En los albores del procés , el Tribunal Constitucional parió una sentencia sobre el Estatut que provocó la indignación de muchos electores en Catalunya. Se cercenaba un texto que había sido refrendado por el voto popular. Hoy, 15 años después, el escenario es similar pero de signo contrario. La sentencia del TC que avala la amnistía a los líderes del procés puede cerrar una etapa convulsa en Catalunya con repercusiones en la política española.
En los albores del procés , el Tribunal Constitucional parió una sentencia sobre el Estatut que provocó la indignación de muchos electores en Catalunya. Se cercenaba un texto que había sido refrendado por el voto popular. Hoy, 15 años después, el escenario es similar pero de signo contrario. La sentencia del TC que avala la amnistía a los líderes del procés puede cerrar una etapa convulsa en Catalunya con repercusiones en la política española.Seguir leyendo…
En los albores del procés , el Tribunal Constitucional parió una sentencia sobre el Estatut que provocó la indignación de muchos electores en Catalunya. Se cercenaba un texto que había sido refrendado por el voto popular. Hoy, 15 años después, el escenario es similar pero de signo contrario. La sentencia del TC que avala la amnistía a los líderes del procés puede cerrar una etapa convulsa en Catalunya con repercusiones en la política española.
Si la sentencia sobre el Estatut profundizó la crisis política en Catalunya, la de la amnistía ha desatado un choque institucional sin precedentes entre el poder judicial y el Gobierno central. El mandato de Pedro Sánchez va indisolublemente ligado a las dos medidas de gracia –indultos y amnistía– otorgadas al independentismo a cambio de su apoyo parlamentario. Esta situación ha polarizado la política española, dividida casi a partes iguales entre las derechas y las fuerzas de izquierda aliadas con las nacionalistas. Paradójicamente, lo que al principio fue una preocupación para Sánchez, ahora es su principal sustento.
El camino a la amnistía ha serenado Catalunya y ha soliviantado a la vez la política española
Las presiones políticas no son nuevas para el Tribunal Constitucional. Si en el caso del Estatut muchos buscaban que la sentencia laminara el texto, ahora las críticas furibundas han perseguido evitar el aval a la amnistía. La diferencia es que, en esta ocasión, las presiones no solo han provenido del ámbito político, sino más en particular del judicial. El Tribunal Supremo ha manifestado su rotundo rechazo a esa ley. La amnistía ha impulsado una corriente de animadversión hacia el Ejecutivo de Sánchez evidente en la alta judicatura. La ley de Amnistía ha marcado un antes y un después.
Allá por el 2017 y el 2018, solo Miquel Iceta habló de indultos. Ni los independentistas querían pronunciar tal palabra. Han pasado más de siete años y la sociedad catalana tiene nuevas prioridades, un socialista preside la Generalitat y el independentismo no cuenta con mayoría en el Parlament, aunque son claves en la gobernabilidad en Catalunya y en España. Los líderes del procés han aterrizado en la realidad.
Hay juristas que han escrito artículos en la prensa en los que comparaban esa norma con una derogación de la Constitución. Para sus detractores constituye poco menos que un ataque certero al Estado de derecho. Para sus defensores, pone punto final a un problema político. No se puede negar que el camino hacia la amnistía ha serenado Catalunya, pero ha soliviantado la política española.
Tanto sublevó la amnistía a los miembros de los tribunales que los jueces llegaron a concentrarse en la calle ataviados con sus togas. Lo hicieron en noviembre del 2024 tras el acuerdo entre el PSOE y Junts. Resulta irónico que los mismos jueces que cuestionan la constitucionalidad de la amnistía por no estar recogida en la Carta Magna defiendan el derecho a manifestarse en contra cuando no existe un consenso sobre si la Constitución les permite protestar o convocar huelgas, como la prevista para principios de julio.
Con la amnistía se cumple el compromiso más importante asumido por Sánchez para conseguir los votos de Junts a su investidura. Si eso consolida la relación o, por el contrario, provoca el inicio de un distanciamiento, está por ver. Aunque lo lógico es que Carles Puigdemont quiera mantener su influencia en Madrid. Cuando regrese el expresident, tanto él como Junqueras estarían en condiciones de competir con Salvador Illa en las próximas elecciones catalanas si así lo quisieran. Catalunya entraría en la total normalización, con el ascenso de la ultraderecha (independentista catalana o españolista) como foco de atención principal, mientras la política española se adentra en la inestabilidad.
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