En plena ebullición política en Madrid por la reciente condena al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el caso relacionado con su esposa, Begoña Gómez, la Comisión Europea llama la atención a España por los “avances limitados” para luchar contra los casos de corrupción de alto nivel y pide un registro nacional de lobistas. Lo hace en su informe anual sobre el Estado de derecho, donde, aunque reconoce ciertos avances en la tramitación de los grandes casos, destaca “limitados avances” a la hora de fortalecer las reglas del conflicto de interés y los cargos en funciones ejecutivas, y advierte que las medidas contra la corrupción o la regulación de los “lobbies” aún no han dado los frutos esperados en España.
El informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión avisa que las medidas contra los casos de alto nivel todavía no han dado los frutos esperados y pide controlar a los lobistas
En plena ebullición política en Madrid por la reciente condena al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el caso relacionado con su esposa, Begoña Gómez, la Comisión Europea llama la atención a España por los “avances limitados” para luchar contra los casos de corrupción de alto nivel y pide un registro nacional de lobistas. Lo hace en su informe anual sobre el Estado de derecho, donde, aunque reconoce ciertos avances en la tramitación de los grandes casos, destaca “limitados avances” a la hora de fortalecer las reglas del conflicto de interés y los cargos en funciones ejecutivas, y advierte que las medidas contra la corrupción o la regulación de los “lobbies” aún no han dado los frutos esperados en España.
El informe, con apartados para todos los países, no cita casos concretos ni se refiere a los últimos escándalos que han sacudido la política española, ya que tiene que ver con todo lo ocurrido en el año 2025. Por lo tanto, las investigaciones relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Caso Plus Ultra, por ejemplo, quedarían fuera de esta evaluación.
El informe destaca “limitados progresos” a la hora de fortalecer las reglas del conflicto de interés
Llega un año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara un plan con quince medidas para hacer frente a la corrupción, presentado en pleno terremoto por las prácticas del exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Sin embargo, Bruselas cree que, pese a que se han presentado el proyecto de Ley de Integridad Pública o el plan estatal anticorrupción, “la aplicación práctica de las normas existentes no ha mejorado”. Por esto, recomienda formalmente a España avanzar en el proceso legislativo para reforzar las reglas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes.
En materia de corrupción, sí hay un reconocimiento del esfuerzo en España para agilizar los juicios. Habla de un “aumento de la plantilla” y de la reforma legislativa, pero consideran que los “desafíos permanecen” porque las leyes necesarias para mejorar esta eficiencia siguen estancadas en el trámite parlamentario. Por lo tanto, Bruselas recomienda a España “que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras”.
Además, señala que el proyecto de Ley sobre Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés sigue sin ser adoptado por el Parlamento español, lo que mantiene a España dentro del grupo de países europeos (como Polonia, Bélgica o Dinamarca) que todavía tienen pendiente formalizar un marco legal estricto para controlar las influencias externas en la toma de decisiones públicas. Ante esto, los técnicos comunitarios recomiendan que España “continúe con el procedimiento en curso para la aprobación de legislación sobre lobbies, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de lobistas”, para que se pueda conocer con la máxima transparencia quiénes intentan influir en la legislación. El documento también señala deficiencias persistentes en la transparencia de la financiación de los partidos políticos, señalando lagunas en la trazabilidad de las donaciones y controles de auditoría.
Según los técnicos comunitarios, la percepción entre los ciudadanos, los expertos y los empresarios es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente alto. El informe cita el Eurobarómetro especial dedicado a la corrupción este 2026, que muestra que el 92% de los encuestados considera que la corrupción está extendida en el país, mientras la media europea se sitúa en el 71%. Otra vez, como ocurrió en las dos ediciones anteriores, la Comisión de Ursula von der Leyen se hace eco de la “preocupación” entre jueces y profesionales del derecho por las “declaraciones públicas de políticos”, incluido el Gobierno, que critican las decisiones judiciales. Estas “declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial”.
El documento incluye las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo respecto a acusaciones de “lawfare” (guerra judicial, en inglés) y las críticas personales dirigidas contra sus magistrados, “especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión”. Los servicios comunitarios entienden que la crítica forma parte “del debate normal democrático”, pero sostienen que “los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial”.
En materia de corrupción, sí hay un reconocimiento del esfuerzo en España para agilizar los juicios. Habla de un “aumento de la plantilla” y de la reforma legislativa, pero consideran que los “desafíos permanecen” porque las leyes necesarias para mejorar esta eficiencia siguen estancadas en el trámite parlamentario. Por lo tanto, Bruselas recomienda a España “que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras”.
El informe también reconoce el “progreso significativo” realizado para fortalecer el estatuto del Fiscal General del Estado. Además, se posiciona a favor, como hizo la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), de que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial la hagan los jueces para evitar la “politización externa en el Parlamento” y lamenta que todavía no exista un consenso definitivo.
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