El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la proposición de ley orgánica promovida por el PSOE para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. La iniciativa, no obstante, no afectará a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, cuya extinción prepara el Ministerio de Cultura mediante un procedimiento paralelo.
Los populares reprenden al Gobierno por insistir con “políticas de confrontación y polarización” e incluirán enmiendas en el Senado
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la proposición de ley orgánica promovida por el PSOE para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, incluyendo como causa de disolución la apología del franquismo, y adaptando así esta normativa, de 2002, a la ley de memoria democrática de 2022. La iniciativa, no obstante, no afectará a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, cuya extinción prepara el Ministerio de Cultura mediante un procedimiento paralelo.
La iniciativa original subrayaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que corresponderá al Ministerio Fiscal “el ejercicio de la acción en este tipo de procesos”, pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.
En concreto, se ha incluido como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”, bien “ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior”, “enalteciendo” a sus dirigentes, siempre que “concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” del golpe, la guerra o la dictadura o con “incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
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Los de Alberto Núñez Feijóo han mostrado sus discrepancias por “la insistencia del Gobierno por llevar al Congreso políticas de confrontación y polarización cada vez que tiene un problema de debilidad por la escasez de socios”. Y, al igual que UPN, han recriminado que la reforma no sea “más inclusiva” al no incluirse, como proponían, la apología de “todos los regímenes totalitarios” como “los comunistas, socialistas y fascistas”. Aun así, el encargado de defender la posición de los populares, el diputado Pedro Puy, ha señalado que su grupo optaría por la abstención para “reforzar la democracia y la convivencia”.
Mientras que, desde el Gobierno, el socialista Artemi Rallo ha propugnado que “la apología del franquismo no puede excusarse en la libertad de expresión ni de manifestación. Todas estas libertades tienen limites”, ha destacado.
La normativa tendrá que pasar ahora por el Senado, en donde la mayoría del PP podría introducir alguna enmienda. Un hecho que los populares no descartan tras la negativa del PSOE a aceptar en el Congreso ninguna de las enmiendas propuestas por los grupos.
La ley de memoria democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que “enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”.
El texto no incluye la enmienda para acabar con los juicios rápidos por usurpación
El PSOE finalmente renunció a introducir en este texto una enmienda pactada con los socios a su izquierda para acabar con los juicios rápidos por usurpación (ocupación de un inmueble que no es vivienda habitual) y allanamiento de morada (asalto de una vivienda habitual).
Los socialistas acordaron con sus aliados emplear esta reforma de la ley de asociaciones, que no tiene nada que ver con la vivienda, para intentar revertir un error que EH Bildu y ERC cometieron en noviembre votando a favor de una enmienda del PNV a la ley de eficiencia del servicio público de justicia para agilizar los desahucios en casos de okupación y de allanamiento de morada.
Desde ese mismo momento, ambas formaciones reclamaron al Gobierno enmendar ese error. Pero la elección de una enmienda en la ley de asociación fue bloqueada por PNV, Junts, PP y Vox.
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