El Tribunal Constitucional (TC) está dispuesto a avalar, eso sí, fuertemente dividido, la constitucionalidad de la ley de Amnistía a pesar de la tormenta política que acecha al Gobierno y que afecta directamente a Santos Cerdán, uno de los negociadores de la norma para borrar las causas judiciales, administrativas y contables vinculadas al procés .
El órgano, fuertemente dividido, aprobara la primera sentencia a finales de semana
El Tribunal Constitucional (TC) está dispuesto a avalar, eso sí, fuertemente dividido, la constitucionalidad de la ley de Amnistía a pesar de la tormenta política que acecha al Gobierno y que afecta directamente a Santos Cerdán, uno de los negociadores de la norma para borrar las causas judiciales, administrativas y contables vinculadas al procés .
El órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido comienza hoy el debate sobre la ponencia, elaborada por la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, que revisa el recurso interpuesto por el PP contra la ley. El borrador declara constitucional la práctica totalidad del texto al sostener, en esencia, que el TC no debe entrar a valorar los motivos políticos que llevaron a su aprobación en las Cortes, sino únicamente si la norma es incompatible con la Constitución. “El concreto objetivo político que con la ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal”, señala el borrador de Montalbán, quien en respuesta al PP, que achaca la amnistía a “una transacción política para asegurar la investidura”, señala que todas las leyes responden a “criterios de oportunidad política”.
Respecto a la constitucionalidad de la amnistía, la ponencia indica que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí”.
Conde-Pumpido ha habilitado toda la semana del 23 al 27 de junio, de lunes a viernes, para la deliberación y votación de la sentencia, con el fin de tener tiempo suficiente y mantener la continuidad de la deliberación y la unidad de acto con la votación.
Según el presidente, esta previsión es necesaria para poder empezar en septiembre el estudio del resto de asuntos pendientes sobre esta materia (30 recursos entre los de las comunidades autónomas, las cuestiones de inconstitucionalidad y los recursos de amparo).
Conde-Pumpido considera que el tiempo establecido es suficiente para el estudio de la ponencia, puesto que se ha repartido entre los diez magistrados, que la han podido estudiar con más de tres semanas de antelación, tal y como se le solicitó.
La ponencia de Montalbán señala que los motivos políticos de la norma no incumben al tribunal
Hace dos semanas ya hubo una primera reunión en la que Montalbán expuso las líneas centrales de la ponencia. Hoy comienza un pleno monográfico, en el que podrá llevarse a cabo la deliberación que se quiera y resulte necesaria. El objetivo del presidente es que entre el jueves y el viernes se vote y con la mayoría progresista (6-4) salga adelante el texto. Su idea es que antes de empezar el verano pueda estar notificada la sentencia con los votos particulares de los magistrados discrepantes.
Fuentes del tribunal aseguran que la mayoría progresista del tribunal mantiene su idea de votar a favor del borrador de Montalbán, ajenos a lo ocurrido en la calle Ferraz (sede del PSOE), desde donde se negoció la amnistía.
De hecho, fue Santos Cerdán –que dimitió hace dos semanas como secretario de organización del PSOE salpicado por un supuesto caso de corrupción– el designado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para negociar con el líder de Junts, Carles Puigdemont, el texto de la ley, siendo el expresident uno de los principales beneficiados de la ley de olvido penal.
Sánchez pactó con los independentistas, también con Esquerra –en este caso fue el ministro Félix Bolaños el principal negociador– aprobar la amnistía, a través de una proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso, a cambio de su apoyo para lograr los votos suficientes para lograr la investidura y ser reelegido jefe del Ejecutivo tras las elecciones de julio del 2023.
El presidente eligió a Cerdán como uno de los negociadores y fue quien acudió a Waterloo a reunirse con el expresidente de la Generalitat.
Uno de los argumentos esgrimidos contra la amnistía es que la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y, en consecuencia, más prohibida debería estar la amnistía. La ponencia que tiene encima de la mesa el Constitucional no comparte este criterio y señala que la Carta Magna no prohíbe la amnistía expresamente. El texto explica que aunque el indulto y la amnistía puedan tener puntos en común, “el régimen jurídico que las define y sus efectos jurídicos son muy distintos”. Así, indica que mientras el indulto es un acto del Gobierno y puede ser objeto de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, la amnistía solo puede ser adoptada por el legislador, pues solo este puede excepcionar la ley. Además, el texto aclara que “la amnistía no es el olvido de los hechos”, sino la extinción de sus consecuencias jurídicas de “carácter represivo ”. “Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede borrarlos”.
Uno de los puntos que más costó sacar adelante fue el de incluir en la amnistía los delitos de terrorismo, coincidiendo con la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –ya jubilado– y que apuntaba directamente a Puigdemont y Marta Rovira (ERC) en la causa de Tsunami Democràtic por ese delito. Finalmente logró el acuerdo deseado y la ley salió adelante en mayo del año pasado.
El estudio sobre la malversación, que impide la aplicación de la ley a Puigdemont y otros, deberá esperar
A pesar de que la ley entró en vigor, el Tribunal Supremo se ha negado a aplicarla a Puigdemont y a los principales dirigentes independentistas al considerar que el delito de malversación, del que se les hace responsables por utilizar fondos públicos para organizar el referéndum del 1 de octubre del 2017, no es amnistiable. El Alto Tribunal entiende que estos dirigentes se lucraron porque, si no hubiesen utilizado dinero de las arcas de la Generalitat, hubieran tenido que usar dinero de su bolsillo, y, por tanto, a su juicio, existe un lucro personal, excepción recogida en la ley para quedar excluido de la amnistía. Esta primera sentencia no entrará a valorar esta doctrina del Supremo, por lo que Puigdemont todavía tendrá que esperar unos meses hasta que se clarifique si será amnistiado.
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