Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra cuentan con los municipios más vulnerables, según un estudio de la Fundación la Caixa Leer Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra cuentan con los municipios más vulnerables, según un estudio de la Fundación la Caixa Leer
La despoblación ya no es el único problema de muchas zonas rurales del interior de España que además sufren el impacto de la globalización en el sector primario y el del cambio climático, lo que las convierte en las zonas más vulnerables para afrontar el futuro. La mayoría de ellas se concentran en lo que se ha denominado ‘el cinturón de la vulnerabilidad’, una franja que cruza España y que ocupa un 21% del territorio.
Así lo describe la Fundación la Caixa en un informe publicado este martes, en el que advierte de que «el cambio climático, la despoblación y la globalización del comercio agrícola provocan vulnerabilidad, entendida como el grado en el que una zona es susceptible de experimentar efectos socioeconómicos y medioambientales y no es capaz de lidiar con ellos».
Las comarcas más amenazadas por estos tres elementos se sitúan en ese cinturón, «que abarca Castilla y León (el 77% de sus comarcas son vulnerables), Navarra (43%) y Castilla-La Mancha (34%)».
Muchos de sus municipios no sólo sufren un invierno demográfico -derivado del éxodo de los jóvenes y el envejecimiento de los que se quedan-, sino que además son víctimas de un mayor riesgo de incendios y de una caída de la precipitación media, así como de una pérdida de capacidad de negociación en el comercio agrícola mundial de sus pequeños productores o explotaciones agrarias familiares.
Los autores dibujan la existencia de cuatro Españas, en función del grado y tipo de vulnerabilidad más común. La primera de ellas es «la vaciada y económicamente marginalizada», que sería la más vulnerable. Está compuesta por 2.858 municipios situados sobre todo en el norte de España -en especial Castilla y León y parte de Aragón-, que son loas más afectados por la despoblación: «presentan el mayor descenso en la tasa de crecimiento natural de la población, la proporción más elevada de personas mayores por cada persona joven, y la proporción más elevada de núcleos de población pequeños, de menos de 500 habitantes».
Son también los territorios más afectados por las pérdidas económicas derivadas de la disminución de los precios que se pagan a los productores agrícolas y la competencia que suponen los alimentos importados.
Luego está «la España que resiste económicamente, pero se seca», la segunda más vulnerable, integrada por 1.112 municipios de cadenas montañosas o en los alrededores del grupo anterior. Se caracterizan por haber sufrido la mayor disminución en la precipitación media anual, por lo que «dada su alta dependencia de los cultivos de secano, es el grupo más vulnerable a la escasez de agua».
Finalmente estarían «la España erosionada» y la «España exportadora». La primera, con 3.198 municipios, abarca el 54% del territorio y está bastante distribuida por la península, si bien tiene especial incidencia en Galicia, Asturias, el centro y el sur del país. «No presenta graves problemas socioeconómicos, pero es el más afectado por los incendios forestales y la erosión del suelo».
La segunda tan sólo comprende 595 municipios (5% del territorio) que se sitúan principalmente cerca de la costa y las grandes ciudades. «Se trata del grupo menos vulnerable. Su principal fuente de vulnerabilidad está relacionada con su exposición a la globalización del comercio agrícola, aunque también cabe destacar que es el que depende en mayor medida de la agricultura de regadío y el que presenta la menor proporción de zonas protegidas».
Todas estas comarcas están expuestas a amenazas que las instituciones deberían tener en cuenta, según los autores, ya que muchas veces guardan relación con la falta de recursos. «Conforme las zonas rurales pierden población, los gobiernos tienen menos incentivos para invertir en escuelas, viviendas o carreteras, lo que a su vez disuade a la población de residir en ellas. Las inversiones públicas en logística podrían contribuir al desarrollo de empresas de transformación de productos alimentarios y, en última instancia, mejorar la vulnerabilidad ante los mercados mundiales, pero estas inversiones son más arriesgadas desde el punto de la vista de la rentabilidad en las zonas rurales remotas que en las zonas mejor conectadas o urbanas», apuntan.
Aunque las políticas de desarrollo rural se han centrado hasta la fecha en el impacto de la despoblación, los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), autores del estudio, alertan «sobre la necesidad de revisar las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) desde el punto de vista de su capacidad para abordar problemas ambientales y sociales de manera integrada». Ponen como ejemplo el programa de incorporación de jóvenes agricultores, que si bien contribuye al relevo generacional y a mitigar la despoblación, «promociona un modelo de explotación agrícola intensivo y mecanizado de gran escala, de dudosa capacidad adaptativa frente al cambio climático y la volatilidad del mercado».
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