Europa no tiene una visión consensuada sobre cómo atajar el consumo de tabaco. Y los productos alternativos empiezan a estar también en el punto de mira Leer Europa no tiene una visión consensuada sobre cómo atajar el consumo de tabaco. Y los productos alternativos empiezan a estar también en el punto de mira Leer
Sin consenso. El encuentro de la Conferencia de las Partes (COP11) concluyó este fin de semana dejando para su próxima reunión en 2027 la tarea de definir un marco global de la lucha antitabaco actualizado con «la creciente oleada de dependencia de la nicotina», especialmente a través de los productos alternativos. Porque, si bien todos los países tienen una postura clara sobre los perjuicios del tabaco, no hay consenso en la forma de abordarlo. De hecho, en esta reunión el principal obstáculo ha sido la divergencia de opiniones sobre los dos proyectos propuestos: uno que planteaba normas para regular el consumo de nicotina con independencia de su origen o formato, y otro planteaba crear grupos de trabajo con la industria tabacalera, que pide más flexibilidad para los productos alternativos o de riesgo reducido (RRP, sus siglas en inglés) por ser menos perjudiciales que el tabaco.
La COP11 ya había generado malestar en la industria de forma previa a su celebración. Las empresas denuncian que quedan al margen de esta reunión orquestada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar su actividad económica y que no hay un debate donde se consideren todos los puntos de vista.
La patronal de las compañías tabacaleras en España, Mesa del Tabaco, ya había dejado clara su oposición a las directivas planteadas por la OMS, como aplicar restricciones basadas en la fecha de nacimiento (generational ban) o la reducción de los puntos de venta: «Se trata de iniciativas desproporcionadas, que carecen de evidencia sólida sobre su eficacia. Este tipo de enfoques restrictivos no reducen el consumo y, en cambio, provocan efectos indeseados como el incremento del comercio ilícito», explican a este medio. Ante todo, ven «un endurecimiento excesivo» de la ley antitabaco y falta de medidas conductuales adecuadas que lo acompañen.
Pese a que queda en manos de los distintos países aplicar una u otra regulación al tabaco, la COP tiene un importante alcance. Las 183 Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) representan al 90% de la población mundial y se reúnen para elaborar un marco jurídico y normativo específicamente para el control del tabaco. Debido a estas reuniones existe, por ejemplo, la obligación de incluir advertencias con imágenes en los paquetes de cigarrillos o los espacios sin humo. Todo ello, con un objetivo: entre 2010 y 2025 debe reducirse la tasa de tabaquismo global un 30%. Los portavoces de la COP en Ginebra, hasta donde han acudido 160 países miembros, no han aclarado todavía qué países han logrado este objetivo. La OMS estima que sólo siete europeos están cerca de la meta.
Este año, el encuentro se centró en la regulación de los productos alternativos al tabaco convencional, especialmente cigarrillos electrónicos (váper) y bolsas de nicotina. El consumo continuado de este componente adictivo y el buen recibimiento del váper en la población joven han sido subrayados por las autoridades sanitarias para que los RRP se equiparen al tradicional en su comercialización. Pero en la COP11 «ha imperado el estíritu de multilateralismo», en opinión de la presidenta de la COP11, Reina Roa. La portavoz de la COP11 denunció una «increíble intereferencia» de la industria tabacalera en esta reunión, cuyos intereses comerciales «no son compatibles con la salud pública». E insistió, durante la rueda de prensa al cierre del encuentro, que «los países necesitan mayor organización» en la lucha antitabaco.
Precisamente uno de los aspectos destacados de la COP11 fue la división entre los Veintisiete. Algunos de sus miembros quieren que la UE lidere la lucha contra el tabaco, y otros son reticentes a fijar más medidas de control. Por ello anunciaron previamente al encuentro que, como bloque, no llevarían una voz conjunta, ni votarían a favor o en contra de un posible acuerdo.
Lo cierto es que, pese a encontrarse bajo el paraguas regulatorio común como es la Directiva Europea sobre los Productos del Tabaco (que limita desde 2014 la publicidad y promoción de la industria), Europa está lejos de tener esta visión común respecto al tabaco.La OMS incluso describe su aplicación de medidas como «desigual». Por ejemplo, países como Austria no prohíben fumar en terrazas pero sí en lugares cerrados, mientras que Suecia prohíbe ambos. Y frente a la normativa común de que las advertencias deben cubrir el 30% del paquete, en Grecia cubren el 65% para el tabaco tradicional y el 30% en los RPP.
Hay divergencias también en los impuestos, la herramienta estrella para limitar el consumo. La Directiva de la UE sobre la fiscalidad del tabaco (TED) contempla tres tipos de gravámenes al consumo de tabaco: impuestos especiales específicos, impuestos especiales ad valorem, y el tradicional IVA. Y según recoge el último informe de Oxford Economics comisionado por Japan Tobacco International sobre la materia, The EU Tobacco Tax Structure: Impact on Prices, Revenues, and Smoking Patterns, los Estados miembros han reestructurado sus sistemas para dar más peso a los impuestos especiales, además de incrementar sus ingresos con estos un 13,6%. Pero los autores constatan «grandes discrepancias» en su aplicación.
Ahora y hasta 2027, la Comisión Europea tramita una actualización de la TED que contemplará nuevas tarifas y un alza armonizada para las tasas ya existentes de los productos con nicotina en función de su categoría. Por ello (y por primera vez) será aplicable a los RRP.
Aunque esta es una medida en trámite, de la que aún no hay conclusiones oficiales, análisis de la propuesta europea como el realizado por la asociación Smoke Free Partnertship estiman que un alza del impuesto a los cigarrillos y las picaduras reduciría su venta en un 14% y un 9% respectivamente, además de recortar la tasa de tabaquismo europea en un 3,2% durante el primer año de aplicación. Pero este efecto no acabará en un recorte del tabaquismo, según las empresas, que apuntan, en cambio, a que la consecuencia será un aumento del mercado ilícito de tabaco.
Y en España preocupa la competencia. Más que nuevas cargas impositivas, se han colocado sobre la mesa medidas que igualan los RRP y tabaco tradicional mediante la prohibición de su uso en espacios abiertos, la prohibición de sabores, y más control a su venta. Todo esto inquieta a las compañías que los comercializan, porque no se está evitando la venta transfronteriza y se pueden «generar distorsiones y pérdida de competitividad respecto a los países de nuestro entorno», avisa Mesa del Tabaco. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que comparte la defensa de la prevención de la Ley Antitabaco, también recomienda reforzar las evidencias empíricas de sus medidas, pues «afectan a la libertad de empresa, por lo que deberían justificarse bajo los principios de buena regulación e incluirse en una norma con rango de ley».
Los grandes grupos ven menguar sus posibilidades de sacar provecho de sus investigaciones e innovación en RRP. Y comparan la conducta de las autoridades españolas frente a casos cercanos como Suecia, donde la tasa de tabaquismo se ha reducido con el consumo de la nicotina a través del snus, o Reino Unido, donde el váper tiene un precio inferior al tabaco tradicional. En el caso anglosajón, esta postura tiene su origen en las propias políticas gubernamentales, tradicionalmente más liberales al promover iniciativas como swap to stop (uno de cada cinco fumadores adultos en Inglaterra recibe un vape kit y respaldo conductual para abandonar el tabaquismo).
La situación británica está a punto de cambiar en varios aspectos: por un lado, el Ejecutivo británico (al igual que ya hace el danés) tramita el proyecto de ley que implementará el generational ban en los productos del tabaco para prohibir su venta a los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Y, en términos de precios, en 2026 entrará en vigor la UK Vaping Duty para el líquido de nicotina, elevando el gasto de los vapers y alejándolo del alcance de los jóvenes. Con el mismo motivo, Irlanda anunció el pasado martes que prohibirá la venta de vapeadores desechables y limitará su publicidad, para además eliminar «eventualmente» el consumo de los cigarrillos electrónicos en el país.
Encuentros como la COP son otro frente abierto para las empresas del sector tabacalero, que siguen invirtiendo en alternativos para conservar a sus clientes en «un entorno cada vez más cambiante» y hostil, expresan. Especialmente ante el último anteproyecto de ley antitabaco en España, al que se le une que la UE valora la retirada de ayudas económicas de la PAC al cultivo de tabaco, con epicentro agrario en Extremadura y Canarias. Otro golpe económico a un sector que, según el último informe de Mesa de Tabaco con Analistas Financieros Internacionales, aportó 3.755 millones de euros al PIB nacional y generó 61.500 empleos (directos e indirectos).
El sector no escapa a la sangría continuada en ventas de cigarrillos, cigarritos, picaduras… En otro año de cifras rojas, la venta total de tabaco convencional ya cae un 2,13% respecto a 2024 (con la venta transfronteriza aún maquillando la verdadera caída, apuntan desde el sector).
Por su parte, Sanidad celebra el descenso de la tasa de fumadores: la última Encuesta Edades recoge que la tasa de fumadores diarios en España durante el último año se situó en el 25,8% de la población de entre 15 y 64 años, un descenso «notable» frente a 2023 (33,1%). Y se trata de una cifra similar a la europea (24%) y a la global (20%).
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