El acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele para detener a cientos inmigrantes deportados desde EE. UU. en una siniestra mega cárcel en el interior de El Salvador empieza a tener dimensiones ya no solo distópicas sino surrealistas.
EE.UU. deporta a delincuentes cuyo testimonio ante la justicia perjudicaría al presidente salvadoreño
El acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele para detener a cientos inmigrantes deportados desde EE. UU. en una siniestra mega cárcel en el interior de El Salvador empieza a tener dimensiones ya no solo distópicas sino surrealistas.
Por un lado, más de 200 venezolanos, sin vínculos obvios con la delincuencia organizada, permanecen en el recién construido Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) a 60 kilómetros de San Salvador, acusados de ser integrantes de la banda criminal Tren de Aragua.
Según los familiares de los venezolanos detenidos, las pruebas citadas por la policía de inmigración estadounidense para justificar su encarcelamiento en el país centroamericano son circunstanciales y, a veces, rozan lo ridículo. Incluyen, por ejemplo, exhibir tatuajes corporales con imágenes de rosas o tigres, así como frases supuestamente utilizadas por la banda criminal venezolana, como “Hijo de Dios” o “Real Madrid, hasta la muerte”.
Por otro lado, verdaderos delincuentes -cabecillas confesos de los sádicos Mara Salvatrucha MS-13-, han sido deportados pese a tener juicios pendientes en Nueva York por presuntos delitos cometidos en Estados Unidos. Uno de ellos, César Humberto López Larios, apodado “Greñas”, fue identificado por el diario salvadoreño El Faro en un video publicado en la red X por Bukele para anunciar -y jactarse de- el ingreso de los presos en el CECOT. López Larios, miembro de la cúpula de la infame pandilla salvadoreña estaba siendo juzgado en Estados Unidos.
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Los fiscales estadounidenses que investigan al MS-13 habían confirmado información publicada en medios salvadoreños, según la cual Greñas participó en negociaciones secretas con el gobierno de Bukele en 2021 antes de que el polémico presidente salvadoreño declarase un estado de emergencia y la detención preventiva de unos 80.000 presuntos integrantes del MS-13.
La investigación judicial contra López Larios en Nueva York fue suspendida días antes de la deportación. El Salvador debido a “consideraciones de política exterior sensibles e importantes”, según la fiscalía federal estadounidense.
Parte del plan de Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, empezando por presuntos delincuentes, la deportación de pandilleros como Greñas “es un problema para la justicia en EE. UU. porque interfiere en procesos judiciales”, dijo Jorge Rodríguez, de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.
El juicio contra Greñas “podría haber ventilado la existencia de las negociaciones entre los pandilleros y Bukele”, añadió en una entrevista a La Vanguardia. La extradición de muchos de estos cabecillas del MS-13 que habían cruzado la frontera a México y Guatemala, fue considerada un importante logro de la justicia en estos países y en EE. UU.
Se suspende el juicio en EE.UU. de un líder delincuente para deportarlo a El Salvador
Hace dos años El Faro publicó una grabación de una conversación entre un ministro de Bukele y líderes del MS-13 en la que se ofrecía la impunidad a cambio de una reducción del numero de asesinatos en el pequeño país centroamericano que entonces encabezaba los rankings de homicidios.
El gobierno salvadoreño no ha confirmado la existencia de estas negociaciones, que mancillaría la imagen de Bukele de ser el azote intransigente de la delincuencia. De ahí la especulación de que Trump puede haber accedido al deseo de Bukele de que los detalles sobre estas negociaciones se hagan públicos en un juicio estadounidense.
Según algunos observadores en El Salvador, el pacto que se pretendía alcanzar entre Bukele y los mara involucraban trato preferencial para los líderes del MS-13 frente a los pandilleros de base.
“Una de las preocupaciones que Bukele tenía era lo que estos líderes de bandas delincuenciales pudieran decir en los tribunales estadounidenses (…) que pudiera implicar a Bukele”, dijo Ana María Méndez Dardón, la directora de la oficina para América Latina en Washington (WOLA), citada en el medio estadounidense Dropsite News. Greñas no era el único peligro para Bukele. Según las grabaciones, el principal negociador con el gobierno era el líder de la MS-13, Elmer Canales, apodado “El Crook de Hollywood”. Canales aun se encuentra en EE.UU. pendiente juicio. Si él se incorporase a la lista de deportados sería la prueba definitiva de un pacto entre Bukele y Trump. Trump anunció el jueves que Bukele visitará la Casa Blanca a finales de abril
Bukele “se preocupa por el testimonio de los MS-13 en los tribunales en EE.UU.”
Tanto Trump como Bukele emplean un discurso populista de “mano dura” contra la delincuencia sin preocuparse demasiado por garantizar que los detenidos sean, en efecto, delincuentes. Los deportados desde EE.UU. se someten al mismo tratamiento deshumanizante que decenas de miles de salvadoreños arrestados en redadas arbitrarias, fotografiados semidesnudos y con las cabezas rapadas, y hacinados en las cárceles.
Todo tiene resonancias con el origen de la Mara Salvatrucha, que nació en los barrios salvadoreños de Los Ángeles en los años ochenta cuando EE.UU. financiaba las guerras sucias en Centroamérica. La epidemia de crimen en El Salvador inició cuando los mara fueron deportados a El Salvador por la administración de Ronald Reagan.
La situación de los deportados venezolanos es aún más grave. Bukele anunció a bombo y platillo a mediados del mes pasado que 238 “miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua” habían sido deportados de EE. UU. a El Salvador y encarcelados en el CECOT que tienecapacidad para alojar a 40.000 presos. Añadió que permanecerían en la cárcel durante un año según el acuerdo alcanzado entre los dos países, en el que Estados Unidos pagará más de 20.000 dólares al año por cada deportado encarcelado en El Salvador.
Pero la propia administración Trump desmintió que todos los venezolanos deportados fueran integrantes de bandas delincuenciales. Emergen cada vez más casos de inmigrantes venezolanos sin relación alguna con la delincuencia, según han denunciado familiares y grupos de derechos humanos.
Los anuncios en redes sociales de Bukele son típicos de un gobierno que ha encarcelado a miles de personas inocentes en su afán por rentabilizar políticamente la mano dura contra la delincuencia. Según las denuncias de familiares, al menos 6.000 salvadoreños encarcelados, muchos en el CECOT, de los deportados son inocentes y privados de derechos debido al estado de emergencia declarado por Bukele hace casi tres años. Ahora se suman los deportados en una política de Trump diseñada, al igual que la de Bukele, para sacar partido de una apariencia de mano dura, pese a que obstaculice la justicia en EE. UU.
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