El PP ha diseñado un plan nacional migratorio que hizo público en octubre, con diez puntos que aspiraban a controlar el flujo de llegadas a España para que fueran condicionadas a las necesidades económicas y la capacidad de integración de los foráneos. Sin embargo, Pedro Sánchez se descolgó la semana pasada con una regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes y eso ha hecho estallar al PP: “España vive una situación migratoria sin precedentes”, ha sentenciado este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra.
Alma Ezcurra advierte de que las políticas del Gobierno tendrán impacto en el censo electoral a “medio plazo” y advierte de la presión sobre los servicios públicos
El PP ha diseñado un plan nacional migratorio que hizo público en octubre, con diez puntos que aspiraban a controlar el flujo de llegadas a España para que fueran condicionadas a las necesidades económicas y la capacidad de integración de los foráneos. Sin embargo, Pedro Sánchez se descolgó la semana pasada con una regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes y eso ha hecho estallar al PP: “España vive una situación migratoria sin precedentes”, ha sentenciado este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra.
Ezcurra, responsable del área de políticas migratorias en el PP, ha desgranado una serie de datos a través de las redes sociales para avalar esa afirmación. En concreto, ha dicho que, desde que desembarcó Sánchez en el Gobierno hace siete años, han llegado a España 2,5 millones de inmigrantes, de los cuales 1,6 millones lo han hecho desde el 1 de enero de 2022 (es decir, en los últimos tres años).
De hecho, Ezcurra ha ido a más y ha señalado que, en el año 2000, sólo el 2,28% de la población tenía nacionalidad extranjera, mientras que, en 2025, ese porcentaje alcanza el 14,4%. “El 20% de la población española es ya de origen extranjero. En 2017 había 107.000 inmigrantes irregulares en España. Hoy son 840.000. Desde que gobierna Sánchez, la irregularidad se ha disparado un 685%”, ha agregado Ezcurra. “Es un cambio demográfico de enorme magnitud: España no es la misma y las políticas no pueden seguir siendo las mismas”, ha añadido.
En este sentido, tanto Ezcurra como el PP hacen énfasis en el impacto que pueden tener las medidas en materia migratoria que está adoptando el Gobierno. Por un lado, está regularización, que permitirá a más de medio millón de personas ser residentes legales en España, aunque tendrán que esperar hasta diez años para obtener la nacionalidad. Y, por otro lado, está la Ley de Nietos, con la cual pueden solicitar la nacionalidad española hijos y nietos de españoles y lo han pedido hasta 2,4 millones de personas, aunque está por determinar cuántas solicitudes se tramitarán.
En este sentido, Ezcurra y el PP advierten de dos tipos de impactos importantes para España. Por un lado, el censo de población y electoral, que puede alterarse a “medio plazo”; y, por otro, la presión sobre los servicios públicos y el posible riesgo para la seguridad de España.
El propio Feijóo ya advirtió hace unos días del impacto en el censo que puede tener estas medidas migratorias de Sánchez. Ahora mismo, los que consigan la nacionalidad directamente, ya podrán votar; los que sean regularizados, deberán de superar un mínimo periodo de tiempo en España para lograr la nacionalidad y ya poder votar. Tanto nacionalizados como regularizados ampliarán el censo de población.
No obstante, los regularizados deberán esperar para poder formar parte del censo electoral. De ahí que Ezcurra haya querido matizar este viernes en una entrevista en Radio Nacional sobre el posible impacto electoral de los inmigrantes: a su juicio, no habrá efectos a corto plazo, pero si en el “medio plazo”. Así, ha puntualizado que las personas regularizadas pertenecen a Iberoamérica, a Filipinas o a Guinea Ecuatorial van a poder solicitar la nacionalidad española en “solo dos años, lo que les va a permitir participar en todas las elecciones”.
En cuanto a la presión sobre los servicios públicos, Ezcurra ha asegurado que todo los españoles pagarán las “consecuencias”: “Más presión sobre la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales, sin recursos adicionales ni planificación previa”.
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