Una de las grandes demandas del sector sigue sin cerrarse pese a la unanimidad alcanzada por todos los grupos políticos en 2018 Leer Una de las grandes demandas del sector sigue sin cerrarse pese a la unanimidad alcanzada por todos los grupos políticos en 2018 Leer
«Necesario y urgente». Esas fueron las dos palabras con las que acompañó en enero de 2019 el entonces ministro de Cultura, José Guirao, la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de la tramitación como proyecto de Ley del Estatuto del Artista. Desde entonces la cartera del departamento ha pasado por los socialistas José Manuel Rodríguez Uribes y Miquel Iceta -que lo dio por cerrado para el año 2022- y ahora Ernest Urtasun, de Sumar. Y las 75 medidas del documento, consensuado en 2018, siguen sin aplicarse por completo seis años después.
Desde el sector cultural son hasta cinco las fuentes que emplean términos como «estancado», «frenado» o «paralizado» para hacer referencia a algunos puntos del Estatuto. En concreto, las partes relacionadas con las deducciones fiscales, el pago prorrateado de impuestos de las producciones en distintos años o la prestación por cese de actividad de los autónomos culturales. Esas mismas fuentes señalan que se han producido reuniones iniciales tanto con el Ministerio de Hacienda como con el de Inclusión y Seguridad Social. «Si estamos en la fase inicial, eso supone que nos va a tocar esperar aún para verlas aprobadas. Y el documento es de finales de 2018, casi seis años», señala un dirigente de una asociación.
La impaciencia se va extendiendo así en la industria. «Hablar de parálisis es una realidad, teníamos la sensación de que todo iba a ser más rápido y no está pasando», destaca otro dirigente del sector. Incluso hay quienes apuntan hacia el Ministerio de Cultura por su insistencia con el Plan de Derechos Culturales, que se encuentra en proceso consultivo. «Estamos a favor de la propuesta, pero en ningún caso esa nueva línea puede llevar a olvidar el Estatuto», apunta una de las fuentes consultadas. «Siempre hay algo que acaba pasando por encima del Estatuto del Artista en las prioridades», agrega una segunda. Y cierra una tercera: «Hablamos de un acuerdo de 2018, no se puede seguir dilatando más».
De hecho, alguna de las medidas que reclama el sector cultural el tiempo ha ido demostrando que se pueden realizar con mayor celeridad. Dentro del primer paquete de ayudas del Gobierno para la Comunidad Valenciana a propósito de la DANA se incluía el cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la riada. Dentro de la misma se hace referencia a una especificidad para los trabajadores culturales, tal y como ha recordado hasta en dos intervenciones públicas el ministro Urtasun el pasado jueves y el pasado viernes. El titular de Cultura aseguraba que este era un reconocimiento «muy importante». Precisamente, ese es uno de los puntos que se mantiene bloqueado en el Estatuto del Artista desde hace años para los trabajadores del sector en el resto de nuestro país.
Dentro de las negociaciones, la industria espera también ir cerrando otras medidas como que se tengan en cuenta enfermedades laborales para profesionales de la Cultura, como la afonía en el caso de los músicos, o ir acelerando los plazos para que se aprueben medidas. Porque aunque los grupos de trabajo se activaron el pasado mes de marzo, algunas reuniones con los ministerios económicos o técnicos no se han producido hasta los meses de verano y los encuentros apenas han sido «una primera toma de contacto sin entrar a valorar al fondo muchas de las cuestiones», afirman fuentes consultadas por este diario en el sector.
«Y esperemos que no haya un nuevo cambio de personas en los ministerios porque eso implicaría tener que volver a iniciar el proceso de nuevo. Lo decimos porque ya lo hemos vivido», detalla uno de los interlocutores.
El pasado mes de marzo ya el propio Urtasun, coincidiendo con la reactivación de los grupos de trabajo, advertía de que el proceso para que el Estatuto del Artista estuviera a pleno rendimiento se podría alargar dos años, es decir, hasta 2026. Eso supondría que, sin imprevistos entre medias, el desarrollo total sería como mínimo de siete años. Sin embargo, estudios hechos por asociaciones como la Unión de Músicos en mayo de este año indicaban que en este tiempo se habían aprobado en torno a un tercio de las medidas planteadas en el acuerdo de 2018.
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