas impositivas impulsadas desde 2019 por la Comisión Von der Leyen, con una serie de medidas fiscales marcadas a nivel nacional», explica Pedro González-Gaggero, socio responsable de fiscalidad medioambiental de la big four EY.
Una segunda fuente legal especializada en esta área insiste en que Bruselas ha ido poniendo en marcha «impuestos finalistas ambientales» que recaen sobre las empresas y no solo sobre el producto final. Se trata de «toda una serie de tasas que, directamente, han servido para equilibrar la carga fiscal que antes asumían las familias«. Alineado con este afán europeo, «que va a ir aumentando», está «el propósito del Gobierno español de no cargar tanto a los consumidores».
Así lo respaldan las cifras. Entre 2017 y 2023, bajo la Administración de Pedro Sánchez, las empresas dispararon un 34% el pago de tasas verdes, mientras que el importe aportado por las familias se desplomó un 16%. Ambos expertos coinciden en que en 2024, la carga fiscal de los hogares podría repuntar algo, si bien no prevén alteraciones en el actual reparto de costes entre los ciudadanos y el sector privado.
Para González-Gaggero el mayor cambio lo ha provocado el pago de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que pasaron de no aportar nada hasta 2012, a contribuir con unos 500 millones de euros anuales hasta 2017, a registrar un récord absoluto de 3.100 millones de euros el pasado ejercicio. «En 2024 debería descender algo por la normalización de precios», anticipa.
Menos tasas directas sobre el consumidor, en cualquier caso, no evitarán que este acabe pagando la factura medioambiental. «Parte de esa fiscalidad verde sobre las empresas se traducirá en incremento de precios finales y, en parte, esto persigue que los ciudadanos también modifiquen sus hábitos de consumo», señala el socio de EY. Un ejemplo de nueva figura tributaria de efecto disuasorio es el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que en su primer año de vigencia recaudó 596 millones de euros, según el INE.
La tasa a los plásticos forma parte de los llamados Impuestos sobre la contaminación y los recursos, que recaen en su inmensa mayoría en las empresas. Esta categoría fue la que experimentó un mayor crecimiento entre 2022 y 2023, de casi un 88%, al pasar de 1.077 millones a 2.022 millones. «La tendencia es hacia una fiscalidad cada vez más finalista y, aunque hay que evitar obstaculizar a la industria hasta el punto de ahogarla y empujarla a la deslocalización, tampoco es razonable que el consumidor no note nada porque es parte del cambio», apunta la segunda fuente.
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