Con la incomparecencia de Margarita Robles, la tercera de un ministro en apenas una semana, el Gobierno ha optado por la vía de los hechos consumados en su pulso con el Senado, dominado por el PP. El Ejecutivo niega que se trate de un “plantón” tras la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta —donde 72.000 personas cruzaron la frontera y más de 140 murieron— y alega que los ministros acudirán “más adelante”. La maniobra, sin embargo, le permite congelar las explicaciones en el territorio hostil de la mayoría absoluta del PP hasta septiembre, cuando habrá transcurrido más de un mes de la tragedia.
La maniobra carece de consecuencias legales, aunque el PP lo elevará al Constitucional, pero margina la funcionalidad de la Cámara Alta
Con la incomparecencia de Margarita Robles, la tercera de un ministro en apenas una semana, el Gobierno ha optado por la vía de los hechos consumados en su pulso con el Senado, dominado por el PP. El Ejecutivo niega que se trate de un “plantón” tras la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta —donde 72.000 personas cruzaron la frontera y más de 140 murieron— y alega que los ministros acudirán “más adelante”. La maniobra, sin embargo, le permite congelar las explicaciones en el territorio hostil de la mayoría absoluta del PP hasta septiembre, cuando habrá transcurrido más de un mes de la tragedia.
La estrategia busca ganar tiempo en el periodo extraordinario de agosto y pivotar hacia el Congreso, un terreno de juego mucho más amable para el Ejecutivo. Así lo demuestra la secuencia de los hechos. El 5 de agosto, el PP tomó la delantera al solicitar la comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños en el Senado. Y 48 horas después, la Moncloa reaccionó registrando en la Cámara Baja sus propias solicitudes a petición propia, fijando el debate para los días 25, 27 y 28 de agosto y desplazando así el foco institucional.
La diferencia es relevante. En el Senado, los ministros son requeridos por la mayoría absoluta del PP. En el Congreso, es el propio Gobierno el que ha pedido comparecer. Y aunque las dos Cámaras ejercen funciones de control, la correlación de fuerzas convierte el segundo escenario en mucho más previsible para la Moncloa donde sus socios sostienen al Ejecutivo y el PP no puede imponer su agenda con la misma facilidad.
En el plano jurídico, el Gobierno se aferra a una diferencia constitucional importante. El artículo 110 establece que tanto las Cámaras como sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; el Senado, por tanto, tiene capacidad para exigir esas comparecencias. Pero el artículo 108 establece que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso, la Cámara que inviste al presidente y puede retirarle su confianza. Esa diferencia permite a la Moncloa reivindicar la prioridad política del Congreso, pero no convierte su comparecencia ante los diputados en sustitutiva de la que pueda reclamar el Senado.
¿Hay alguna repercusión legal? En absoluto porque, a diferencia de una comisión de investigación, una ausencia en una comparecencia ordinaria de control no activa el régimen penal previsto para quien desatiende un requerimiento de investigación parlamentaria. El Gobierno se encuentra así ante una obligación parlamentaria cuyo incumplimiento puede provocar un choque institucional y político, pero sin la coerción penal que acompaña a las comisiones de investigación.
Pero el choque ya ha adquirido dimensión institucional. Porque, tras la ausencia de Marlaska de la pasada semana, el Senado ya anunció su determinación a llevar el caso al Tribunal Constitucional. La vía no es sencilla al tratarse de una comisión ordinaria, pero revela hasta dónde ha escalado el pulso entre ambas Cámaras.
Sobre esa base, la Moncloa ha articulado un relato que apenas ha variado pese a las quejas del PP. Alega que “no tiene sentido duplicar” explicaciones sobre una misma crisis, apela a la “prioridad institucional” del Congreso, reclama tiempo para preparar unas comparecencias sobre una situación todavía abierta y cuestiona la presión del PP para celebrar las comparecencias en agosto cuando se trata de un periodo inhábil de las Cortes.
Pero la razón de fondo trasciende lo jurídico. Es puramente política. Acudir primero al Senado supone aceptar las reglas de juego de la mayoría absoluta del PP. Mientras que piorizar el Congreso permite a la Moncloa tomar la iniciativa, fijar primero su versión de los hechos y llegar al Senado con el relato ya construido.
No es una dinámica inédita. El PP ha utilizado durante esta legislatura su mayoría absoluta en el Senado para impulsar mecanismos de control y comisiones de investigación que, en ocasiones, discurren en paralelo a iniciativas sobre los mismos asuntos en el Congreso como es el caso de la gestión de la dana de Valencia. Ahora el Gobierno emplea la mayoría de la Cámara Baja en sentido inverso. Para llevar allí primero una explicación que el Senado le reclama en otro calendario.
Por eso la fórmula de la Moncloa resulta políticamente eficaz. No dice que los ministros no vayan a comparecer ante el Senado; dice que lo harán “más adelante”. En la práctica, eso significa que las primeras explicaciones parlamentarias de una crisis que comenzó el 30 de julio llegarán a finales de agosto, casi un mes después de los hechos, y ante la Cámara en la que el Gobierno controla mejor los tiempos y las alianzas.
El Ejecutivo puede sostener que no rehúye el control de la Cámara Alta, pero en la práctica está dejando en segundo plano al Senado cuando España tiene un sistema bicameral.
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